El pasado 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo, quien fuera hasta ese entonces el Presidente del Perú, propició una ruptura del orden constitucional, al comunicar en un mensaje a la Nación su decisión de disolver el Congreso de la República, intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, además de convocar a la elección de un nuevo congreso con facultades constituyentes. Todo ello ante un inminente proceso de vacancia por presuntos actos de corrupción que habrían sido cometidos por su persona. Tal acto fue señalado como un autogolpe de Estado, el mismo que fracasó al generar el inmediato rechazo de todas las instituciones políticas, del Ministerio Público e incluso de los propios ministros de Castillo además de carecer del respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ese mismo día Castillo fue destituido por el Congreso de la República y arrestado cuando se dirigía a la embajada mexicana para solicitar asilo político. De este modo, la vicepresidenta Dina Boluarte, que había sido elegida democráticamente junto a Castillo por el mismo partido político, fue designada en su reemplazo como presidenta constitucional por línea de sucesión, de acuerdo a la Constitución Política vigente. De este modo, el país empezó a sumergirse en una espiral de violencia y caos, en medio de múltiples manifestaciones que fueron escalando en el sur del país en los departamentos de Cusco, Moquegua, Arequipa, Tacna, Apurímac y Puno. Teniendo como banderas de lucha: la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la convocatoria inmediata a elecciones generales, la disolución del Congreso de la República y una nueva Constitución, resultando pertinente aquí una acotación, pues la actual Carta Magna surgió en un momento en el cual tampoco había plena vigencia democrática donde Alberto Fujimori ya había propiciado su autogolpe con medidas similares a las que planteo Castillo en sus últimas horas de gobierno. Así, el día 11 de diciembre se reportó el primer fallecido, 21 heridos y 2 policías fueron secuestrados, durante las protestas que se concentraron a las afueras del aeropuerto Andahuaylas, una provincia al sur del país. Se trataba de un joven de 18 años de edad oriundo de la provincia, quien presentaba herida por arma de fuego en el cuello, según confirmó el hospital Sub Regional de Andahuaylas. Un día después quemaron la comisaría de Chincheros, lo que produjo un enfrentamiento que dejó como saldo 7 personas fallecidas. En Arequipa el 12 de diciembre las protestas se tornaron también violentas, con la toma del aeropuerto y de una empresa privada donde realizaron saqueos y atacaron una comisaría. El 13 de diciembre otra persona perdió la vida en estas protestas, registrándose además ataques a sedes del Poder Judicial, el Ministerio Público, instituciones que fueron quemadas y además se registraron saqueos es centros comerciales, quemando una planta de una agroexportadora. Ese mismo día en Cusco, atacaron la planta de gas de Camisea y saquearon tiendas en el centro de la ciudad, un día después atacaron el Ministerio Público, tomaron el aeropuerto y el tren. El 16 de diciembre en Ayacucho tomaron las pistas de aterrizaje del aeropuerto, quemaron la sede principal del Ministerio Público y del Poder Judicial. El 9 de enero se produjo una masacre en Puno que dejó como saldo 17 fallecidos entre ellos menores de edad, el 10 de enero quemaron el módulo penal dejando un explosivo en la puerta, ese mismo día quemaron un patrullero con policías dentro, ocasionando la muerte de uno de ellos. De este modo, en poco más de un mes tenemos un récord de 49 fallecidos en las provincias del sur del país, en enfrentamientos, entre ellos civiles con disparos en la cabeza, con disparos en el tórax, un médico internista, menores de edad, niños que buscaban llegar a Lima para tratamientos médicos, pero que fatídicamente producto de los bloqueos de carreteras encontraron la muerte, un policía calcinado y un presidente de la comunidad campesina Anansaya Urinsaya Ccouana de la provincia de Anta, debido a una herida de proyectil con arma de fuego en el tórax. En definitiva, llegamos al momento de esta nota con un total de muertos que superan los 50, y una falta de claridad en lo que se refiere a las condiciones en la que se produjeron las mismas. Cabría entonces cuestionarnos que hay detrás de resistencia a tener como presidenta a Dina Boluarte. Recordemos que, en las elecciones presidenciales de 2021, Pedro Castillo obtuvo la mayoría de votantes en el Sur del país, un sur que se identificaba con Castillo, un sur que manifestaba estar cansado de estar olvidado por la clase política, que favorecen las actividades de las grandes empresas con actividades extractivas, sin obtener un desarrollo para la población, ni acceso a servicios básicos. Resultando así un imperativo a la revisión de los indicadores de las regiones del Sur que se muestran a continuación, de las que observamos Puno tiene uno de los menores ingresos promedios mensuales de S/ 805.07, lo que nos llevaría a inferir que los salarios oscilarían entre S/1000 a S/600 o entre S/2400 y S/400 (el equivalente a 100 dólares), un monto, que incluso está muy por debajo de la Remuneración Mínima Vital. Quizá esa sea una de las causas que la región puneña presente el 70.4% de sus niños entre 6 y 36 meses de edad con anemia y donde solamente el 45% de la población tiene acceso a los servicios básicos mientras que el 55% restante de puneños no tiene acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad. Encontramos un panorama similar en Cusco, la Capital turística del país, que tiene minería y grandes reservas de gas natural (aunque no para su población) y aporta un 5,3% al Producto Bruto Interno del país, pero que presenta un salario promedio de S/1057, y donde el 54,05% de los niños de entre 6 y 36 meses de edad padecen anemia.
Frente a esto, se encuentra un gobierno que se muestra ajeno, indolente, indiferente a lo que ocurre al interior del país, y se niega a tender el diálogo con los manifestantes, alegando que no encuentra a líderes o interlocutores visibles sino “azuzadores subvencionados por economías ilegales”. Primero aseguraron los presuntos “titiriteros” de las manifestaciones que eran los prefectos y subprefectos del sur del país. Después indicaron que detrás de la violencia estaba el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), el brazo legal del grupo terrorista Sendero Luminoso, en complicidad con las organizaciones de izquierda radical. Posteriormente sindicaron como azuzador al expresidente boliviano Evo Morales, a quien se le ha impedido el ingreso al país. Al cierre de esta edición, el Perú profundo largamente olvidado y que encarna una lucha social que parece no tener fin, llegó a Lima y se anuncia una gran marcha a llevarse a cabo el día 19 de enero en la capital de país. En este contexto, es que se llevó adelante la visita de la CIDH al Perú. La misma, permaneció en el país entre el 11 y el 13 de enero. “Condenamos la violencia por parte de las fuerzas de seguridad que están en proceso de investigación y también la violencia que ha afectado a una serie de bienes públicos”, expresó el vicepresidente de la CIDH y relator del organismo para Perú, Edgar Stuardo Ralón, en el informe que rindió ante el consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En tal sentido, el relator de la CIDH pidió que el Ejecutivo peruano lleve a cabo “investigaciones serias e imparciales” sobre las muertes acaecidas, solicitándole, además, que las fuerzas de seguridad peruanas que cuando intervengan en las protestas lo hagan con “legalidad y proporcionalidad”. También apunto contra los que llevan adelante las protestas, señalando que “la violencia no es parte del derecho de protesta”, solicitando que las manifestaciones se lleven adelante pacíficamente. No obstante, se hace referencia a la “estigmatización” que han sufrido los ciudadanos de origen aimara que participan en las protestas y que han sido tachados de “terroristas” o “indios”. En el plano institucional, el comisionado considera que la larga crisis política que vive el Perú, así como la capacidad del Congreso para destituir al presidente y el poder del presidente para disolver el Congreso, debe ser superada a partir de “parámetros claros”. El representante de la CIDH concluyó exhortando a un “diálogo amplio” de país con respeto a los derechos humanos y en el que “todas las voces sean escuchadas”. Duele ver al país dividido, en el que se fomente el odio entre compatriotas, donde el derecho a la protesta sobre pasó muchos límites y la represión policial también, en el que día a día se pierden vidas y parece no importarnos, donde las posiciones políticas se han superpuesto a la convivencia pacífica, la democracia y a los derechos humanos. Ahora más que nunca es cuando urge visibilizar al dialogo social como única garantía de democracia en el Perú, urge también restablecer la paz y que este dialogo vaya enfocado en tres principios: la unidad del país, institucionalidad y la responsabilidad.
PD: El presente artículo se terminó de escribir el día previo a lo que se llamó la “Toma de Lima”, fecha en la que manifestantes de provincias llegaron a la Ciudad Capital con la intención de visibilizar sus reclamos. Dichas protestas, coincidieron con el 488 aniversario de la denominada Ciudad de los Reyes. Estas nuevas manifestaciones constituyeron efectivamente un nuevo capítulo en esta crisis que al momento de esta publicación ha cobrado un total de 62 muertos y que no han provocado un desplazamiento del conflicto sino más bien la extensión -y profundización- del mismo.
Marina del Rosario Barboza Hurtado Abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, Magister en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Presidenta de la Comisión de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Sociedad Peruana de Derecho.
Imagen principal de la nota: Pintura sobre lienzo de la artista peruana Fanny Del Rocío Palacios Izquierdo.
