El sábado 19 de enero, en la ciudad de Ibarra, ubicada al norte del Ecuador, Diana fue asesinada a cuchilladas al frente de policías y transeúntes en una calle del centro de la ciudad, después de haber sido forzada por el cuello mientras su agresor la llevaba por la calle manteniéndola amenazada y retenida por alrededor de 90 minutos. Como ocurre en muchos de los feminicidios, su agresor era su pareja.
Pese a que ambos se encontraban rodeados de personas entre las que se encontraban policías que solo actuaron después de que se habían propinado los cuchillazos. Diana, quien estaba embarazada de su asesino, falleció camino al hospital.
Este crimen y sus consecuencias sacó a relucir dos problemas presentes en la actual sociedad ecuatoriana: la violencia de género y la xenofobia. Lo primero quedo evidenciado por la presencia de una sociedad pasiva que no pudo detener a un hombre violentando a una mujer, e inclusive, morbosa por la viralización de las fotos y videos del crimen, además de una actuación deficiente de las autoridades policiales por la falta de oportunidad en su intervención. El segundo problema, tiene directa relación con la nacionalidad del asesino, un hombre venezolano, lo cual fue suficiente para desatar la xenofobia entre varias personas del país, incluyendo las declaraciones del Presidente de la República, Lenin Moreno.
Con posterioridad al feminicidio, el Presidente difunde un comunicado público en el cual manifestó su endurecimiento a las políticas de ingreso al país, asociando la presencia de personas extranjeras venezolanas con la delincuencia: “Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie” señala en un comunicado. Indica, además, que ha dispuesto “la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos (…)” y que analiza “la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país.”
Si bien al inicio del comunicado, el Presidente habla sobre la integridad de las mujeres al referirse al crimen de Diana, nunca atacó o señaló directamente el enorme problema esencial de este hecho, la violencia de género. Adicionalmente, el comunicado, fue la mecha para encender la xenofobia. Así, las reacciones de las personas no se hicieron esperar. En Ibarra comenzaron a atacar viviendas donde se encontraban migrantes venezolanos/as, a agredirles físicamente a través de golpes y lanzamiento de piedras, así como intentar quemar sus pertenencias. De igual forma, las redes sociales estallaron con manifestaciones de odio en su contra haciendo alusión a su nacionalidad y la importancia de proteger la seguridad del país.
Este hecho, sucede a cinco meses de que el Presidente Lenin Moreno quiso implementar el requisito del pasaporte como único documento válido para el ingreso al país. Esto tenía una directa afectación a las personas venezolanas, puesto que conseguir tal documento puede costar varios cientos de dólares y puede tomar meses, por la corrupción y la crisis en la que se encuentra sumida Venezuela.
El comunicado presidencial,sucede a una semana del cometimiento de otro crimen por violencia de género que ocurrió en Quito, la capital, en el cual una mujer fue drogada para posteriormente ser salvajemente violada por tres hombres, que en este caso eran ecuatorianos, caso sobre el que no se pronunció oficialmente.
Claramente, las autoridades de Ecuador deben tomar una postura que permita resolver de raíz los dos problemas estructurales que están atacando a la sociedad ecuatoriana: la violencia de género y la xenofobia. El comunicado del Presidente tuvo como efecto directo el fomentar el odio en contra de las personas venezolanas, además de estereotiparlos como criminales. Adicionalmente, las mujeres en el Ecuador siguen siendo violentadas por el machismo que legitima agresiones y una visión denigrante en su contra, y que coloca a la víctima en el centro de la responsabilidad de los hechos. Es momento, entonces, que el Presidente Moreno actúe de manera prudente y respete lo que ordena la Constitución del Ecuador, que no garantiza la integridad solo de ecuatorianos, sino de todos sus habitantes, incluyendo mujeres y personas extranjeras, y articule una política que eduque y fomente la paz, en lugar de realizar declaraciones que sean funcionales a la legitimación de cualquier tipo de violencia.
Felipe Rivadeneira Abogado. Estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización para América Latina (CIEP/UNSAM).
