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Violencia armada en el pos-acuerdo: una amenaza al liderazgo social en Colombia.

On 19/03/2024 by

Durante el año 2023 Colombia se enfrentó a un problema crítico: el asesinato de líderes sociales. Esta situación alarmante no solo ha interrumpido las vidas y sueños de innumerables personas, sino que también ha arrojado un sombrío panorama sobre el goce de los derechos humanos en el país, en una época de posconflicto, en la que se esperaba una reducción importante en la cifra homicidios, pero que contrario a eso, ha visto agudizada la violencia armada tanto en zonas rurales como en la urbe, dejando a los habitantes en medio del conflicto armado, en el que la vulneración de los derechos humanos son recurrentes.

Según el Observatorio de Derechos Humanos, Conflictividades y Paz del Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ, en Colombia se registró un total de 188 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados durante el año 2023, personas reconocidas por su activismo comunitario, social, político, ambiental y trabajo por la promoción y defensa de los derechos en sus comunidades. A esta lamentable cifra se le suma el asesinato de 44 personas firmantes de paz, exguerrilleros que habían decidido voluntariamente dejar las armas y acogerse al acuerdo de paz negociado en la Habana, lo que no bastó, para que una vez haciendo parte de la vida civil, fueran eliminados por actores armados que hoy se encuentran delinquiendo en gran parte del territorio colombiano, motivados principalmente por factores económicos asociados al negocio ilícito del narcotráfico (INDEPAZ, 2023).

Los departamentos de Colombia en los que más se presentaron homicidios durante el último año, fue Cauca con 38 casos, seguido de Antioquia con 22 casos, Nariño ubicado al sur del país con 17 casos y Valle del Cauca con 16 casos, que tienen como víctimas fatales, a hombres y mujeres reconocidos en sus comunidades como líderes sociales y defensores de derechos humanos, en las mismas regiones que históricamente han sido golpeadas en mayor escala por el conflicto armado interno. Esta situación de violencia en Colombia afecta gravemente los derechos humanos de la población civil, entre los que se resalta, el derecho a la vida y el derecho a la libertad de expresión, que continúan desprotegidos en un escenario de escalamiento de la violencia, y en el que el Estado se queda corto en implementar mecanismos eficientes para la protección de los derechos de la población colombiana más
vulnerable.

Los líderes sociales son voceros de sus comunidades y canalizan las demandas y necesidades de sus miembros, en cada una de las regiones del país. Cuando estos líderes son silenciados a través del homicidio, se coarta la posibilidad de llevar adelante un debate público y participativo en torno a los problemas colectivos y las soluciones necesarias que requiere el país; se suprime la posibilidad del dialogo como herramienta para la superación de los conflictos, lo cual no permite el desarrollo social en un país democrático. Garantizar a las personas la vida, y su participación en asuntos públicos, son requisitos esenciales para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de una sociedad, civilizada, justa y equitativa.

A pesar de los esfuerzos que aún se siguen dando para construir la paz, los altos niveles de violencia en Colombia siguen afectado el goce de la vida, la libertad de expresión, el derecho a la paz en sí mismo y la Democracia; puesto que la violencia no solo afecta a las víctimas directas, es decir los líderes sociales, comunitarios, veedores, líderes ambientales, promotores y defensores de derechos humanos asesinados, sino que también tiene un impacto directo la sociedad en general, quienes tienen que vivir en un ambiente de zozobra, que limita sistemáticamente el goce efectivo de sus derechos. Este ambiente de vulneración, socaba de manera directa la democracia, entendida como un juego de intereses entre actores estatales y no estatales al margen de la legalidad, un juego en el que el ciudadano común queda en el medio, pero que paradójicamente al mismo tiempo queda excluido de participar, no tiene incidencia en la construcción de políticas que construyan una salida dialogada al conflicto, un escenario en el que la violencia tiene un rol protagonista en detrimento de la democracia. (Cavarozzi, 1993, página168)

Los campesinos, la población afro, las comunidades indígenas y en general los grupos minoritarios que representan los sectores más vulnerables de la región, son los más afectados en el escenario de conflicto armado; representando gran parte de la población desplazada por la violencia en Colombia, y en general, haciendo parte de los cerca de nueve millones seiscientas mil víctimas del conflicto armado que hoy registra Colombia, según datos reportadas por la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas UARIV, entre los que se destacan, hechos victimizantes como violencia sexual, la tortura, el desplazamiento forzado, secuestros, masacres, el despojo de tierras entre otros. (UARIV, 2024)

La violencia en Colombia no solo ha afectado el goce del derecho humano a la vida, sino que también vulnera gravemente el derecho a la libertad de expresión. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en el año 2023 se registraron 69 agresiones contra más de 80 periodistas y medios de comunicación por parte de grupos armados ilegales, entre los que se destacan el ELN, los reductos de disidencias de las FARC, los denominados Comandos Frontera y el Clan del Golfo. Esto genera preocupación, debido que constituyen agresiones directas realizadas por actores armados con gran influencia en el territorio nacional, cifras que, sin embargo, no tienen en cuenta las decenas de agresiones adicionales cometidas por actores no armados, que, en caso de sumarse, aumentarían considerablemente el número de casos, y que evidencian el alto riesgo en el que se encuentra la labor periodística en el país.

La violencia genera miedo, desconfianza, silencio y un clima de temor en la población, lo que en consecuencia lleva a la restricción de la libertad de expresión y a su vez, a la limitación del acceso a la información; esto sin dejar por fuera que, además, la violencia ha generado un impacto negativo en la economía y en el desarrollo social del país.

Como se puede ver, la violencia armada, sigue afectando el derecho a la vida y el derecho a la libertad de expresión, genera un impacto negativa en la economía y en el desarrollo social del país, y contribuye a un aumento considerable en los índices de pobreza multidimensional, aquella que mide los niveles de acceso que tiene una persona respecto a ciertas derechos que se consideran vitales en la sociedad, como la salud, la educación, el empleo, la vivienda, entre otros, y la capacidad de adquisición de bienes y servicios que los individuos tienen en sus hogares. De acuerdo con datos del Departamento Nacional de Estadística, para el año 2022 este tipo de pobreza representó un total del 12,9% en todo el país, agudizándose de manera considerable en la zona rural, en donde el porcentaje de pobreza multidimensional representa un 27,3%, es decir, más del doble de la media nacional, lo que nos muestra claramente que el campo colombiano, donde históricamente se ha desarrollado el conflicto armado interno, sigue impactado negativamente con altos niveles de pobreza y bajos índices de desarrollo económico y social. (DANE, 2023)

Ante esta difícil situación, los organismos e instituciones que trabajan en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos deben ir más allá, y trabajar mancomunadamente en generar acciones contundentes que tengan incidencia real en las agendas gubernamentales y sociales de del país. Es responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto, tomar medidas efectivas para proteger la vida de los líderes sociales y garantizar su derecho a la libre expresión, lo que implica fortalecer las instituciones encargadas de impartir justicia, desmantelar los grupos armados ilegales, promover la participación ciudadana y fomentar un diálogo social inclusivo. Solo a través de un esfuerzo conjunto se podrá superar la era de la violencia, y transitar hacia una nueva etapa de posconflicto en escenarios de paz.

A nivel regional, el caso de Colombia se debe analizar en retrospectiva para proponer políticas influyentes en la agenda pública de la región latinoamericana, que estén a la vanguardia de las necesidades sociales, que se desarrollen en armonía con lo acordado por los Estados en marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Algunas medidas que se pueden tomar para superar esta violencia, incluyen promover desde el gobierno, y desde instancias no gubernamentales, la educación como eje fundamental para construir una sociedad más justa y pacífica. Es importante que se promueva la educación en valores como la tolerancia, el respeto y la solidaridad, en la que prime la conciliación basada en el respeto del otro sobre cualquier herramienta que incluya violencia para resolver un conflicto cualquiera que sea.

Se debe fomentar el diálogo como mecanismo esencial para resolver conflictos de manera pacífica, es importante que se promueva el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad colombiana, que se propicie el conocimiento de los derechos humanos en el país, ya que una de las principales fallas de Colombia en la era del pos acuerdo de paz, es la poca promoción de los derechos entre la sociedad. De igual forma, se requiere de propiciar la educación sobre los objetivos, el funcionamiento y el acceso a la Justicia Transicional, sistema relativamente nuevo, desconocido para muchos sectores de la sociedad, y que, en sus inicios de implementación, fue objeto de una campaña de desinformación por parte de sectores ultra- conservadores, que generó desconfianza hacia el joven sistema.

Se requiere mayores esfuerzos para apoyar a las víctimas del conflicto armado, no solo en la reparación, sino también garantizar su participación real y efectiva en la agenda pública, es importante que se le brinde el apoyo y acompañamiento necesario para que conozcan y se hagan parte en el Sistema de Justicia Transicional, con la garantía de acceder plenamente y sin discriminación a sus beneficios, como la reparación, el conocimiento de la verdad, la justicia, y las garantías de no repetición, esenciales para detener por fin el ciclo de violencia armada.

Es necesario garantizar la justicia, como primera medida esta justicia puede incluir acciones de investigación y el enjuiciamiento de los responsables de la violencia, pero no se debe agotar en la punibilidad de autores materiales, si no que propender en acciones contundentes con las que se logre la identificación y responsabilidad de los autores intelectuales, aquellas personas, empresas y grupos de poder, que han financiado la guerra durante décadas, y además dan las órdenes para cometer los actos violentos, que terminan con el constreñimiento a la libertad de expresión, y cobran vida de miles de personas inocentes, y que sin embargo, han sido prácticamente inalcanzables para la justicia ordinaria, la cual ha desviado su atención institucional en criminalizar y enjuiciar únicamente al perpetrador material del delito.

Finalmente, se debe promover y garantizar la justicia social, llevar a la práctica el desarrollo del Estado social de derecho, la garantía de la dignidad humana y la igualdad de oportunidades, lo que implica la redistribución equitativa de la tierra en el país para generar el desarrollo económico, principalmente del campo que ha sido el sector más afectado por la violencia, prioriza políticas sociales que contengan el desarrollo de acciones claras, con el objetivo de garantizar el accesos a servicios y derechos esenciales, como la salud, la educación, la vivienda y el trabajo. Todos estos derechos, deben ser garantizados por el Estado, sin discriminación alguna, buscando, sobre todo, el bienestar social de cada uno de los habitantes del país.

La violencia en Colombia, en general, es el resultado de una combinación de factores sociales, políticos y económicos que generan un ambiente con altos niveles de violencia, y que restringen el goce de los derechos. La presencia de grupos armados ilegales, la pobreza, falta de presencia estatal en regiones pobres, los altos niveles de impunidad, falta de participación ciudadana y de las víctimas, bajos niveles de educación, falta de cultura del dialogo, y la ausencia de justicia social, son factores que contribuyen a la perpetuación del ciclo de violencia, que sigue cobrando más víctimas cada año, en su mayoría personas en alto grado de vulnerabilidad, desprotegidas por el Estado y una sociedad, que se supone deberían velar realmente por el bienestar social, dando como resultado, la restricción del goce efectivo de los derechos humanos.

Jeisson Arley Lasso Lozano

Abogado por la Universidad Surcolombiana, Magíster en Derecho Público de la Universidad Surcolombiana USCO, Especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano y Regional de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Especialista en Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo de la Universidad Antonio Nariño UAN y estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia por para América Latina y el Caribe (CIEP- UNSAM)

Bibliografia:

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