Se ha observado en estas últimas dos décadas como en la región latinoamericana, la representación y las decisiones de quienes están en el poder, está recayendo cada día más en las mujeres. Sin embargo, este derecho solo ha sido posible gracias a la lucha emprendida por el movimiento feminista; que, extendido en todo el mundo, sigue siendo cuestionado y despreciado por una sociedad con una visión patriarcal y cis-heteronormativa que observa aun con resistencia la libertad y la autonomía femenina.
El derecho a la participación ciudadana y política para las mujeres siempre ha estado envuelto por distintas restricciones e ideas prejuiciosas de que ellas no tienen el potencial ni la personalidad que se requiere para ostentar un cargo político o público.
No obstante, esta mayor participación de las mujeres en la política se ha podido desarrollar en base a políticas estatales y legislativas como el caso de la ley de paridad o de cuotas, la cual permite que un porcentaje de candidatas, puedan acceder a una plaza, en su mayoría en el poder legislativo (Congreso), Municipalidades (Alcaldesas, Regidoras) así como en otras instituciones gubernamentales.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de CEPAL, en estos últimos años, la representación de mujeres dentro del poder legislativo ha alcanzado el 32.9% de puestos en la región latinoamericana. Uno de los países con la mayor representación dentro de su Congreso Nacional es Cuba con 53.2%, seguido por Bolivia (53.1%) y México (48.2%), mientras los países con menor representación son: Belice con 9,4% y Haití (2.5%). No obstante, a pesar de estas cifras alentadoras, aún existe una enorme brecha en el ámbito del derecho a la participación política de las mujeres en todo el mundo.
En el Perú, las elecciones generales se realizarán el próximo 11 de abril. Entre los candidatos, se encuentra el ya conocido y desprestigiado partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori; el partido Morado, liderado por el economista, Julio Guzmán; Rafael López Aliaga[1], candidato por el partido denominado Renovación Popular, de ideología de extrema derecha quien, en las últimas semanas, ha tenido comentarios y una postura altamente machista, patriarcal, misógina y por supuesto homolesbobitransfobica dentro de sus declaraciones.
Justamente, la candidata a la vicepresidencia de su plancha presidencial, Neldy Mendoza[2], también ha tenido discursos completamente conservadores, y estereotipados. Mendoza, ha llegado a señalar, por ejemplo, que las abuelas dentro del grupo familiar quienes “incitan” a sus hijas y nietas a seguir una carrera profesional tienen una postura “terrorista”, ya que las apartan de los roles tradicionales de servir en el hogar y formar una familia. Estos candidatos, sin lugar a dudas, resultan fundamentalistas, y buscan mantener el status quo de la mujer subyugada a tareas domésticas, sin el derecho a poder decidir sobre su vida y su cuerpo, una retórica repitente en sus discursos antiderechos.
En el Perú, acceder a espacios de participación es bastante complicado, ya que la gran mayoría de puestos estatales son ocupados por los varones. Esto sucede debido a la falta de oportunidades, el continuo acoso que sufren las candidatas y, sobre todo, los prejuicios que la acompañan. Si a esto le sumamos pertenecer a una población históricamente vulnerable, esto se convierte en un verdadero reto.
Ser una mujer trans en el Perú, es una condena segura a la marginalización, a la pobreza y a la exclusión. Para esta población el no contar con una ley de identidad de género que respalde el derecho a la identidad autopercibida, es vivir en una constante vulnerabilidad, ya que mantiene a esta comunidad relegada para acceder a cualquier tipo de oportunidad y participación política y ciudadana.
Gahela Cari[3], es una de las primeras y pocas candidatas al congreso cuya identidad de mujer trans e indígena, ha decidido visibilizar y con su postulación dentro del partido Juntos por el Perú, intenta cambiar esta terrible realidad. En América Latina, solo existen dos candidatas trans que han podido llegar al parlamento dentro de su país, nos referimos a Tamara Adrián de Venezuela y Michelle Suárez de Uruguay.
Para Cari, reconocer la identidad de género de la población trans de Perú, es importante, pero no solamente sus propuestas se enfocan en una ley integral trans, ya que también involucra otras poblaciones vulnerables, como a los trabajadores del campo y pequeños agricultores, quienes no cuentan con una jubilación digna, a pesar de contar con uno de los trabajos más importantes y de mayor demanda física.
Si bien es cierto, Gahela ha luchado para sacar su candidatura adelante, esto también ha provocado, la ira y el ataque constante de grupos antiderechos y conservadores, quienes la atacan con discursos altamente transfóbicos y con el solo objetivo de mellar en su persona para no seguir su carrera política.
Uno de estos ataques, vino de un candidato a congresista, nuevamente del mencionado partido político Renovación Popular, Frank Krklec, quien no tuvo mejor idea, que atacarla, haciendo público su nombre legal, utilizando sus redes sociales[4].
Krklec, argumenta que utilizar el nombre del DNI, no puede ser considerado como un acto de transfobia, ya que así está inscrita la persona dentro del padrón electoral. No obstante, para una persona trans, utilizar el nombre legal o “deadname”[5], aquel que no representa su verdadera identidad, es una ofensa total y es reconocida a través de distintos instrumentos internacionales, como la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[6], que establece que los Estados miembros deben garantizar que las personas trans, gocen de una personalidad jurídica acorde a su identidad autopercibida, derecho que el Perú aún no ha implementado, debido a factores burocráticos y fuerzas políticas ultraconservadoras.
Sin embargo, este negativo panorama, no ha influenciado en que Gahela deje atrás su candidatura y pueda lograr un escaño dentro del parlamento peruano, el cual sería un verdadero logro y precedente para una población en extrema vulnerabilidad.
A pesar de toda la incidencia realizada por organizaciones trans y LGTBIQ de Perú, el Jurado Nacional de Elecciones -JNE-, no permite que las personas trans, puedan participar dentro de las elecciones con el nombre social que las identifica, un motivo más por lo que existe poca participación en concursos públicos de esta comunidad.
Hay que destacar que, si bien, aún existen barreras para el acceso a la participación política y ciudadana de la comunidad trans en el país, algunas instituciones gubernamentales ya están reconociendo la existencia de esta población dentro de sus lineamientos. En este caso hablamos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE-, quien el 9 de marzo pasado implementó un protocolo para que las personas trans y de género no binario, puedan ejercer su derecho al sufragio, sin sufrir discriminación por su apariencia que puede ir o no acorde con su documento de identidad, problemática que siempre han padecido en cada proceso electoral[7].
Esperemos que este aniversario por el Bicentenario por la Independencia del Perú se pueda contar con un verdadero cambio de paradigma, sobre la falta de participación que han tenido poblaciones históricamente vulnerables estos últimos años dentro de la política del país, y que realmente se celebre en igualdad de oportunidades, junto a una democracia que permita la inclusión de quienes realmente necesitan estar en la toma de decisiones para con sus conciudadanos.
Emi Aureiliz Godos Perez Comunicadora social por la Universidad Privada del Norte (UPN), activista transfeminista, y egresada de la maestría en derechos humanos y democratización (CIEP-UNSAM)
