Imagina que estas en una situación donde te quedaste atrapado en un lugar. ¿Qué haces si no puedes avanzar ni retroceder? A. Busco alternativas, aunque sean peligrosas. B. Espero donde estoy hasta que la situación cambie. C. Desisto.
La pregunta anterior, no es imaginaria, es la realidad de supervivencia para muchos migrantes en búsqueda de protección internacional en la frontera entre Estados Unidos y México.
En el 2020, bajo el mandato del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se implementó el Título 42, una orden de salud pública con el objetivo de prevenir la propagación del COVID-19. Esta medida permite la expulsión inmediata de migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos, con el argumento de que podrían presentar un potencial riesgo sanitario para el país, causando así, una barrera para ejercer su derecho de solicitar asilo.
El Título 42 es una medida vigente al día de hoy. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), lleva a cabo un recurso de excepción al Título 42, una “oportunidad humanitaria” solamente para las personas que cumplan con ciertos criterios de vulnerabilidad establecidos por Estados Unidos. A partir del 12 de enero del 2023, las personas deberán programar su cita en la aplicación móvil “CBP ONE” para presentar su caso en uno de los puertos fronterizos de Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo, El Paso, Nogales, Calexico West o San Ysidro. Mediante el uso de la aplicación, se promete agilizar las citas, reducir los tiempos de espera y evitar que las personas atraviesen rutas peligrosas, generando así , para Estados Unidos y México , “una migración más ordenada, segura y humana”.
Por otro lado, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un programa de parole humanitario, en el cual, apartir del 6 de enero de 2023, las personas de Cuba, Haití, Nicaragüa y Venezuela pueden solicitar un permiso de permanencia temporal por razones humanitarias. En este programa se permitirá durante dos años el acceso mensual de hasta 30,000 personas de estas nacionalidades que cumplan criterios de elegibilidad como estar fuera de Estados Unidos, contar con un patrocinador financiero con estancia regular, pasaporte vigente, pasar una investigación de antecedentes de seguridad y llegar por medio de vía aérea. Es un programa que puede verse esperanzador pero que crea un espejismo, ya que los requisitos son muy restrictivos y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables corren el riesgo de no poder cumplirlos por distintos motivos.
¿Qué implicaciones tienen en México estas medidas?
Las limitaciones por el Título 42 o por no ser candidato al programa de parole humanitario, crean un sistema excluyente ya que se basa en la nacionalidad, criterios de vulnerabilidad y no en las necesidades de protección internacional de las personas. México acordó aceptar a las personas expulsadas por Estados Unidos provenientes de distintos países como México, El Salvador, Guatemala, Honduras, ya que tienen mayor probabilidad de expulsión por el Título 42 pero también a recibir cada mes hasta 30 mil migrantes de Cuba, Haití, Nicaragüa y Venezuela que sean rechazados por el programa de parole humanitario.
En cifras, se estima que se han expulsado bajo el Título 42 cerca de 2,5 millones de migrantes y que más del 90% de estas personas fueron enviadas a México.
México se convirtió en país limbo para muchos migrantes que desean ingresar a Estados Unidos y solicitar protección internacional. Esperar siempre tiene sus desafíos, pero más aún en las condiciones de supervivencia que se viven en una frontera con las características de inseguridad con las que cuenta México.
Para el presente artículo se realizó una entrevista a una funcionaria de un organismo internacional que trabaja con personas en movilidad humana en la frontera noreste de Matamoros/Brownsville, con el objetivo de contextualizar y tener un mejor entendimiento de las vivencias de la población en frontera.
En Matamoros se encuentra un campamento improvisado de migrantes que comenzó a formarse en una pequeña plaza pública del módulo de atención del Instituto Nacional de Migración (INM), a pocos metros de la frontera con Estados Unidos. Se calcula que actualmente se encuentran alrededor de 4,000 personas en el campamento esperando la “oportunidad” para presentar su caso ante las autoridades de Estados Unidos.
Durante la entrevista, la funcionaria compartió que el rol del organismo internacional en el cual desempeña sus funciones es auxiliar a la población que atraviesa una situación de vulnerabilidad, aún si no están de acuerdo con las medidas implementadas por parte de Estados Unidos.
¿Qué sucede en el campamento de Matamoros?
El día a día de las personas dentro el campamento consiste en actividades cotidianas como cocinar, limpiar, asistir al centro de salud y trabajar. Dentro del mismo campamento se han creado distintos negocios como estéticas, puestos de ventas de comida o de diferentes artículos. Las personas cubren sus necesidades básicas con sus trabajos o con las remesas que les envían sus familiares desde Estados Unidos.
Un reto identificado por la funcionaria es el de brindar atención a la cantidad de personas que se encuentran en el campamento de Matamoros, ya que muchas veces la población sobrepasa su capacidad de acción. Sin embargo, en el campamento se encuentran auxiliando distintas organizaciones con el objetivo de cubrir necesidades de alojamiento, atención médica y psicológica, orientación legal, así como de alimentación e higiene.
Una preocupación general de las organizaciones es la seguridad de las personas que se encuentran en el campamento de Matamoros, ya que la mayoría ha expresado haber vivido incidentes de violencia por parte del crimen organizado, motivo por el cuál tienen miedo de quedarse en México. Casi 10,000 casos han sufrido un incidente de seguridad como secuestro, tortura o violación según lo identificado por Human Rights First en 2022.
Además del reto de seguridad que manifiestan las personas que habitan el campamento, la funcionaria comparte que las personas refieren que el acceso a la salud es uno de los principales obstáculos en su calidad de vida durante la espera, ya que, al no contar con documentación mexicana, los centros de salud muchas veces no les brindan atención. La espera, principal “condena” como expresan algunas personas que por más de 2 o 3 meses no consiguen cita, estando incluso algunos en situación de calle y con vulnerabilidades de todo tipo. Otro desafío que se ha desarrollado con la actualización de gestionar citas mediante la aplicación “CBP ONE” es el tecnológico, porque no todos cuentan con teléfonos inteligentes o acceso a internet. Además, dada la saturación, las personas han esperado 2 semanas para conseguir cita.
Por último, la funcionaria resalta que las afectaciones emocionales juegan un papel importante en como se esta viviendo la espera debido a que las personas se sienten beneficiadas porque hay más “oportunidades” pero tambien existen grandes frustraciones por las pocas citas o criterios de elegibilidad. Destaca que las personas saben que nada es seguro y que el día de mañana todo puede cerrarse o cambiar y que esto provoca una gran incertidumbre, miedo e inseguridad en la población respecto a sus proyectos de vida.
¿Oportunidades o violaciones a derechos humanos?
Las anteriores restricciones fronterizas despertaron debates del uso de la pandemia como pretexto para una expulsión colectiva de migrantes y sobre todo por la violación al derecho humano de solicitar asilo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró que el derecho a solicitar asilo es un derecho humano, independientemente del origen de las personas, de su situación migratoria o de la forma en que llegaron a la frontera y destacó que estas medidas van contra el principio internacional de no devolución, principio que garantiza que nadie debe ser devuelto a un país donde su vida este en riesgo, pueda sufrir torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Distintas organizaciones defensoras de derechos humanos estan en contra porque son medidas diseñadas para expulsar rápidamente migrantes y estan basadas en criterios arbitrarios, lo cual impide que accedan al derecho a solicitar asilo. Al restringuir que las personas soliciten protección internacional, les expone a peligros en el lugar de espera pero también les empuja a realizar rutas peligrosas hacia Estados Unidos. Es la realidad de muchas familias que se sienten atrapadas en la frontera de México y Estados Unidos. Para muchos, volver no es una opción pero tampoco se les permite avanzar. Toparon con pared, o muro en este caso.
En estos casos, el lugar donde naciste determina el acceso a tus derechos.Tanto el Título 42 como el parol humanitario son medidas abusivas donde las personas no son el centro y se negocian números de solicitudes y expulsiones como si las personas fueran mercancía. Si bien, los procedimientos son gratuitos, el costo emocional y psicológico es enorme. Se aprovecha la necesidad de protección de las personas, viola el derecho internacional y las expone a contextos donde su vida corre peligro. Aún con estas condiciones, las personas lanzan una moneda al aire con la esperanza de que salga a su favor.
Estefany Sánchez Colunga Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León (México) y estudiante de la maestría en derechos humanos y democracia (CIEP- UNSAM) con experiencia como trabajadora humanitaria en organizaciones para la protección de personas en contexto de movilidad humana, principalmente con solicitantes de asilo y refugiadxs.
