Ante
una situación como la que atravesamos a nivel mundial a causa de la pandemia
del coronavirus, es necesario hacer un llamado a la pausa para replantearse
dinámicas que estaban ya establecidas, y que, a pesar de ser, algunas de ellas
ineficientes, continuaban funcionando. Así, nos encontramos con sociedades en
las que aún en estas circunstancias se privilegia la producción por encima del
bienestar de las personas. De tal modo, podemos ver que incluso cuando todo
cambia de manera repentina, el sistema nos invita a continuar produciendo en
igual medida que antes (bienes, servicios y conocimiento) en un contexto en el
cual el derecho a la vida, la salud y la libertad de desplazamiento se pone en
juego afectando la salud mental de las personas.
Mientras
muchos trabajadores han sido obligados a “tomarse vacaciones”, o se les han
otorgado licencias obligatorias, muchos otros continúan en contacto con sus
empleadores y responden de manera constante con obligaciones propias de las
funciones que desempeñaban con anterioridad en sus puestos de trabajo. De igual
modo, una gran cantidad de estudiantes en todo el mundo continúan recibiendo
clases virtuales junto con docentes que realizan largas exposiciones sentados frente
a computadoras y aparatos electrónicos con el propósito de dar cumplimiento a
los planes de estudio. En ambas situaciones han tenido que adecuar sus espacios
con oficinas improvisadas para realizar teletrabajo o telestudio en un contexto
signado por los múltiples cambios que se implementan a raíz de la pandemia. Por
otra parte también se encuentran las personas dueñas de negocios -e incluso
pequeños productores-, que se ven en la difícil tarea de reducir personal de
trabajo puesto que no pueden abrir sus locales a causa de las medidas tomadas
por los gobiernos para prevenir los contagios masivos de este nuevo virus, y
que debido al avance de la pandemia no se tiene certeza sobre su culminación, lo
que genera un aumento del estrés, la ansiedad, y el temor o preocupación que
genera la incertidumbre.
La
llegada del COVID-19 generó una crisis de derechos humanos a nivel mundial; que
llevó a que las Naciones Unidas se pronunciara en relación a cómo enfrentar la
pandemia desde una perspectiva de derechos humanos. De tal modo que publicaron
dos comunicados
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) en
una declaración corta, y la Observación General No. 25 sobre ciencia y derechos
económicos, sociales y culturales.
Dentro
de las recomendaciones que realiza el CDESC se enfatiza en la importancia de
enfrentar el COVID-19 con visión holística; es decir, que se protejan todos los
derechos humanos en igual medida. En tal sentido, advierte, sobre el peligro de
hacer prevalecer la protección del derecho a la salud, sacrificando los derechos
sociales, civiles y políticos[1].
Pero,
¿dónde se ubica la salud mental?, De cara a la pandemia, la protección del
derecho a la salud parece focalizarse únicamente en el cuidado de pacientes con
el virus y la prevención para evitar su contagio, quedando la salud mental
reducida al seguimiento de protocolos que circulan en redes, los cuales
funcionan como documentos de apoyo que buscan mitigar los efectos negativos en
la salud mental a partir de diversos factores que confluyen en el encierro y lo
que sucede a nivel mundial. Sin embargo, continúan las prácticas impuestas por
superiores (jefes o directivos) que deben ser implementadas dentro de los hogares
en aras de dar continuidad al ciclo de productividad, las cuales incrementan la
probabilidad de presenciar algún tipo de brote que atente contra el estado de
bienestar emocional de las personas.
Según
la OMS “la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Según estos criterios, el
bienestar que experimentan las personas, les posibilitará reconocer sus
habilidades y potencialidades para hacer frente a la vida y trabajar de forma
productiva[2].
De acuerdo a ello, los problemas de salud mental afectan a la sociedad en su
totalidad y por lo tanto son un desafío para el desarrollo de medidas de
protección en relación con la pandemia COVID-19.
Las
cuestiones aquí expuestas cobran sentido en la medida en que nos reconocemos
todos y todas como población afectada por la pandemia COVID-19, porque más allá
de lo que sucede por fuera de nuestros hogares que ya en sí resulta aterrador,
también hay cambios dentro de casa que nos llevan a dejar en última instancia
el seguimiento minucioso a los protocolos de salud mental. El llamado no es
únicamente a la calma y la meditación cuando hay que continuar siendo
productivos, bien sea desde lo laboral o lo académico. Por más que el COVID-19
irrumpió con la cotidianidad y el movimiento regular de las personas, no logró
interrumpir el ciclo de productividad y en esta medida muchas personas seguimos
desarrollando las funciones que anteriormente realizábamos, repartidas en
distintos espacios durante el día (estudio, trabajo, ocio), ahora en un mismo
lugar.
Si bien Naciones Unidas ha hecho el llamado para que los Estados realicen esfuerzos financieros para combatir la pandemia, otorgando recursos a las distintas aristas que permiten la garantía de derechos de la población[3], es fundamental que se tome en cuenta la salud mental dentro de la crisis de derechos humanos asociada al COVID-19, puesto que en la medida en que los Estados empiecen a responder a las obligaciones del derecho internacional se conseguirá aportar no solamente a la reducción del riesgo de contagio sino a la reducción de riesgo de cuadros psicológicos asociados con la crisis de salud mental.
Valentina Agredo Psicóloga. Universidad ICESI, estudiante de la maestría en derechos humanos y democratización (CIEP- UNSAM)
