Pasado, Presente y Futuro de la Amnistía a Militares en Brasil
On 19/09/2025 by adminBrasil encara hoy las consecuencias del intento de golpe de Estado liderado por el expresidente y ex capitán del Ejército Jair Bolsonaro, tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2022. Junto con sus aliados, muchos de los cuales son militares o exmilitares, Bolsonaro fue condenado, el 01/09/2025, por los delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, daño calificado por violencia y amenaza grave y deterioro del patrimonio protegido. Desde el inicio de la acción penal, el expresidente pide amnistía y, para ello, clama el apoyo de los Estados Unidos de América. El escenario indica que Bolsonaro quiere repetir la historia que ocurrió en la última transición de la dictadura a la democracia en Brasil: garantizar la impunidad a través del poder político. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, el Poder Judicial brasileño no parece dispuesto a tolerar los actos antidemocráticos.
Durante el proceso de transición de la dictadura militar (1964-1988) a la democracia, Brasil, al igual que otros países latinoamericanos, promulgó una Ley de Amnistía (Ley n.º 6.683/1979) con el objetivo de impedir la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los delitos cometidos por el aparato represivo. Sin embargo, a diferencia de muchos países latinoamericanos, Brasil, incluso después de la instauración del régimen democrático, mantuvo la ley en su ordenamiento jurídico, de modo que los militares que abolieron el Estado de derecho, mataron, secuestraron y torturaron a personas siguen impunes hasta el día de hoy. El mantenimiento de la impunidad fue posible gracias a que la transición estuvo fuertemente controlada por los gobiernos militares y a que el Poder Judicial fue, en gran medida, complaciente con el régimen de excepción (Camineiro Baggio y Miranda, 2013).
34 años tras la redemocratización, Brasil sufre nuevos intentos de golpe de Estado. El expresidente Jair Bolsonaro, al no aceptar la derrota en las elecciones de 2022, tramó con sus aliados un golpe que incluía incluso el asesinato del presidente electo, Lula, del vicepresidente, Geraldo Alckmin, y del Ministro del STF, Alexandre de Moraes. Además, el plan incluía la organización de los apoyadores de Bolsonaro para acampar frente a las sedes de las Fuerzas Armadas, reclamando la intervención militar para impedir la investidura del presidente electo. Finalmente, sus apoyadores invadieron las sedes de los tres Poderes en la capital federal, el 8 de enero de 2023, un evento similar a la invasión del Capitolio en Estados Unidos en 2021.
Sin embargo, las reacciones del Poder Judicial brasileño ante el intento de golpe están siendo muy diferentes a las experiencias anteriores. Por primera vez en la historia de Brasil, una investigación contra un expresidente y militares por intento de golpe avanza hasta el punto de sancionarlos penalmente por sus actos. El 11/09/2025, la Primera Turma del STF condenó a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión. En el mismo fallo, también fueron condenados otros seis acusados: Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina de Brasil; Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto, ambos generales y exministros de Defensa; Anderson Torres, exministro de la Justicia y Seguridad Pública; Augusto Heleno, general y exministro jefe de la Oficina de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República; y Mauro Cesar Barbosa Cid, teniente coronel y ayudante de órdenes de Bolsonaro.
Inspirado por la historia de impunidad, no obstante, Jair Bolsonaro clama al Congreso Nacional por la aprobación de una nueva ley de amnistía. Para lograr el éxito en su misión, Bolsonaro recurre a los Estados Unidos en busca de apoyo. Bajo el gobierno de Joe Biden, Bolsonaro no encontró respaldos para su plan de golpe. Ahora, con Donald Trump, el panorama es otro.
El 09/072025, Trump anunció un arancel del 50 % a los productos brasileños, citando como primera razón el juicio a Jair Bolsonaro, al que calificó de “vergüenza internacional” y “caza de brujas”, exigiendo su finalización inmediata. Posteriormente, los Estados Unidos también impusieron sanciones contra ministros del STF, revocando las visas estadounidenses de ocho de ellos. El ministro Alexandre de Moraes fue el más atacado, sancionado por la Ley Magnitsky, una de las más severas de las que dispone Washington para castigar a los extranjeros que considera autores de graves violaciones de los derechos humanos y prácticas de corrupción.
Las presiones de Estados Unidos y de la base bolsonarista han tenido efecto en el Poder Legislativo brasileño. La Cámara de Diputados aprobó en la noche del 17/09/2025 la urgencia de un proyecto de ley de amnistía, con 311 votos a favor de la urgencia, 163 en contra y 7 abstenciones. Ahora, la Cámara pasará a debatir el proyecto y a definir si este incluirá al expresidente o no. Sin embargo, algunos ministros del STF ya se han pronunciado en el sentido de que una ley de amnistía para los golpistas sería inconstitucional y, por lo tanto, podría ser invalidada por la Corte.
La interferencia del gobierno estadounidense y la expectativa de impunidad son algunas de las similitudes entre el intento de golpe de Bolsonaro y la Dictadura Militar. Ahora, sin embargo, el reto de Brasil es no permitir que el derecho ceda ante las presiones políticas, al contrario de lo que ocurrió en el pasado. En la transición a la democracia tras la Dictadura de 1964, el compromiso de las élites nacionales con la continuidad autoritaria y la impunidad permitió un “acuerdo” de olvido, impuesto por quienes aún detentaban el poder político estatal (Camineiro Baggio, 2014). Ahora es necesario que la Justicia se mantenga firme para impedir la subordinación del derecho al poder. Así, será posible revitalizar la fuerza normativa de la Constitución de 1988 con el fin de protegerla de aquellos que quieren abolir el Estado de derecho. Para reforzar este último, Brasil tiene que rechazar los errores del pasado, alejándose de la impunidad y acercándose a la memoria, la verdad y la justicia.
Bibliografía
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Maria Eduardha Barbosa Pereira
Magíster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina (CIEP- UNSAM)- Analista de la Defensoría Pública del Estado de Rio Grande do Sul (Brasil)





