No se queje si no se queja: la inacción de la población bonaerense ante situaciones de vulneración de derechos

A partir de un trabajo de investigación llevado adelante por la Universidad de Buenos Aires[1] para la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, se ha buscado responder a la pregunta de cómo actúan los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires cuando siente que sus derechos no son respetados. A partir de ello se busca identificar el conocimiento que los bonaerenses tienen sobre los derechos que les corresponden y la percepción acerca de la vulneración de los mismos; la información que poseen sobre los organismos que pueden representarlos y asesorarlos en estas situaciones y la efectiva reacción de los ciudadanos frente a lo que ellos consideran como un derecho vulnerado o negado.

En Argentina existen diversas instituciones tanto públicas como privadas que se encargan de recibir los reclamos de las personas ante una situación de vulneración de sus derechos: Defensoría del Pueblo, Defensa al consumidor, ENRE, Comisaría de la Mujer – y de defender a sus usuarios – CNRT, INADI, entre otras. Basándonos en la definición de Smulovitz (2008) en su análisis acerca de las denominadas “organizaciones de la sociedad civil” (OSC), podemos pensar el funcionamiento de las instituciones de defensa de derechos mencionadas como un canal alternativo para transmitir los reclamos y demandas de seguridad y protección de los ciudadanos, o de aquello que éstos sienten como injusticias. Las OSC no sólo supervisan el accionar de la autoridad estatal – en procesos judiciales o en el área de los servicios públicos, por ejemplo – sino que también sirven de amparo para la ciudadanía en el ámbito privado.

Entre los meses de marzo y julio del año corriente, se realizó una investigación para la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires que tenía como uno de sus objetivos indagar en las representaciones sociales en torno a la defensa de derechos de aquellas personas de entre 20 y 50 años que residen en el “Primer Cordón” del Gran Buenos Aires[2].

El foco de la investigación se puso en la concepción que la población tiene sobre los derechos individuales y colectivos, su vulneración y los responsables de ésta. Por otra parte, también se buscó indagar sobre las acciones que la gente lleva a cabo ante dicha vulneración, vinculándolo con el conocimiento y la utilización de las entidades de defensa de los derechos.

Podríamos destacar al menos tres hallazgos que llaman a la atención. El primero de ellos es el hecho de que casi la totalidad de los entrevistados (98%) reportaron que, al menos, un derecho no había sido respetado en los últimos cinco años. De ese porcentaje, un 80% señaló que tres o más derechos habían sido vulnerados. Entre los más mencionados se destacan los derechos referidos a problemas laborales a nivel personal y problemas de vivienda y el barrio.

De estos datos se desprende que la población estudiada entiende y percibe que, en su vida cotidiana, una gran cantidad de derechos no se respetan. Pero, además, siguiendo los datos de la investigación, se observa que los entrevistados ubican al Estado (Nacional, Provincial y Municipal) como el principal responsable de la vulneración. Entendemos entonces que la población demanda una posición activa y responsabilidad del Estado tanto en temas relacionados con instituciones y servicios públicos, así como en temas de ámbito privado, tales como la violencia doméstica.

En segundo lugar, a través de la construcción de una escala de tipo Likert, se pudo evaluar las opiniones y actitudes que la población tiene sobre la Defensoría del Pueblo como representante de las instituciones encargadas de defender a los ciudadanos. De allí se obtuvo que una amplia mayoría de la población tiene una opinión y una actitud positiva hacia la función que ella cumple, como así también entiende la necesidad de que estas instituciones existan para defender sus derechos.

Con este panorama de numerosos derechos vulnerados y una opinión positiva sobre los organismos que se encargan de los reclamos y defensa de los individuos, cabe preguntarse sobre el accionar de la población cuando efectivamente se ven perjudicados en sus derechos. El tercer hallazgo de la investigación que resulta llamativo es que en casi la mitad de los casos (47%), la respuesta fue no haber hecho ningún tipo de acción. En menor medida, casi el 20%, reportaron haber hecho alguna denuncia o queja en la misma institución que no había respetado su derecho. Tan sólo un 8% mencionó haber realizado una denuncia o reclamo en una institución distinta de aquella que había vulnerado sus derechos. Estos datos muestran que, pese a que los derechos son vulnerados y existe un alto grado de conocimiento y una valoración positiva sobre las entidades de defensa, en los hechos, la propensión a reclamar que tiene la población es alarmantemente baja.

Cuando se les preguntó a los encuestados el motivo por el cual no realizaron ninguna acción cuando sus derechos no estaban siendo respetados, el 40% justificó esta actitud por la desconfianza que sienten hacia las instituciones o personas que pueden hacer valer sus derechos. La segunda razón para la inacción fue la falta de tiempo (33%) y en menor medida (15%) el hecho de no saber a quién recurrir para defender sus derechos.

Cabe entonces preguntarse si las entidades de defensa que existen en el país, en general y en la provincia de Buenos Aires, en particular, cumplen las funciones propuestas en la definición de Smulovitz o, si en cambio sufren de una ineficiencia a la hora de actuar y canalizar los reclamos de la población.

Queda como desafío para estas entidades de defensa pensar cómo aumentar la confianza y mejorar su imagen en los hechos, para generar una mayor propensión de la población a reclamar contra las injusticias que ésta sufre y no quedar paralizada por la apatía o la resignación.

Sofía Fernández Crespo y Sofía Rojo[3]

[1] La investigación mencionada fue realizada por un grupo de estudiantes de la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, en el marco del seminario de investigación “El Ámbito de la Opinión Pública”.

[2] En base a una muestra representativa del universo de un total de 414 casos.

[3] Estudiantes de la Licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires; Alumnas del seminario de investigación “El Ámbito de la Opinión Pública”, a cargo del profesor Jorge Vujosevich en el 2018.

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