¿Qué es la memoria? ¿Es solo que una sociedad recuerde los hechos
aberrantes de su pasado? ¿Qué elementos implica un proceso de Memoria?
La Memoria es mucho más que un simple recuerdo colectivo. La Memoria
está acompañada de Verdad y de Justicia implica luchar contra la impunidad, la
mentira y el olvido frente a las violaciones de derechos humanos. Memoria es la
obligación del Estado de investigar, de juzgar y de sancionar las violaciones
cometidas por un régimen represor y genocida, como el que se instauró en el
poder ese 24 de marzo de 1976 en Argentina.
Los procesos de Memoria, Verdad y
Justicia deberían ser mecanismos de garantía de no repetición, en tanto,
constituyan herramientas para alcanzar el consenso social nacional de que como
comunidad no permitiremos Nunca Más
tales hechos aberrantes. Se trata de un camino de avances y retrocesos, con
estrategias innovadoras, de luchas de poder, de éxitos y tragos amargos; que
convierten a las transiciones en procesos largos, sometidos a las vicisitudes
políticas e intereses enfrentados. […] En ellos se juega tanto la manera en
que se afrontan las consecuencias de las violaciones de derechos humanos
sufridas como la calidad de la democracia” (Beristain, 2011).
Los países latinoamericanos han implementado diferentes estrategias para
hacer efectiva la Memoria, Verdad y Justicia. Durante los períodos de transición
política han desarrollado medidas para reparar y hacer justicia: juicios,
comisiones de verdad, sitios de memoria, reparaciones económicas, perdón
público, entre otras. Este conjunto de medidas, mecanismos y acciones para
enfrentar un pasado reciente de violaciones masivas a los derechos humanos en
el marco de un cambio de régimen político es lo que se denomina justicia transicional (Beristain,
2011).
¿Castigo o perdón? Es la primera decisión que debe tomar la justicia
transicional sobre el pasado, en vista de que el primero puede reactivar al
poder militar y de que el perdón puede limitar la recuperación del tejido
social dañado y en consecuencia, debilitar a la nueva democracia en su
compromiso de igualdad ante la ley y respeto por los derechos humanos. En ambos
casos el riesgo recae sobre la democracia.
La Argentina optó por el primer camino, el castigo a los responsables
del régimen autoritario, siendo el primer país en intentar una relación entre verdad y justicia.
Después del informe de la Comisión de la Verdad, se iniciaron juicios con
condenas penales para la cúpula militar. Juicios por la verdad que continúan
hasta hoy.
El juicio a las Juntas (1985)
fue una propuesta del primer gobierno democrático[1]
con dos objetivos: castigar e incorporar a
las Fuerzas Militares al nuevo régimen, subordinándolo al poder civil. Estos
juicios fueron innovadores en cuanto a que, a diferencia de la experiencia de
Nuremberg, fueron tribunales nacionales, con jueces y fiscales que ya
pertenecían al Poder Judicial, y, no solo investigaron a las altos mandos, sino
que avanzaron – hasta dónde se pudo – en la cadena de mando. Todo esto además
contribuyó a relegitimar el poder del Estado democrático.
El fervor ciudadano que despertaron los juicios ejerció presión para
avanzar en la cadena de responsabilidades pero los militares la frenaron. Tras
varios levantamientos de parte de sectores de las fuerzas militares contra el
orden democrático, y el temor a una nueva interrupción autoritaria, el gobierno
sacó la Ley de Punto Final (1986) y la Ley de Obediencia Debida (1987) para dar
fin a las investigaciones. Años después, el presidente Menem emitió dos
indultos (1989-1990), en una estrategia de “perdonar al pasado, pero castigar
con todo el peso de la ley a las rebeliones del presente y el futuro”
(Smulovitz,2012, p. 70).
Una línea de acción llevada adelante fue la vía
política-institucional-educativa (Kaufman, 2015). Argentina desde 1983
implementó un repertorio completo de estrategias de justicia transicional
(Smulovitz,2012). Las medidas no judiciales complementaron las legales para
superar las denominadas brechas de impunidad, es decir, que la justicia no sea
incompleta ni frustrante para las víctimas (Entrevista de Glenda Mesarobba a
Juán Méndez, 2007). En este sentido, el gobierno menemista, implementó una
política de reparaciones económicas para revertir los efectos negativos que
pudieran tener los indultos, y en cumplimiento de una recomendación de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[2].
Mediante un decreto presidencial y dos leyes[3],
el Estado estableció compensaciones económicas a los detenidos ilegalmente, a
familiares de desaparecidos (se crea la figura civil de “ausente por
desaparición forzada”) y a los niños nacidos en cautiverio o víctimas de
sustitución de identidad.
Parte de los éxitos de las estrategias de justicia transicional en
Argentina, se deben a la continuidad e intensidad del movimiento de derechos humanos con un alto grado de expertise quemostróel desarrollo de
estrategias innovadoras como la presentación temprana de habeas corpus para tener registro de las fechas de desaparición, o
la rápida acción a nivel internacional para ejercer presión sobre el régimen
represor.
Una de la organizaciones emblemáticas de resistencia fueron – y son –
las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Ellas impulsaron una política sostenida
en el tiempo de recuperación del derecho a la identidad: su éxito da cuenta de
que entre 1978 y 2019, 130 nietos[4] han sido
identificados y recuperado su derecho a
la verdad y a la identidad.
El reconocimiento público a las víctimas y del Estado como violador de
derechos tiene un fuerte contenido social para “mostrar una ruptura con el
pasado autoritario y una voluntad de consolidar la democracia” (Beristain,
2011, p. 25). Estas estrategias fueron especialmente fuertes con la llegada del
gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007): la instauración del 24 de marzo como
día de la memoria; la transformación del campo de detencion ilegal de la ex
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en un museo de la memoria y la
posterior visita del presidente con sobrevivientes; el retiro de retratos de
los dictadores y presidentes de facto Videla y Bignone. La participación de las
víctimas en estas medidas reparatorias así como en el diseño de los lugares de
memoria es importante para el éxito de dichos sitios en la medida en que se
reconocen allí, y si activan procesos de participación que permitan expresiones
de memoria compartida (Beristain, 2011, p. 25).
A través de este breve recorrido por el proceso de Memoria, Verdad y
Justicia ha quedado demostrado el gran avance del país en memoria y reparación
frente a las violaciones de derechos de la última dictadura militar. La
democracia – aún en consolidación – se ha mostrado eficaz en marcar diferencias
con el pasado autoritario, gracias al consenso de la sociedad y de sus partidos
políticos para promover, sostener e implementar una agenda de memoria, verdad,
justicia y reparación. La continuidad de estas medidas a través de gobiernos de
diferentes signos políticos dan cuenta de la importancia de que la defensa de
los derechos humanos no se partidice.
Los entornos democráticos no nos blindan de la posibilidad de que existan violaciones a los derechos humanos. Hoy, a 37 de la recuperación de la democracia es nuestro deber retomar la pregunta inicial sobre qué es la Memoria. Es momento de reactualizarla sin abandonar las luchas por la justicia y la verdad del Régimen de represión y exterminio.
Por eso, me parece importante recuperar algunas memorias pendientes de la democracia: los desaparecidos en democracia, como Julio
López (2006); las 6564 víctimas de gatillo fácil[5]; las 194 víctimas de la Tragedia de Cromañón (2004); las 51 víctimas de la Tragedia de Once (2012); el olvido, la discriminación y el exterminio que han sufrido
nuestros pueblos originarios; Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, víctimas de
la Gendarmería Nacional (2017); cada mujer que
muere cada 32 horas en manos de un femicida[6]; el 50% de las y los niños que se encuentran en situación de
pobreza[7], los
jóvenes marginados, sin oportunidades y
estigmatizados; la discriminación y exclusión
de las personas migrantes; la contaminación de
pueblos enteros por la megaminería, los agroquímicos y las empresas sin controles
medioambientales; la corrupción generalizada; el
endeudamiento; la
impunidad judicial.
La lista podría continuar, pero con estos ejemplos alcanza para
demostrar que si la Memoria implica luchar contra la impunidad, la mentira y el
olvido y que, solo es memoria en tanto retribuya la verdad y haga justicia, la
democracia argentina aún se debe memoria de esas y muchas otras violaciones a
los derechos humanos.
Ahora es turno de que la democracia se ocupe de su propia trayectoria,
es decir, de estos últimos 37 años, de sus éxitos y de sus deudas, de sus
hechos oscuros. Es momento de renovar el pacto social del Nunca Más, de la
democracia y derechos para siempre.
MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA.
Sofia Santamarina Licenciada en Ciencia Política (UBA) y estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización (CIEP- UNSAM)
[1] El 10 de diciembre de 1983 asumió la
presidencia Raúl Alfonsín (por el partido radical – UCR), dando inicio al
primer gobierno democrático luego de 7 años de dictadura militar. La crisis
económico aceleró su salida anticipada en julio 1989. Lo sucedería Carlos Menem
(1989 – 1999) del partido justicialista quien ocupó el cargo de presidente
durante dos períodos.
[2] La recomendación de la CIDH se dirigía al
reconocimiento del Estado de su responsabilidad de compensar para enfrentar el
empeoramiento de las condiciones de vida de las víctimas, compensar en parte
los daños, promover su reconocimiento y favorecer su reintegración, así como
para prevenir las violaciones en el futuro (Beristain, 2011).
[3] Decreto 70/91 y las leyes 24.411, 24.321 y
25.914
Berastain, Carlos Martín (2011), Verdad, justicia y reparación: democracia y derechos humanos en America Latina; IIDH, Contribución de las políticas de verdad, justicia y reparación en AL.
Kaufman, Alejandro (2015) Nunca más: experiencia colectiva y legado argentino de la memoria, Kultur, vol. 2, nro. 4
Mesarobba, Glenda (2007) Entrevista a Juan Méndez, Presidente de International Center for Transitional Justice (ICTJ), Revista Universitaria de DDHH Sur, Nº 7, Año 4., San Pablo, Brasil
Smulovitz, Catalina. 2012. “”The past is never dead”: Accountability and justice for past human rights violations in Argentina.” In After Oppression Transitional Justice in Latin America and Eastern Europe, ed. M. Serrano and V. Popovski. Tokyo: United Nations University Press
