Más de un año de políticas de antimemoria en Brasil: reflexiones sobre un país que niega su pasado

En 2018, el militar de reserva Jair Messias Bolsonaro fue electo para ocupar la Presidencia de la República Federativa de Brasil. Quien fuera diputado federal durante tres décadas, vio disparar su popularidad en los últimos años, al asumir opiniones y prácticas a las que podemos considerar “impopulares” o “políticamente incorrectas”, y que están relacionadas al régimen militar de 1964 y a pautas de la agenda pública de derechos humanos en Brasil [1]. Así fue que su figura se volvió referente de individuos y organizaciones negacionistas y revisionistas de la última dictadura militar, que rechazan o relativizan la caracterización de la última dictadura como tal, y que decidieron romper el silencio con la difusión de “antimemorias” sobre la última dictadura militar.

En los últimos meses, el denominado “pasado reciente” de Brasil (más concretamente el período dictatorial que se dio entre 1964 y 1985) empezó a tener influencia sobre las concepciones de democracia, estando presente de manera cada vez más expresa en la retórica del gobierno federal, y manifestándose a través de discursos y medidas administrativas y normativas que bien se pueden encuadrar como “políticas de antimemoria”.

Marzo de 2019 / Abril de 2020: Una serie de eventos…

En marzo de 2019, Jair Bolsonaro decidió conmemorar los 55 años del golpe militar de 1964. En su anuncio, realizado por el portavoz de la Presidencia, se destacó que “el presidente no considera el 31 de marzo de 1964 como un golpe militar”, a lo que el presidente añadió que se trató de un régimen que tuvo “problemitas”. El día 31, la asesoría del Palacio del Planalto, y el propio presidente, difundieron un video en defensa del golpe de Estado de 1964, en el que un presentador afirma que en esa época “el Ejército nos salvó”, tras ser “llamado” por el pueblo en “un tiempo de miedo y amenazas” de “comunistas”.

Por su parte, la ministra de Derechos Humanos del gobierno federal, Damares Alves pasó a lanzar críticas a las gestiones anteriores de la Comisión de Amnistía [2] y a los anteriores proyectos de la comisión en torno de la promoción de la memoria. Asimismo, la ministra prometió develar una supuesta “caja negra” de la comisión, con supuestos desvíos de sus ingresos, sosteniendo además que “esta Comisión ya debería haberse terminado”.

Asimismo, en abril de 2019, João Henrique Nascimento de Freitas, un abogado que se caracterizó por su participación en causas judiciales en las que se oponía al pago de indemnizaciones a las víctimas de la dictadura y  sus familiares, fue designado en la presidencia de la Comisión de Amnistía. Además, se ha incluido como miembros de la comisión a militares activos y de reserva; entre ellos podemos mencionar a Luiz Eduardo Rocha Paiva. Este general del Ejército ha realizado críticas públicas a la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) [3], y puso en duda que Dilma Rousseff y Vladimir Herzog fueran víctimas de tortura (y este último, de asesinato) por el régimen militar [4].

A fines de julio de 2019, el presidente Bolsonaro denunció, sin tener evidencias al respecto, interferencias del Orden de los Abogados de Brasil (OAB) en el proceso judicial de Adélio Bispo, quien lo intentara asesinar a cuchilladas en la elección de 2018. Además, el presidente declaró “saber” cómo desapareció el padre del presidente del OAB, Fernando Santa Cruz, durante la dictadura: “Él no va a querer oír la verdad. Yo le cuento” dijo en ese momento el primer mandatario. Esto sucedió, una semana después de que la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos (CEMDP) [5] hubiera emitido una rectificación del certificado de defunción de Santa Cruz, reconociendo su muerte como “no natural, violenta, causada por el Estado Brasileño”.

Ya en el mes de agosto, se produjo un cambio sin precedentes en la composición de la CEMDP, con la exoneración sumaria de cuatro de sus siete integrantes, incluyendo la entonces presidenta, Eugênia Gonzaga. Indagado sobre este cambio, Bolsonaro lo justificó con el hecho de qué “cambió el presidente, ahora es el Jair Bolsonaro, de derecha. Punto final. Cuando ellos ponían terroristas allá, nadie decía nada”. Adicionalmente, la nueva CEMDP, ha pasado a criticar “irregularidades” y “flagrantes prácticas” de las gestiones anteriores supuestamente “corregidas” por la actual – como, por ejemplo, la rectificación en certificados de óbito de personas desaparecidas.

En ese mismo mes, la ministra Alves suspendió la realización de las obras del Memorial de la Amnistía Política de Brasil, y también se sacó el antiguo portal de la CEMDP del internet– incluyendo el proyecto virtual de consulta a los “Lugares de Memoria”, a los que tampoco se puede acceder desde el mismo dominio web del gobierno federal. En este sentido, el Decreto Nº 8.031/2013, oficializaba como competencias de la Comisión de Amnistía “formular y promocionar acciones y proyectos sobre reparación y memoria, sin perjuicio de las competencias de otros órganos” e “implementar y mantener el Memorial de la Amnistía Política de Brasil y su acervo”, sería revocado algunos meses después por el presidente Bolsonaro, mediante el Decreto Nº 10.223/2020. Además, este mismo decreto consolidó la extinción de los grupos de trabajo (GT) Perus y Araguaia, que aún buscaban restos de personas desaparecidas durante la dictadura (extinción prevista meses antes con el Decreto Nº 9.759/2019, que extinguiera consejos y órganos colegiados de la administración pública federal que involucraban participación social, entre ellos, los GT mencionados).

Entre octubre y noviembre de 2019, aliados políticos del gobierno como el ministro de Economía del gobierno, Paulo Guedes, y el diputado federal Eduardo Bolsonaro (hijo del presidente de la República), consideraron razonable la hipótesis de que el gobierno emita un “nuevo” Acto Institucional nº 5 (AI-5) –en referencia al principal instrumento normativo del auge de la represión dictatorial, en 1968– caso eclosionen movilizaciones populares como las vistas en Chile en el último año.

Ya en 2020, el último 18 de febrero, la Comisión de Amnistía rechazó 307 pedidos de amnistía de campesinos, por persecución política en el episodio de la Guerrilla del Araguaia, en la década de 1970. La decisión se justificó en que “La guerrilla de Araguaia no fue un movimiento legal ni legítimo de oposición al régimen de 64, sino una lucha armada cuya represión no constituye persecución política, sino defensa del Estado y la sociedad”. Vale tener en cuenta que la Corte IDH había condenado a Brasil en el 2010 por esta causa; y que, en 2014, la guerrilla había sido reconocida por la Comisión Nacional de la Verdad como movimiento de resistencia a la dictadura militar.

Hacia el ámbito externo, el gobierno federal no ha contestado a pedidos de aclaraciones de las Naciones Unidas respecto a las crecientes declaraciones de autoridades federales brasileñas en apología a la última dictadura militar. También se hizo común como suerte de política externa la apología a otras dictaduras de América Latina, con elogios públicos hechos por el presidente a los regímenes de Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner.

En el último 31 de marzo de 2020, autoridades del gobierno federal como el ministro de la Defensa y los propios presidente y vice-presidente de la República hicieron nuevas menciones honrosas, cada vez más naturalizadas institucionalmente, al 56º aniversario del golpe de 1964. Bolsonaro saludó aquel “gran día de libertad”, mientras el vice-presidente, Hamilton Mourão, declaró en sus redes sociales que en aquel entonces, las “FA intervinieron en la política nacional para enfrentar el desorden, subversión y corrupción que abalaban las instituciones y asustaban la población”. A su vez, el ministro de Defensa publicó en el portal oficial del gobierno una nota definiendo al “movimiento de 1964” como “marco para la democracia brasileña.

Coronando esta serie de actuaciones, y con las atenciones mundiales totalmente direccionadas a la pandemia de covid-19, el último 19 de abril el presidente Bolsonaro se unió a aglomeraciones de manifestantes pro-gobierno en Brasilia que, en plena cuarentena, pedían por pautas como la edición de un “nuevo” AI-5, una intervención militar con el mismo Bolsonaro en el poder y el cierre del Congreso Nacional y del Supremo Tribunal Federal. En la ocasión, el presidente improvisó un discurso sobre una camioneta, en aprobación a las consignas, y prediciendo: “No queremos negociar nada”.

Un mal principio

Tras la crisis política y económica a nivel nacional que culminó con la destitución de Dilma Rousseff a la presidencia, se inició una tendencia a revertir las políticas de memoria sobre la última dictadura, hasta entonces promocionadas por el gobierno federal. La ola conservadora que erigió a Jair Bolsonaro en 2018, consolidó una reversión total de la situación precedente en cuanto a este tema.

En este escenario, se han generado cambios profundos no sólo en las políticas de Justicia Transicional respecto al pasado reciente, sino también en las demás políticas de derechos humanos y medio ambiente con la indicación de funcionarios con una mirada contraria a aquellas que fueron construidas durante décadas entre Estado y sociedad civil. Como bien señaló José Carlos Moreira da Silva Filho –vicepresidente de la Comisión de Amnistía entre 2013 y 2016– los miembros nombrados en dicha institución por el presidente Michel Temer (2016-2018), sin familiaridad con la temática de la comisión, fueron sustituidos en la gestión Bolsonaro “por otros que son contrarios a la propia existencia de la Comisión”.

En Brasil, la transición democrática de la década del ochenta fue producto de una negociación entre una mayoría del Congreso Nacional y el último presidente del período dictatorial. Eso se tradujo en una ausencia de procesamiento a los agentes oficiales o colaboradores de la dictadura, y perpetradores de violaciones; además de una demora de 27 años para la apertura de una comisión de la verdad en el país. Pero, además, tampoco parece haberse conformado una memoria colectiva sólida respecto a los perjuicios económicos, sociales y humanos de la última dictadura.

Por el momento, es posible afirmar que las declaraciones e iniciativas del gobierno actual se tratan de políticas de “antimemoria” sin precedentes, en continuo ascenso y que se confunden con las autoridades políticas federales que actualmente ocupan las instancias del poder ejecutivo nacional. Retroceden en décadas el debate acerca de la democracia y las consecuencias de la dictadura, poniendo en prueba hasta qué punto las políticas de la memoria desarrolladas sobre todo por las comisiones federales de la verdad y reparación, se consolidaron como políticas de Estado, y no solamente de gobierno. En la medida en que “el Estado pide perdón” por su pasado, como lo hizo en el auge de las políticas de memoria, verdad y reparación a fines de la década de 2000, pero, años después, se burla sobre las demandas de personas victimizadas en ese mismo pasado y quienes actúan en ese campo, además de rechazar la construcción de las políticas estatales de Justicia Transicional como orientada ideológicamente, hay una demostración de que el Estado, como entidad, no se redimió propiamente de sus actos, estando a la merced del arbitrio de futuros gobiernos de turno.

Si dicho pensamiento negacionista y revisionista perdurará en el debate público o si se mantendrá presente en las instituciones nacionales, independientemente de las futuras presidencias de la República en un futuro próximo, aún es una incógnita. Siquiera se puede prever si el debate sobre la última dictadura militar se seguirá haciendo per se, con el paso del tiempo y fallecimiento de los principales sobrevivientes y familiares de muertos y desaparecidos que sostienen la consigna de memoria, verdad y justicia. Por eso las políticas de memoria-verdad, justicia, reparación y reformas institucionales (elementos de una justicia transicional), realizadas en conjunto entre si tras períodos autoritarios, sin dudas contribuyen a la solidez de una democracia. No es lo que ha pasado en Brasil, pese a los intentos de las gestiones federales anteriores y a la demanda popular de sectores involucrados en el tema.

Esto nos lleva a la necesidad de más debates sobre democracia y derechos humanos en todas las instituciones de enseñanza, además de la aprobación de leyes o hasta mismo figuras constitucionales que aseguren el desarrollo de políticas democratizadoras y fortalecedoras de los derechos humanos (en la forma de derechos fundamentales o principios de Estado, pensando en la Constitución brasileña de 1988 por ejemplo) y, sin dudas, la participación popular en la política nacional de un país. La democracia, al final de todo, es un objetivo a perseguir sin recetas listas o fecha final de alcance, pero la memoria y la verdad sobre el pasado son dos de sus ingredientes necesarios e indispensables.

Emmanuel Frías Sampaio
Magister en Derechos Humanos y democratización en América Latina (UNSAM-CIEP)

[1] Empezando años antes con el mote “quien busca hueso es perro”, en referencia a las búsquedas de los restos de muertos y desaparecidos en el Araguaia, Bolsonaro escupió, en 2014, busto del diputado Rubens Paiva, torturado y muerto por el régimen en 1971. Homenajeó en pleno Congreso Nacional, sin consecuencias jurídicas, al entonces ya fallecido coronel Brilhante Ustra como “el pavor de Dilma Rousseff”, durante sesión de votación por la apertura de proceso de impeachment contra la entonces mandataria, en 2016 (Ustra fue torturador personal de Rousseff en el régimen, y reconocido como torturador, por la Justicia, en 2008). Según análisis del diario Folha de S. Paulo, entre 2010 y 2018, en 500 de sus discursos como diputado federal, 56 se dedicaron a criticar la Comisión Nacional de la Verdad –en una de sus declaraciones al respecto, atacó: “Familiares de muertos y desaparecidos, ustedes deberían tener vergüenza en la cara, porque o lloraban ustedes o lloraba toda la nación brasileña”.

[2] La Comisión de Amnistía fue creada en 2001 por ley, cumpliendo con mandato previsto en la Constitución de 1988, con el fin de reparar económicamente a víctimas y familiares de víctimas de la dictadura. Entre 2007 y 2016, enfocó en la perspectiva de la Justicia Transicional, pasando a promocionar políticas de memoria, verdad y reparación en la forma de eventos públicos, reparación psíquica, incentivo público a proyectos en el área, entre otras actuaciones, más allá del aspecto pecuniario.

[3] La Comisión Nacional de la Verdad (CNV) fue un órgano investigativo vinculado a la Casa Civil de la Presidencia de la República, creado por ley y con funcionamiento entre 2012 y 2014. Los trabajos de la CNV enfocaron en investigar los actos de violencia practicados desde el Estado entre 1946 y 1988, con destaque para el periodo dictatorial (1964-1985). De su trabajo se produjo un informe en tres volúmenes, con textos temáticos y la recomposición de la cadena de comando de cada una de las 434 muertes y desapariciones identificadas por la Comisión, además de la identificación de un genocidio de aproximadamente 8,3 mil indígenas no identificados, por el régimen, en proyectos extractivos y desarrollistas, expulsiones, contagios, prisiones y torturas.

[4] Dilma Rousseff, presidenta de la República entre los años de 2011 y 2016, participó de la disidencia armada al régimen militar en Brasil a fines de la década de 1960, en un contexto de creciente represión por la dictadura, siendo torturada durante 22 días y presa política por 3 años, entre 1970 y 1972. Por otro lado, Vladimir Herzog, periodista brasileño, apareció muerto luego de presentarse a interrogatorio ante autoridades militares, en 1975, siendo difundido por el régimen su supuesto, pero físicamente incomprobable, suicidio: el asesinato de Herzog, como resultado, fue un marco en el desgaste y creciente rechazo de sectores de la población hacia el régimen, sumado a otros asesinatos tras tortura practicados por el régimen (aunque siempre negados por este), como, por ejemplo, los del estudiante Alexandre Vannucchi Leme (1973), del teniente José Ferreira de Almeida (1975) y del metalúrgico Manoel Fiel Filho (1976).

[5] La Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos (CEMDP) fue creada en 1995, por ley, buscando encontrar restos mortales de personas desaparecidas en el régimen de 1964, reconociéndolas como muertas por el Estado y atribuyendo indemnización a sus familias.