En el actual contexto costarricense la corrupción emerge como una problemática preponderante por sus efectos en el desarrollo social del país (CIEP, 2018- 2019), erosionando la legitimidad de las instituciones públicas, y afectando la democracia y la calidad institucional. Las fiscalías anticorrupción son actores centrales en el mantenimiento del estado de derecho. Su rol dentro de un esquema democrático tiene que ver con restituir equilibrios de poder en favor de la colectividad y los intereses difusos, impulsando acciones penales que siguen las normas del debido proceso
Las relaciones de poder, siguen constituyendo el trasfondo de las distintas formas y expresiones de la corrupción. El acceso diferencial a los recursos materiales y simbólicos -en los cuales prevalecen personas y grupos con la finalidad de obtener beneficios de diversa índole en detrimento del interés colectivo- persiste como una motivación de los actos de corrupción y delitos contra los deberes de la función pública: funciona como un mecanismo de acaparamiento y en ese sentido profundiza las desigualdades sociales que están en su origen.
Desde este punto de vista, la corrupción expresa algo más profundo y complejo. No se trata únicamente de la aparición de conductas desviadas que son cometidas aisladamente por personas desde posiciones de privilegio; lo que subyace y articula estas conductas es una estructura de despojo e inequidad de larga data que reproduce relaciones de asimetría y que genera un escenario de violación de los derechos humanos de amplias mayorías en Latinoamérica.
Según estas lógicas, la institucionalidad del Estado genera condiciones que permiten la persistencia en el tiempo de prácticas ilegales que buscan la apropiación de recursos públicos, limitando de muchas formas el abordaje preventivo y represivo. Esto permite comprender el debilitamiento sistemático de los órganos que se encargan de fiscalización y control y también del abordaje judicial en muchos países de la región centroamericana.
Cuando un acto de corrupción pública se materializa, es porque fallaron los controles estatales que debieron operar para evitar su génesis. Por esta razón un abordaje integral debe considerar también la participación de un conjunto de instancias que funcionan como barreras a la corrupción (Meléndez, 2021). En ese sentido, el rol de las fiscalías anticorrupción debe ir más allá del ámbito represivo. Desde el entendimiento de su función en la gobernabilidad democrática puede propiciar lo que autores como Prats (2008) llaman rendición de cuentas horizontal; es decir, aquellas prácticas entre los poderes del Estado que generan un sistema de contrapesos y vigilancia del límite de sus potestades. A mayor control entre poderes se reduce la corrupción; y de manera inversa, cuando existen relaciones que comprometen la independencia de los poderes existen más posibilidades de actos de corrupción concertados entre grupos económicos y representantes del poder político.
Asimismo, reconociendo el dinamismo y complejidad de la corrupción, el Ministerio Público puede impulsar acciones que propicien la denuncia ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las instituciones. Sin perder de vista que en la práctica una de sus funciones más importantes que es la de generar y ejecutar políticas de persecución penal, caracterizadas por relaciones de interdependencia y redes en el marco de la globalización y por la aparición de nuevos actores sociopolíticos y estructuras de crimen organizado, es necesario se enfoquen en las diversas manifestaciones del fenómeno ampliando el rango de acción desde una comprensión amplia y multidimensional.
En el caso de Costa Rica, la primera política de persecución penal de los delitos de corrupción y contra la función pública se formuló en el año 2019. En esta política se establecen las áreas prioritarias en las que se concentrará la acción penal por tener un riesgo especial y una lesividad de intereses difusos; además establece un concepto de corrupción sistémico que trasciende las actuaciones individuales para identificar sus vinculaciones con estructuras organizadas (Ministerio Público, 2019), la aplicación de esta política ha permitido, entre otras cosas, el develamiento y actual investigación de estructuras complejas de corrupción que operan en distintas instituciones del Estado costarricense: a nivel centralizado, descentralizado y en instituciones autónomas.
Garantizar la independencia funcional y de actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción para blindarla de presiones que deriven de relaciones jerárquicas dentro y fuera del Ministerio Público y el Poder Judicial, es una de las motivaciones principales de la política de persecución penal mencionada. Y constituye una de las necesidades más apremiantes cuando de garantizar justicia pronta y cumplida se trata, pues el cumplimiento adecuado del rol de las fiscalías y órganos judiciales anticorrupción no admite vínculos políticos, empresariales o comerciales que comprometan la imparcialidad de las investigaciones.
Andrea Bermúdez Castillo Socióloga de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Ministerio Público de Costa Rica, estudiante de la maestría en derechos humanos y democracia en América Latina y el Caribe (CIEP- UNSAM)
Referencias
Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica -CIEP- (2018- 2019). Estudios de opinión sociopolítica. Disponibles en https://ciep.ucr.ac.cr/estudios-de-opinion/
Meléndez, C. (2021). Sobre las tres líneas de defensa frente a la corrupción. Ponencia presentada ante el Observatorio Ciudadano Municipal.
Ministerio Público (2019) Circular 13-ADM-2019 Política de Persecución Penal en delitos funcionales y de corrupción dentro del Ministerio Público impartida por la Fiscalía General de la República a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA). Disponible en Sitio Web del Ministerio Público – Circulares Administrativas – Año 2019 (poder-judicial.go.cr).
Rojas, Birri (1993). en Enrique Sánchez, Roque Roldán y María Fernanda Sánchez. Derechos e identidad. Los pueblos indígenas y negros en la Constitución Política de Colombia de 1991, Bogotá: Disloque (Coama).
