Al costado del kilómetro 111 de la ruta número 3 de provincia argentina de Buenos Aires, se puede observar un cartel con las palabras “Memoria, Verdad y Justicia”. Al lado de esta consigna, fotografías a color de cuatro jóvenes: Danilo Sansone (13 años), Gonzalo Domínguez (14 años), Camila López (13 años) y Aníbal Suárez (22 años).
En el mes de mayo del año 2019, cinco adolescentes impactaron en un auto Fiat Spazio contra un acoplado estacionado luego de ser perseguidos por dos vehículos policiales de la Estación Comunal de San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. El accionar ilegal de la policía les costó la vida a cuatro de ellos y le ocasionó lesiones de suma gravedad a otra. En los días posteriores, miembros de la cadena de mando policial implicada en el hecho dieron a conocer versiones falsas de lo ocurrido, tergiversando las pruebas para encubrir la persecución y los disparos que dirigieron al vehículo. Sin embargo, el reclamo de justicia de los familiares de las víctimas y el compromiso militante de organizaciones de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM)[1], no tardaron en iniciar una ardua tarea de recopilar testimonios y pruebas que acabó evidenciando que, el suceso que hoy se conoce como “la masacre de San Miguel del Monte” fue un hecho de violencia institucional.
Durante los últimos años, en Argentina se llevó a cabo una activa política de señalización de espacios vinculados al funcionamiento del entramado represivo del Estado durante la última dictadura cívico militar en el país. Muchos lugares donde funcionaron centros clandestinos de desaparición y tortura durante esa época, fueron señalizados a partir de políticas promovidas por la sociedad civil en articulación con el Estado, bajo la consigna que acompaña las demandas del movimiento de derechos humanos desde hace décadas de “Memoria, Verdad y Justicia”. La cristalización legislativa de este proceso se plasmó en la sanción de la Ley Nacional Nº 26.691 conocida como “ley de sitios de memoria”[2].
El cartel colocado en diciembre de 2020 en el lugar donde ocurrió la masacre de San Miguel del Monte, no señaliza un espacio como los que se enmarcaron en dicha política. Se trata de la primera señalización que se realiza de un hecho de violencia institucional, como parte de una política que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación comenzó a implementar de manera federal en todo el país. Así, en lo que va del 2021 fueron emplazadas nuevas señalizaciones: una al cumplirse 10 años de la Masacre de Carcova[3]; otra a 20 años del femicidio de Natalia Melmann[4]; otra en recuerdo de la Masacre de Wilde[5]; y otra por el asesinato de Camila Arjona a manos de un policía Federal en el año 2005.[6]
Entre la política de memoria que constituye la marcación territorial de sitios donde ocurrió la violencia estatal durante el pasado dictatorial, y la señalización de hechos de violencia institucional ocurridos en democracia, hay un desplazamiento de sentidos que amplían los límites de la memoria social hacia la incorporación de nuevos acontecimientos del presente. Para pensar en esto, la definición de Jelin y Langland acerca de las “marcas territoriales” es sumamente explicativa. Las autoras refieren a estas como un proceso de semantización de espacios materiales que involucra tanto luchas sociales por el sentido del pasado, como un estado del debate sobre ese pasado rememorado (Jelin y Langland, 2003).
En los discursos de las autoridades que participaron de los actos homenaje de cada una de las señalaciones contra la violencia institucional, se puede advertir una evidente vinculación entre los sentidos otorgados a las luchas de las organizaciones de familiares que opusieron resistencia a la dictadura y lucharon contra la impunidad de esos crímenes en Argentina, con el significado que adquiere la actual lucha contra la violencia institucional y la impunidad que habitualmente envuelve sus prácticas. “Las veo a ustedes y las veo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, tienen mi compromiso y el de esta Secretaría en esta lucha y en la búsqueda de la Justicia” afirmó el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti[7], en el acto realizado en Wilde al dirigirse a las madres de las víctimas que estaban presentes.
En el recientemente implementado “Plan de señalizaciones contra la violencia institucional” en Argentina, las luchas por la memoria del pasado reciente se enlazan con las de las víctimas del presente. Por una parte, esto evidencia la centralidad del proceso histórico de lucha por Memoria, Verdad y Justicia que ha tenido lugar en Argentina y que hoy irradia su potencia hacia nuevas luchas por los derechos humanos, y frente a nuevas problemáticas sociales. Al mismo tiempo, la emblemática consigna que ahora acompaña los retratos de los y las jóvenes víctimas de la violencia institucional, amplía los límites del círculo de víctimas a rememorar y se inscribe en un movimiento de (re)semantización acerca de estas demandas. Una muestra más de que los procesos de construcción de memorias en el presente son siempre abiertos, nunca acabados, y de que este carácter de constante mutación es el que habilita nuevas resignificaciones a la luz de los nuevos contextos.
La presencia cada vez más marcada de la problemática de la violencia institucional en la agenda de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Argentina, aparece como resultado de la resistencia a estas prácticas que construyen diariamente las organizaciones de derechos humanos y que comienzan a encontrar en el Estado un actor de escucha y legitimación de sus demandas, que se sitúa ya no solo en la condena de aquel otro Estado dejado atrás, sino ahora también en el cuestionamiento de su propio accionar en el presente. Los interrogantes que se abren a partir de esto para el abordaje de la problemática son múltiples. Este artículo pretendió aportar una mirada desde el campo de la memoria social guiada por el entendimiento de que las luchas políticas por las memorias del pasado y su transmisión en tanto pretenda ésta constituir un proceso crítico y efectivo, demanda esfuerzos por incorporar la reflexión sobre hechos del presente que interpelen las subjetividades de quienes no vivieron de cerca la experiencia traumática del terrorismo de Estado, pero cuya realidad no se encuentra totalmente alejada de la perpetuación de las violencias sino que, cada vez más evidente, presenta líneas de continuidad con ese pasado que se intenta superar.
Juliana Santos Ibáñez Lic. en Sociología por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Becaria doctoral del CONICET e integrante del Grupo de Investigación en Violencia, Justicia y Derechos Humanos (CESP – FH – UNMDP), estudiante de la maestría en Derechos Humanos y Democracia (CIEP- UNSAM)
Referencias:
Jelin, Elizabeth y Langland, Victoria (2003) “Introducción. Las marcas territoriales como nexo entre pasado y presente.” En: Jelin, Elizabeth y Langland, Victoria (comps.); Monumentos, memoriales y marcas territoriales. Madrid: Siglo XXI de España editores. Pp. 1-18.
Ley 26.691 de 2011. Decláranse Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de represión ilegal. 27 de julio de 2011.
[1] La CPM es un organismo público autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
[2] Sancionada en el año 2011, esta ley de alcance nacional declara Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado “a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983” (Ley Nacional Nº 26.691).
[3] En 2011, Mauricio Ramos y Franco Almirón fueron asesinados a manos de la policía bonaerense en el marco de la represión desatada en el barrio La Carcova de José León Suárez.
[4] Natalia Melmann era una adolescente de 15 años que fue violada, torturada y asesinada a la salida de un boliche en la localidad de Miramar por cinco hombres, cuatro de ellos miembros de la policía bonaerense, en febrero de 2001.
[5] En enero de 1994, once oficiales de la policía bonaerense persiguieron y acribillaron a balazos a cuatro personas que viajaban en dos autos al confundirlos presuntamente con un grupo de delincuentes.
[6] Camila Arjona fue asesinada por un policía que le disparó por la espalda en abril de 2005, en la villa 20 de Villa Lugano. La joven tenía 14 años y estaba embarazada.
[7] Horacio Pietragalla Corti es un funcionario reconocido dentro del ámbito del movimiento de derechos humanos ya que es uno de los nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo en su lucha por el derecho a la identidad.
