Colombia es un país multiétnico y pluricultural, según se señala en el artículo 7 de la Constitución Política de 1991. En el país se reconoce la presencia de 115 Pueblos Indígenas de acuerdo al último censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) del 2018 que habitan en 31 departamentos de los 32 que hay en el país. Sus territorios ancestrales y tradicionales se reconocen bajo la figura de resguardos indígenas (Artículo 68), siendo entidades territoriales (Artículo 286), al igual que los departamentos y municipios en el país constitucionalmente desde 1991.
Los Pueblos Indígenas son actores milenarios de paz y sus aportes a la misma está enraizada desde sus territorios, Leyes de Origen, Derecho Mayor o Ley Natural. “Paz es vivir en equilibrio y armonía con nuestra Madre Tierra” (Montero, 2017), concepto que no es ajeno a la concepción amplia de los Pueblos Indígenas al concebir que los humanos no son los únicos en tener derechos, sino que la tierra como Madre, también tiene derechos, es decir los derechos humanos se deben entender e interpretar desde una perspectiva multidisciplinaria, tal como lo plantea Estévez y Vázquez (2013).
Desde hace por lo menos treinta años, el estudio académico de los derechos humanos ha dejado de ser terreno exclusivo de la disciplina jurídica y se ha convertido en un objetivo compartido por las diversas disciplinas sociales y humanísticas. La agenda de investigación social en derechos humanos incluye aspectos estructurales y subjetivos de fenómenos tales como la migración, el libre comercio, la globalización, la educación, la flexibilidad laboral, las elecciones democráticas, la construcción de identidades culturales y otras, los derechos indígenas, el terrorismo, las disputas por el agua, las negociaciones políticas por el cambio normativo internacional, la violencia contra las mujeres, el uso del derecho con fines políticos o de represión, los procesos de reconciliación después de la transición democrática, etcétera.
Una vez más los derechos humanos deben ser considerados transversales a todas las dinámicas y realidades que viven los seres humanos y todo su entorno que lo rodea. Además, en el caso de los Pueblos Indígenas este va más allá e interpela la concepción “occidental” de los derechos humanos, planteando una idea colectiva de los derechos, defensa que los ha llevado a ser uno de los grupos poblacionales en el país con mayores niveles de vulneración de sus derechos fundamentales, principalmente su derecho a la vida y a la paz.
El diálogo, su fuerza organizativa, su lucha y resistencia han sido sus bastiones para contrarrestar una violencia de larga duración a la cual históricamente de manera continua y sistemática han estado sometidos, donde el conflicto armado interno los ha llevado al borde del exterminio físico y cultural de manera desproporcionada, situación que ya fue reconocida por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009, donde determinó que 36 Pueblos Indígenas están en estas condiciones de riesgo, hoy suman ya 39 pueblos en estado de vulnerabilidad (Benavides y Montero, 2019). Situación crítica sumada por los factores subyacentes del conflicto armado como el modelo de acumulación económica o “desarrollo económico” distante a la propuesta de Buen Vivir-Vivir Bien de los Pueblos Indígenas, que plantea el Estado con sus políticas de “desarrollo” a través del extractivismo, el etno-turismo, la acumulación de la tierra y los monocultivos en territorios de los Pueblos Indígenas, quienes son confinados, desplazados y asesinados por actores armados legales e ilegales que ven en el territorio una fuente de riqueza para el capitalismo y el narcotráfico, rompiendo así con toda lógica de procesos comunitarios, solidarios y de otros sistemas de vida más acordes a las realidades de los pueblos.
Tanto la violencia armada como la violencia institucional ha llevado a los Pueblos Indígenas en Colombia en todos los tiempos a movilizarse por su derecho a la paz, una paz estable, integral y duradera que se ha tejido a pulso desde los diálogos con los comandantes de los actores armados para que en el marco de la autonomía y el gobierno propio respeten la vida de sus comunidades; igualmente acciones de hecho y de derecho se han dado con los gobiernos de turno para que reconozca y materialice sus derechos desde un enfoque diferencial y desde la diversidad.
Toda esta ha sido el cúmulo de más de 530 años entre violencias y resistencias, que ha llevado a que los Pueblos Indígenas le apostaran a incidir en el Acuerdo Final de Paz firmado en noviembre de 2016, un Acuerdo que no tuvo en cuenta en principio ni por el Estado, ni por las guerrillas de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejercito del Pueblo (FARC-EP), a los Pueblos Indígenas, siendo estos los que han sufrido mayormente el conflicto en el país. Al final del proceso después de varias incidencias nacionales e internacionales las organizaciones étnicas lograron incluir un Capítulo Étnico transversal al Acuerdo de Paz con propuestas y salvaguardas para la vida y el territorio, no solo de sus pueblos, sino de todos los colombianos y colombianas.
Finalmente, el régimen político del Estado colombiano, es un régimen que no tiene una adecuación institucional que responda a las demandas territoriales y étnicas del país, aun reconociéndose este pluricultural y multiétnico, situación que se complejiza porque no da respuesta a una implementación de un Acuerdo de Paz de manera integral; 5 años de la vigencia de este, los niveles de violencia en contra de los Pueblos Indígenas, en especial de sus liderazgos es de catalogar como un GENOCIDIO. De acuerdo a la Organización Nacional Indígena de Colombia son más de 350 líderes indígenas asesinados, masacrados y exterminados por buscar la paz en lo que va de los 5 años del Acuerdo, y en lo que va del 2022 de acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), son 12 líderes indígenas asesinados desde enero hasta el 31 de marzo, sumado a eso las desarmonías constantes que hay en contra de los territorios.
Llegaran tiempos nuevos, llegaran vientos de paz, eso es lo que esperan los colombianos y colombianas con la llegada de una nueva presidencia en Colombia este 29 de mayo de 2022. Renace la esperanza del cambio, de la diversidad, de la “inclusión” y de soñar con silenciar los fusiles para que se implemente el Acuerdo Final de Paz.
No hay Paz si siguen los asesinatos de líderes indígenas, no hay paz si siguen asesinando a la Madre Tierra, la paz es con todos y todas.
Óscar David Montero De La Rosa Líder y Sobreviviente del genocidio en contra del Pueblo Indígena Kankuamo, Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Defensor de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, miembro y asesor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia para América Latina y el Caribe (CIEP- UNSAM)
Bibliografía
Benavides, C y Montero, O. (2019). Tiempos de Vida y Muerte: Memorias y Luchas de los Pueblos Indígenas en Colombia, Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Estévez, A. y Vázquez, D. (2013). Los derechos humanos en las ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria. FLACSO México.
