En el Día Internacional de la Libertad de Prensa, el mundo enfrenta una paradoja: mientras las tecnologías digitales han democratizado la información ampliando el acceso, los Estados y grupos de poder intensifican su ofensiva contra quienes ejercen el periodismo. En múltiples regiones del mundo, los comunicadores son blanco de un patrón global de criminalización de la verdad. En América Latina, la violencia contra comunicadores persiste bajo la sombra de la impunidad. Más recientemente, en Argentina, el periodista Pablo Grillo —quien permanece en estado crítico tras ser agredido por fuerzas estatales sin que avance ninguna investigación— revela cómo la violencia se normaliza incluso en democracias nominales.
Figure 1-Periodistas asesinados entre 2023 y 2024. Committe to protect Journalist. Fecha de consulta 29042025
1. Internet y periodismo: entre la resistencia y la vigilancia.
Desde el Estallido Social colombiano (2019-2021) se demostró el poder de las redes sociales para contrarrestar la desinformación estatal y denunciar abusos policiales. Plataformas como Twitter e Instagram se convirtieron en herramientas clave para periodistas ciudadanos y medios independientes, cuyos reportes expusieron violaciones a derechos humanos desafiaron el relato oficial. Sin embargo, como advirtió la CIDH (2021), el “ciberpatrullaje” y el perfilamiento digital de manifestantes también se extendieron a comunicadores; en la actualidad estas prácticas continúan sin regulación.
Así mismo, múltiples gobiernos autoritarios en la región han empleado una estrategia sistemática para estigmatizar a medios críticos o independientes; Según el último balance de Reporteros Sin Fronteras (2024) registra 54 periodistas asesinados (52 hombres y 2 mujeres), 550 encarcelados, 55 secuestrados y 95 desaparecidos a nivel global(BALANCE-RSF-2024.pdf, s. f., p. 4). La ecuación es clara: silenciar voces incómodas bajo el pretexto de la seguridad nacional.
2. Gaza: el periodismo como blanco de guerra**
La fotoperiodista palestina Fatma Hassouna, asesinada en abril de 2024 por un bombardeo israelí mientras documentaba la hambruna en el norte de Gaza, simboliza esta crisis. Su nombre se suma a las más de 140 periodistas ejecutados en este genocidio (Explore CPJ’s database of attacks on the press, s. f., p. 2). Su caso no es aislado: La muerte de Fatma Hassouna —quien pereció junto a su familia en un bombardeo israelí— no fue un accidente: es parte de una campaña sistemática. Israel ha asesinado a más periodistas en 6 meses que cualquier otro conflicto en 30 años (Observatorio de Periodistas Asesinados | UNESCO, s. f.). Asegún RSF, 16 periodistas de los 54 periodistas ejecutados en 2024 eran palestinos.
Este patrón no es exclusivo de Oriente Medio. En América Latina, México y Colombia lideran las estadísticas de violencia: 5 asesinatos y 30 desapariciones solo en territorio mexicano en 2024. Mientras Asia y Medio Oriente encabezan los encarcelamientos masivos, África y Europa del Este emergen como zonas de alto riesgo para la integridad de los reporteros. La diferencia radica en los métodos: en Gaza, la violencia es industrializada; en Latinoamérica, se esconde tras el barniz de democracias fracturadas.
Conclusión: Defender la prensa es defender la democracia
La libertad de prensa no es un privilegio: es un derecho llave para exigir otros. La ultima relatoría especial para la protección de la libertad de prensa en 2023 marcó pautas para la defensa de los periodistas y comunicadores dentro de las recomendaciones que se realizaron se contemplan acciones de:
Protección efectiva con mecanismos adecuados de seguridad para el ejercicio de la labor.
Avanzar en regulaciones clave como tecnologías de reconocimiento facial o ciberpatrullaje que criminalizan la labor informativa.
Exigencia de rendición de cuentas en el avance investigativo de casos de violencia Estatal.
Así mismo es importante la validación de los protocolos de autoprotección de reporteros desde una perspectiva de cuidado; la validación de procesos de señalización a reporteros y defensores de derechos humanos en contextos de conflicto y movilización social; la generación de espacios participativos para la coconstrucción de los mecanismos y protocolos de defensa y su validación por parte de organizaciones de defensa de reporteros.
Lic. en Administración Financiera en la Universidad del Tolima y en Administración Pública (UNSAM). Miembro de la Red Colombiana de Líderes Juveniles RedKolumbien y miembro de Fuerza Común. Maestrando en Derechos Humanos y Democracia en América Latina y el Caribe (LATMA – CIEP/UNSAM).
