“Que
su primer deber es garantizar la paz social y no quiere que los violentos ganen
este debate”, dice en conferencia de prensa del 26 de diciembre Rodolfo
Suarez, el gobernador recientemente electo de la provincia de Mendoza. Llegando
casi el 2020, su discurso suena a siglo XIX, y no se priva de algunas frases polémicas
tal que como se trata de una ley que se acaba de promulgar no está vigente,
porque aún no está reglamentada.[1] “Los mendocinos llevamos
el cuidado del agua en el ADN”,
dicen, por el contrario, las y los ciudadanos en las multitudinarias manifestaciones
que se produjeron estos días en los edificios públicos y las rutas de toda la
provincia.
Mendoza, que pertenece a
la región geográfica de Cuyo, fue la primer provincia argentina en contar con
una Ley General de Aguas, en 1884. Se trata de una regulación detallada, que se
robusteció luego con la Constitución Provincial de 1916. Ya en 2007, se
promulga la ley 7722 de 2007 de Prohibición de Sustancias Químicas, que también
protege el agua al prohibir el uso de sustancias químicas como el cianuro en
los procesos mineros metalíferos. Desde su sanción y hasta la actualidad, esta
norma fue atacada por empresas mineras ante la Suprema Corte provincial, que
han pedido en diez oportunidades –sin éxito- que se declare la
inconstitucionalidad de la misma.[2]
La primer acción de Suarez como gobernador de la provincia fue llevar a la legislatura el proyecto de la actual ley 9209 que modifica la ley 7722. A pesar de que la ciudadanía mendocina se movilizó de forma multitudinaria desde ese momento, la ley fue sancionada en la legislatura y promulgada por su gobernador, en un procedimiento que sorprendió por su celeridad. Como las manifestaciones no cesaron, el gobernador comunicó en conferencia de prensa que convocaría a un debate público antes de reglamentar la ley.
#ElAguaDeMendozaNoSeNegocia sigue siendo TT. En Mendoza nadie durmió. Se está dando la mayor manifestación popular de los últimos tiempos. Caminata hasta Mendoza, acampe y corte de ruta. Nadie se va a la casa sin el veto de ley del cianuro. pic.twitter.com/QjIP1uOLDr
Visiones de la democracia y la pregunta por el ministerio de ambiente
En un diciembre lleno de
cambios en los direccionamientos políticos del Estado argentino, debido al triunfo
electoral del Frente de Todxs, lo que ocurre en la provincia de Mendoza
profundiza la pregunta sobre el modelo de país que los argentinos queremos
construir. El gobernador mendocino, que pertenece al espacio Juntos por el
Cambio (del saliente gobierno de Mauricio Macri), respalda sus decisiones en
haber sido recientemente electo por la ciudadanía y deslegimita las protestas sociales
indicando que generan miedo en la población sin argumentos y son llevadas
adelante por grupos violentos. En forma algo irónica, agrega, que
“aparentemente” la sanción de la 9209 no tendría legitimidad social y por eso
propone no regularla hasta que se profundice el debate.
En su decir y actuar, el
gobernador Suarez muestra que su visión de la democracia está estrechamente
relacionada al ejercicio del derecho político al voto ignorando que protestar
es un derecho que nos permite acceder a otros derechos. Y debe saber, además,
que el derecho a un ambiente sano es fundamental para proteger la vida nuestra
y de las futuras generaciones. Y en este sentido, tal vez deba saber también
que el derecho ambiental trajo muchas novedades a la forma de pensar la
política y tomar las decisiones, pues entre sus cimientos están el acceso a la
información pública, la participación ciudadana y el acceso a la justicia.
Principios que, vale decir, deberían aplicarse a cualquier tema de gobierno.
No es Suarez el único que
debe aprender derecho ambiental, claro. Las cuestiones ambientales no pueden ni
deben decidirse solo en el ámbito provincial como si los ríos o los ecosistemas
terminaran con cada jurisdicción.[3] La política ambiental
argentina se enmarca en el llamado “federalismo de concertación”, en el cual la
nación estipula presupuestos mínimos de protección ambiental para ciertas
actividades y las provincias pueden aumentar la protección y regular en sus
detalles (como se ha hecho, por ejemplo, con los glaciares y los bosques). El
Ministro de Ambiente, Juan Cabandié se ha pronunciado recientemente con su
preocupación sobre la situación mendocina. Un buen pero tardío gesto que
también nos pregunta, si queremos construir “democracia para siempre” y “patria
para todxs”, ¿no deberíamos empezar a preocuparnos por la cuestión ambiental
seriamente? Por ejemplo, sería deseable que se siguiera en este Ministerio el
mismo criterio que en otros: poniendo a cargo de la cartera a una persona que
tenga alguna trayectoria en el tema.
Las venas abiertas
Lo que se puso en
cuestión en las calles mendocinas fue quién decide sobre sus recursos: si sus
representantes son representantes de la voluntad popular, o si son
representantes de los intereses de la megaminería. La situación provincial es
un ejemplo y un reflejo de problemáticas que se repiten a nivel nacional y
también latinoamericano, y que refiere a la soberanía de nuestros territorios.
La cuestión ambiental resulta central de las luchas por la vida y la democratización social en toda América Latina, en nuestro continente, en el que el capitalismo avanza por desposesión. Quienes compartimos vivencias latinoamericanas, sabemos que las y los defensores de derechos humanos y entre ellos las y los defensores de la tierra, el agua y el ambiente están expuestos a peligro hasta de muerte. La cuestión ambiental, es también, un talón de Aquiles para la oleada de gobiernos progresista que tuvimos y tenemos. Una tensión siempre presente en países que intentan gobernar independientemente de las presiones de otros países y de empresas transnacionales, pero que caen muchas veces en obtener de allí determinadas rentas. Se trata entonces, de seguir trabajando para tomar decisiones humanas, democráticas y soberanas.
Paula Cardella Abogada y Magister en Derechos Humanos y Democratización (CIEP- UNSAM)
[1] Aunque el gobernador no sepa aún
cuáles son las consecuencias de sus actos, cuando él promulga una ley, ésta
adquiere vigencia aunque no la reglamente. En el derecho argentino, que una ley
no esté reglamentada no obsta a su vigencia y por lo tanto, a su exigibilidad.
[2] Lo mismo que estas megaempresas
mineras han hecho con la ejemplar Ley de Glaciares.
[3] Un caso testigo es el del Río Atuel, del cual Mendoza tan celosa cuidadora de sus propios recursos, privó a su provincia vecina de La Pampa.
