Las dificultades de Jair Messias Bolsonaro en construir
su base de apoyo en el Congreso Nacional para aprobar medidas clave para
generar mejoras en los indicadores económicos no han impedido que su gobierno
promueva un desmonte de la política ambiental brasileña construida a lo largo
de los últimos 30 años de vuelta a la democracia. De hecho, recientemente todos/as
los/as ministros/as de Medio Ambiente – que recorre todo el espectro ideológico
de la política brasileña – se han reunido en un intento de hacer frente a las
políticas implementas por el actual gobierno.
Durante la campaña, Bolsonaro prometía eliminar el
Ministerio de Medio Ambiente e insertarlo en el Ministerio de Agricultura.
Pasada las elecciones y la polémica que desató dicho intento, otra estrategia
se ha puesto en práctica. El principal órgano ambiental se mantuvo bajo el
mando del Ministro Ricardo Salles – ya condenado en la justicia brasileña por
improbidad administrativa – y aunque aparenta normalidad, se han implementado
medidas que contrastan con la efectiva protección de la biodiversidad y la
promoción del desarrollo sostenible en Brasil. Desde que asumió Bolsonaro, los
principales cambios han sido:
La competencia para demarcar tierras indígenas, que ha sido transferida del
Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de Agricultura, órgano comandado por
Tereza Cristina, conocida como la “Musa del Veneno” por su lobby favorable a
los agrotóxicos o “defensivos agrícolas” según defiende la industria del
producto.
La transferencia de la Agencia Nacional de Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente hacia el Ministerio de Desarrollo Regional;
La transferencia de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) hacia el
Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. Tras la movilización de líderes
indígenas y de la sociedad civil, el miércoles 22 los diputados de oposición y
de la centro derecha devolvieron la FUNAI al Ministerio de Justicia, imponiendo
una derrota a la agenda de Bolsonaro.
En el mes pasado, todos los directivos del
Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio),
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, fueron reemplazados por oficiales
de la Policía Militar de Sao Paulo.[1]
El
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) ha pasado por un proceso de perdida de autonomía por parte de sus funcionarios
técnicos. Por otro lado, la línea institucional del gobierno se basa en el enfrentamiento
a lo que Bolsonaro le dice “industria de multas” del IBAMA. En la práctica, el
número de infracciones ambientales sancionadas se ha reducido drásticamente: En
el primer bimestre de 2019 fueron 119 infracciones aplicadas, en 2018, 2017 y
2016 fueron 1.581, 1.630 e 1810
respectivamente. La deforestación en los primeros 15 días de mayo son
preocupantes. Se deforestó lo equivalente a 7 mil canchas de futbol. Entre
agosto de 2018 y abril de 2019 la tasa de deforestación fue aproximadamente la
misma de las dos semanas de mayo.
En el plano
discursivo, el presidente Bolsonaro y su ministro de medio ambiente promueven
una cruzada contra diversos actores. “Lo que daña la imagen de Brasil es la permanente y
bien orquestada campaña de difamación por parte de ONG y supuestos expertos
dentro y fuera de Brasil”, apunta Salles. Bolsonaro en una de sus
transmisiones en vivo en Facebook ha afirmado que las tierras indígenas deberían
abrirse a las industrias de minería y al monocultivo y finalizó su discurso
suponiendo que los indígenas son pobres en territorio rico.
En el plano internacional, el gobierno ha colocado al Brasil
en el grupo de países “negacionistas climáticos”. Para ellos, los cambios
climáticos no tienen relación con la acción humana. Más allá de poner en jaque
el compromiso brasileño con el Acuerdo de París, Brasil se negó a ser sede y
canceló la Conferencia del Clima de la ONU, la COP-25, que terminó organizada
por Chile.
Asimismo, en los últimos días el gobierno brasileño ha
cuestionado la efectividad del “Fondo Amazonia”, un fondo financiado
principalmente por el gobierno de Noruega y Alemania, que tiene por objetivo promover
acciones para contener y prevenir la deforestación del Amazonas. Salles señaló
supuestas irregularidades en los contratos y que trató el tema con los
principales países donantes, quienes luego rechazaron que hayan sido
consultados. En la misma línea, los órganos de control brasileños no han
ofrecido ningún informe o documento que confirme las supuestas
irregularidades. Luego de las críticas
de Salles, el presidente del “Banco Nacional de Desarrollo Económica y Social
(BNDES)”, que controla el fondo, ha
destituido a la Jefa del Departamento de Medio Ambiente del Banco.
El frente creado por los anteriores Ministros de Medio
Ambiente de Brasil demuestra que el panorama actual en materia de política
ambiental es preocupante. A ellos se suma el activismo de diversas
organizaciones de la sociedad civil, voces de la opinión pública y de la
sociedad en general, que buscan poner frenos a las acciones de desmonte
emprendidas por el gobierno Bolsonaro y el sector agropecuario.
Felipe Wunder Asistente de investigación en el Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP) de la UNSAM Graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Brasília y Magister en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por el CIEP.
[1] El ICMBio es el órgano responsable por la implementación, manutención, gestión y fiscalización de los bosques naciones bien como por la promoción de investigaciones para la conservación de la biodiversidad.
