Guatemala es ese
pequeño y multicultural país del triángulo norte centroamericano que aparece en
los noticieros cada tanto tiempo por algún desastre natural, por sus datos
alarmantes de desigualdad o inseguridad y/o inestabilidad política. Derivado de
la persecución penal dirigida a cuadros políticos y empresariales por casos de
corrupción y las movilizaciones sociales suscitadas en 2015, se ha ido gestando
un reacomodo en el tablero político, marcado por los diversos esfuerzos de los
sectores más conservadores del país en recetar amnistías para procesados por
diverso tipo de delitos.
Respecto a esto
último, es necesario señalar que, en septiembre de 2017, 113 diputados (de un
total de 158) aprobaron dos decretos que modificaban la responsabilidad penal en
gran parte de los delitos tipificados en la legislación nacional. Esta medida
tenía como objetivo hacer que los procesados y procesadas por corrupción -y que
se encontraban en prisión preventiva- pudieran obtener sustitutivos penales y
la libertad inmediata. Esta acción generó grave descontento en la población
guatemalteca en general, pues también representaba amnistía para más de
doscientos delitos. Finalmente dicha iniciativa fue criticada por muchos sectores
sociales, y los diputados dieron marcha atrás.
Posteriormente
por razón de un exhorto emitido por Corte de Constitucionalidad, el pleno del
Congreso de la República convocó a diversos sectores para conocer la reforma al
delito de financiamiento electoral ilícito, delito por el cual diversos
personajes del sector empresarial y político del país se vieron investigados y fueron
procesados hasta determinado punto. Este nuevo escenario se resolvió con el
Legislativo reformando el delito dando penas menores y otorgando una salida
procesal más a quienes enfrentaban procesos penales por dicho tema.
Actualmente, uno
de los escenarios más complejos de la justicia transicional se está discutiendo
en el Palacio Legislativo, pues desde el mes de octubre de 2018 un grupo de
diputados de diversos partidos y que responden a los intereses más
conservadores del país, han promovido la aprobación de una reforma al Decreto
145-96 o Ley de Reconciliación Nacional.
Dicho decreto
legislativo contiene las pautas de amnistía aplicables para los diversos
actores que tomaron las armas en el Conflicto Armado Interno y en su artículo
octavo determina lo siguiente: “La
extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable
a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos
delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de
responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados
internacionales ratificados por Guatemala”. Como puede entenderse, este
apartado normativo ha generado molestia pues deja abierta una ventana amplia
para procesar a las personas que incurrieron en graves violaciones a los
Derechos Humanos entre 1960 y 1996 en Guatemala.
Asimismo, es
necesario señalar que dicho apartado ha sido fundamental para viabilizar los
procesos penales contra los perpetradores de terrorismo de Estado y así poder
dilucidar las responsabilidades penales. Siendo precisamente uno de los puntos
que esta legislatura pretende derogar en los próximos días. De tal suerte,
estamos en un escenario complejo en donde el rechazo de la sociedad civil y
Corte Interamericana de Derechos Humanos parece caer en oídos sordos de los
legisladores[1]
que aparentemente intentaran asestar otro golpe a la justicia, para así favorecer
con amnistía a otro sector que ha mostrado su apoyo política en la gesta por
institucionalizar la impunidad.
De tal suerte, es
necesario fijar la mirada a lo que acontece en Guatemala y recordar que la lucha
por los Derechos Humanos, la justicia y la dignidad de las víctimas es algo
constante, por lo cual debemos denunciar estos intentos por institucionalizar
la impunidad y dar la batalla legal correspondiente para frenar estar
iniciativas regresivas.
