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La Constitución haitiana de 1987: 37 años después, una situación de crisis

On 12/04/2024 by

El 37º aniversario de la Constitución del 29 de marzo de 1987 se conmemora en un momento en el que Haití se enfrenta a una crisis multidimensional que asola todos los niveles del Estado. Ninguna institución republicana funciona y existe un vacío institucional. El ejecutivo bicéfalo carece de presidente desde el magnicidio de Jovenel Moise en 2021, y ahora está en punto muerto tras la reciente renuncia del cuestionado primer ministro, Ariel Henry; no hay parlamento, y el poder judicial no es más que una ficción. Tras varias décadas de experimentos y errores democráticos, el país caribeño se encuentra de nuevo sumido en un caos generalizado.

El 29 de marzo de 1987 fue un día histórico para el pueblo haitiano. Fue el día en que se adoptó una nueva Constitución tras años de lucha por la democracia y la justicia social. Los haitianos votaron con entusiasmo esta Constitución porque sabían que representaba un paso adelante en su lucha por la democracia y el Estado de derecho. La Constitución de 1987 fue redactada por un grupo de mujeres y hombres dedicados con el objetivo de reafirmar los derechos humanos fundamentales proclamados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, con vistas a romper con las prácticas dictatoriales y facilitar la transición a la democracia y la participación ciudadana en los asuntos del Estado tras tres décadas de dictadura y represión bajo el régimen sanguinario de François Duvalier (Papa Doc) y su hijo Jean-Claude Duvalier (Baby Doc).

La nueva Constitución fue el resultado de un largo proceso de consulta popular y debate entre las distintas fuerzas políticas del país. Los haitianos votaron masivamente en el referéndum sobre la Constitución de 1987. Expresaron su apoyo abrumador a esta Constitución, considerada como un documento clave para la consolidación de la democracia en Haití. El entusiasmo de los haitianos por esta Constitución se vio alimentado por el hecho de que reconocía sus derechos fundamentales como ciudadanos. Garantizaba la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto y la libertad de asociación. También consagraba el principio de separación de poderes, esencial para garantizar el Estado de derecho.

Por desgracia, la nueva Constitución no consiguió poner fin a las dificultades políticas y económicas de Haití. El país siguió experimentando periodos de turbulencia política y crisis económica. Las esperanzas suscitadas por la Constitución se vieron rápidamente frustradas por los acontecimientos que siguieron. Años de violencia política, corrupción e inestabilidad obstaculizaron la aplicación de muchas de sus disposiciones.

La situación actual en la nación caribeña

Actualmente, esta Constitución fue tan violada que el país ha llegado a una situación de crisis en la que ha quedado en suspenso. En efecto, Haití lleva una historia de violencia política y social arraigada en la colonización, la esclavitud y más recientemente la injerencia externa. El país se enfrenta a una situación de recrudecimiento de las violaciones de los derechos humanos de la población por los grupos armados. Asesinatos, lesiones y secuestros son el día a día de los más vulnerados. La violencia sexual contra las mujeres y las niñas sigue siendo endémica, y no ha habido avances en cuanto al acceso a los servicios y a la justicia para las supervivientes”, señala William O’Neill, experto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Haití.

La dimisión forzada del primer ministro, Ariel Henry, puso de manifiesto el aumento del poder de los grupos criminales que aterrorizan al país; los grupos armados fueron durante mucho tiempo financiados y controlados por políticos, funcionarios y empresarios corruptos, adquirieron gradualmente autonomía hasta el punto de intentar imponer su agenda política frente a la incapacidad de la policía para contrarrestarlos. En este aspecto, los grupos armados unieron fuerzas para atacar lugares estratégicos de Puerto Príncipe, incluidos las instituciones públicas, los símbolos estatales, los aeropuertos y los puertos por donde llega un gran número de productos de primera necesidad y ocupan gran parte de la capital haitiana (algunas estimaciones hablan del 80%). Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “la corrupción, la impunidad y la mala gobernanza, agravadas por los crecientes niveles de violencia de los grupos armados, pusieron en riesgo el Estado de Derecho y llevaron a las instituciones estatales (…) al borde del colapso”.

En este sentido, resulta necesaria la llegada de una fuerza multinacional capaz de superar la fuerza de ataque de los grupos armados y apoyar a la policía para recuperar el control de las zonas estratégicas y restablecer la autoridad del Estado. Sin embargo, lo que estamos presenciando es que los principales países de la región con capacidad para intervenir sobre el terreno se muestran poco dispuestos a hacerlo. Esto se explica por el historial de intervenciones de la comunidad internacional en Haití, incluida la última misión de la ONU, la MINUSTAH, que dejó el país con cólera y fue objeto de acusaciones de violaciones de los derechos humanos.

Es así como la comunidad internacional se ha fijado en Kenia para tomar las riendas de una misión multinacional de seguridad, con el beneplácito del tridente occidental (Estados Unidos, Francia y Canadá) que pesa mucho en las decisiones en Haití. Pero muchos críticos han cuestionado la capacidad del país africano para hacer frente a los grupos armados y la dificultad que tendría para comunicarse con la población local por las barreras lingüísticas. Las autoridades keniatas tampoco quieren aventurarse en un terreno desconocido y reciben presiones por parte de la oposición y de la sociedad civil. A pesar de la voluntad expresada por el Estado keniano, la conformación de la misión de seguridad está en un punto muerto ya que Kenia dio marcha atrás, alegando que eran necesarias nuevas evaluaciones.

Los desafíos de esta crisis multidimensional

Siguiendo a Calderón y Colombo (2021), la crisis multidimensional tiene dimensiones políticas, de seguridad y humanitarias y ha significado una mayor complejidad, y consecuentemente un mayor riesgo para el país.

En el plano político, ya hemos mencionado el vacío de poder que reina actualmente en el país. La clase política y los actores de la sociedad civil no logran ponerse de acuerdo sobre una salida a la crisis. A pesar de las propuestas al margen de la Constitución efectuadas por la comunidad internacional a través de la Comunidad del Caribe (CARICOM), que incluye un Consejo Presidencial en un espíritu de compromiso político, las líneas no se mueven debido a las divergencias entre los diferentes espacios políticos.

En materia de seguridad, la policía está desbordada y mal equipada, la influencia de los grupos armados ha crecido exponencialmente, el número de víctimas de la inseguridad sigue aumentando y las cifras de muertes son alarmantes. Las zonas estratégicas y los recursos están controlados por grupos armados, que bloquean el acceso a la población civil. Los hospitales son a menudo blanco de los grupos armados, y las escuelas no pueden abrir sus puertas. Esta situación agravó la inseguridad alimentaria en la población y provocó un deterioro de la situación humanitaria. La ONU dio la voz de alarma ante esta situación, en la que una gran parte de la población se ve privada del acceso al agua potable, a los alimentos y a otros productos básicos, sin olvidar los numerosos desplazados internos como consecuencia de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los grupos criminales.

¿Cómo salir de esta crisis?

El pueblo haitiano sigue siendo la única víctima de esta crisis. Los haitianos esperan una solución a la crisis lo antes posible. Por el momento, las rondas de negociaciones iniciadas por la organización regional CARICOM bajo los auspicios de Estados Unidos para crear un consejo presidencial de transición no han dado aún resultados efectivos. El objetivo de este organismo es devolver al país, gran parte del cual está en manos de grupos armados, a la senda de la estabilidad.

Para intentar frenar el avance de los grupos armados que imponen su ley a una población indefensa ante la violencia sistémica, la llegada de una fuerza multinacional parece la opción más evidente. Los principales Estados occidentales han puesto la mira en Kenia para tomar el mando de esta fuerza. Esta fuerza multinacional tarda en materializarse, mientras la población civil sigue sufriendo la violencia de los grupos armados. Esto demuestra la relegación de la cuestión haitiana a un segundo plano en un contexto mundial dominado por los conflictos ruso-ucraniano e israelí-palestino.

Dada la caótica situación y el desplazamiento interno de un número considerable de personas, también es de temer una crisis migratoria. Se necesita ayuda internacional para hacer frente a la crisis humanitaria. En este punto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha tomado la iniciativa y ha actualizado las directrices para garantizar la protección de los haitianos más vulnerables.

A modo de conclusión, creemos que la democratización de Haití debe pasar necesariamente por la protección de los derechos humanos, lo que presupone el acompañamiento de la comunidad internacional en la creación y fortalecimiento de instituciones democráticas dedicadas a esta tarea, así como el refuerzo del Estado de derecho. Esperemos que los partidos políticos sean capaces de proponer una ‘‘oferta’’ política válida para responder a las necesidades de la población y así contribuir a la reestructuración de la vida social y la construcción de una democracia.

Jean Bonaparte

Egresado en Relaciones Internacionales por la UNSAM , de nacionalidad haitiano y estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe (CIEP- UNSAM)

Bibliografía

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