El proceso de
transición en Chile, iniciado en el año 1990, se caracterizó por establecer
desde un principio comisiones de verdad. Las mismas fueron relevantes para
evidenciar los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura y que, en
democracia, incluso, muchos negaban. Pero respecto a la justicia que esos
mismos crímenes requieren, la deuda se mantiene vigente.
Transición
Beristain
(2006) señala que la transición chilena se caracterizó por ser un proceso
condicionado, al que denominó “verdad sin justicia”. En primer lugar, por los
condicionamientos a las modificaciones al sistema político y social que
pudieran realizarse en democracia (altos quórum para modificar la Constitución,
senadores designados y el sistema electoral binominal entre otros) y segundo,
por las limitaciones que la “ley de amnistía” -promulgada durante la dictadura
cívico militar liderada por Augusto Pinochet- imponía a los procesos judiciales
por crímenes de lesa humanidad. Pese a lo anterior, los procesos de verdad se
llevaron con relativo éxito y significaron, al menos, dar a conocer
públicamente lo que se intentó ocultar durante diecisiete años.
El Decreto Ley
No. 2191, más conocido como “Ley de Amnistía”, fue dictado por la Junta Militar
el 18 de abril de 1978. Esta ley significó que todas las personas implicadas en
actos delictivos en calidad de autores, cómplices o encubridores, cometidos
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, no podrían ser
procesados, esto sin hacer una distinción entre los delitos comunes y aquellos
cometidos con motivación política. Este periodo corresponde a los cinco años en
que se mantuvo vigente el estado de sitio y en el que se realizaron violaciones
sistemáticas a los derechos humanos. Mediante esta estrategia jurídica, es que
la dictadura obstaculizó los procesos judiciales, a lo que luego se sumaría la
remoción de cuerpos con la finalidad de no ser encontrados en el futuro y
también el pacto de silencio de las Fuerzas Armadas respecto a la comisión de
crímenes y el destino de los ejecutados y detenidos desaparecidos.
Cabe destacar
el rol encubridor que cumplió con respecto a este tema el Poder Judicial tanto
en dictadura, como en gran parte del periodo de transición. Así es como
reconocieron la Ley de Amnistía, además de que gran parte de los tribunales se
declararon incompetentes ante las denuncias recibidas respecto a violaciones a
los derechos humanos, trasladando las mismas a la Justicia Militar. Obviamente,
esto redundaba en resultados desfavorables para las víctimas de violaciones a
los derechos humanos. Ya en democracia, los jueces, aún temerosos, postergaron
latamente procesos y aplicaron constantemente la prescripción para casos de
violaciones a los derechos humanos (Beristain, 2006).
A partir de
1998 se produce un cambio de interpretación, ya que la Corte Suprema establece
que, para los casos de vulneración a los derechos humanos, la Ley de Amnistía
se debe entender inaplicable. Esto, abre la puerta no solo a la judicialización
de miles de casos, sino también la discusión respecto a los obstáculos
establecidos en dictadura y durante los primeros años de transición para la
judicialización de los casos.
La detención de
Pinochet en Londres en 1999, también abre una nueva etapa a partir de la cual
se establece una mesa de diálogo constituida por distintos grupos de la
sociedad, incluidos los militares. Esta mesa de diálogo abordó principalmente
lo referente al reconocimiento de los ilícitos y la discusión de medidas para
determinar el paradero y destino de los detenidos desaparecidos (Méndez, 2007).
Lamentablemente, los resultados no fueron los esperados respecto a la entrega
de información de la ubicación de los cuerpos. Sin embargo, existió por primera
vez un reconocimiento, tanto por parte del alto mando de las Fuerzas Armadas
como de algunos generales retirados, acerca de la veracidad de los crímenes de
lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Comisiones de verdad y reparación
En 1990 se crea
la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, cuyo objeto fue “contribuir al
esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los
derechos humanos cometidas en los últimos años, sea en el país o en el
extranjero, si estas últimas tienen relación con el Estado de Chile o con la
vida política nacional, con el fin de colaborar a la reconciliación de todos
los chilenos y sin perjuicio de los procedimientos judiciales a que puedan dar
lugar tales hechos” (Aylwin, 2007). Esta comisión, conocida coloquialmente como
“Comisión Rettig”, conoció de 3.550 denuncias y solo contabilizó ejecuciones y
desapariciones durante la dictadura de Pinochet, reconociendo a 2.279 personas
como víctimas de la violencia estatal. Entre las recomendaciones realizadas se
establecieron medidas de reparación simbólica y reivindicación de las víctimas,
creándose en 1992 la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
La Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación tuvo como finalidad establecer la
condición de víctimas de aquellas personas respecto de las cuales la Comisión
Nacional de Verdad y Reconciliación no logró formarse convicción o cuyos casos
no alcanzó a examinar por falta de antecedentes suficientes, esta comisión
recibió 1.200 denuncias y el resultado final fue el reconocimiento de 3.195
casos calificados como violación a los derechos humanos.
Posteriormente
el año 2003 mediante el Decreto 1040, se estableció la Comisión Nacional sobre
Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”, el resultado
fueron 36.035 testimonios de personas que fueron víctimas de prisión política y
torturas, reconociendo a 27.255 personas. Uno de los mayores aportes de esta
Comisión fue tener antecedentes respecto a los recintos de detención en Chile y
quienes estaban involucrados directa o indirectamente en las violaciones a los
derechos humanos.
Finalmente, el
año 2010 se creó la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de
Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y
Tortura, conocida como “Comisión Valech II”. El objetivo de esta comisión fue
reconocer a las víctimas que no prestaron testimonio anteriormente o bien no
fueron reconocidas como víctimas por las comisiones anteriores. Para el caso en
concreto se recibieron 32.453 testimonios, 622 referentes a casos de detenidos
desaparecidos y ejecutados políticos, y 31.831 respecto a prisión política y
tortura.
Si bien las
distintas comisiones de verdad realizadas en Chile han tenido un rol relevante
en el esclarecimiento de lo sucedido durante la dictadura cívico militar y en
aspectos de reparación, una de sus principales limitaciones ha sido que los
antecedentes aportados por las víctimas tienen el carácter de secreto. Así
podemos establecer lo siguiente respecto a cada comisión (Meza-Lopehandía,
2016):
1. Comisión
Rettig: el Decreto por la cual fue creada estableció que las actuaciones de la
Comisión son de carácter reservado, pero permitiendo que los Tribunales de
Justicia accedan a la información contenida en el informe cuando existan
procesos que lo requieran.
2. Comisión
Valech: a diferencia de la “Comisión Rettig”, en esta comisión se estableció
que “Todas las actuaciones que realice la Comisión, así como todos los
antecedentes que ésta reciba, tendrán el carácter de reservados, para todos los
efectos legales”. Posteriormente se estableció reserva absoluta durante
cincuenta años de todos los antecedentes recibidos por la “Comisión Valech” y
se estableció explícitamente la prohibición de acceso a los documentos a toda
“persona, grupo de personas, autoridad o magistratura”, con la excepción de solicitud
por parte de los titulares de las declaraciones para hacerlos públicos.
3. Comisión
Valech II: para esta segunda parte, se mantuvo lo referente a la reserva de
este modo “todas las actuaciones que realice la Comisión, así como todos los
antecedentes que reciba, tendrán el carácter de reservados, para todos los
efectos legales”, pero sin establecer un plazo, ni prohibición expresa respecto
al acceso por parte del Poder Judicial. Lamentablemente, por medio de una ley
posterior se establecieron los mismos criterios de confidencialidad de la
“Comisión Valech I”.
Como es
evidente, la confidencialidad establecida para las comisiones “Valech I” y
“Valech II” significa una vulneración a los instrumentos internacionales de
derechos humanos ratificados por Chile, pues mantienen la impunidad y no
colaboran en perseguir la responsabilidad penal de quienes cometieron graves
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Sumado a lo
anterior, se produce una contradicción respecto al tratamiento de los testimonios,
pues respecto a la “Comisión Rettig” los tribunales de justicia sí tienen
acceso, mientras no lo tienen respecto a los contenidos en las Comisiones
Valech I y II. Esto último genera claramente una vulneración al principio de
igualdad ante la ley, vulnerando tanto la Constitución como el Derecho
Internacional de los derechos humanos.
Cabe destacar
que actualmente y desde el año 2016 se tramita en el Congreso Nacional un
proyecto de ley que busca que los tribunales de justicia puedan acceder a los
testimonios entregados en ambas Comisiones Valech, teniendo como principal
fundamento que la reserva de cincuenta años impide que los tribunales puedan
acceder a estos, y, por tanto, se limita el acceso a la justicia de miles de
víctimas.
Justicia transicional e hitos jurisprudenciales
Paul Van Zyl (2011), establece que “el objetivo de la justicia transicional implica llevar a juicio a los perpetradores, revelar la verdad acerca de crímenes pasados, brindar reparaciones a las víctimas, reformar las instituciones básicas y promover la reconciliación”. En relación a esto, a continuación, analizaremos los hitos jurisprudenciales durante la transición, con la finalidad de mostrar los avances y retrocesos respecto a procesos judiciales en casos de violaciones de derechos humanos en dictadura y condenas.
Primera etapa 1990 – 1998
Este periodo
comienza con el gobierno democrático de Patricio Aylwin y finaliza con el
arresto de Pinochet en 1998. Como vimos anteriormente la transición comenzó con
un proceso de “verdad sin justicia” relacionado principalmente a la “Comisión
Rettig”, pero también con medidas relacionadas a la memoria: la reapertura del
Museo de la Solidaridad Salvador Allende (1991); monumentos en memoria de
Salvador Allende (1994); financiamiento, por parte del Ministerio del Interior,
del Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en el
Cementerio General (1994); la aprobación de un Decreto Ley para la expropiación
del recinto Parque por La Paz Villa Grimaldi y su consiguiente reapropiación
(1994); y, finalmente, la creación del Monumento Histórico Nacional Hornos de
Lonquén (1996). (Pfeiffer, 2014)
Si bien,
durante este periodo el Poder Judicial aplicó mayoritariamente la aplicación de
la ley de amnistía, hay casos de relevancia que sostuvieron posiciones
distintas, o bien, realizaron interpretaciones del tipo penal que favorecieron
el juzgamiento de militares. De esta forma destacamos los siguientes:
a. Caso José
Julio Llaulén y Juan Eleuterio Cheuquepán:
Este fallo (1993) es de relevancia pues se trata del primer caso que
descartó la prescripción y la Ley de amnistía por calificar al secuestro como
un delito permanente, entendiendo que en el caso de personas aún desaparecidas
se sigue cometiendo el ilícito en la actualidad. El fallo fue ratificado en
primera (1994) y segunda instancia (1995).
b. Caso Bárbara Uribe y Edwin Van Yurick: Su importancia radica en que la Corte de Apelaciones de Santiago reconoció la aplicabilidad de los Convenios de Ginebra y citó favorablemente la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para declarar estos crímenes imprescriptibles e inamnistiables por constituir delitos de lesa humanidad y/o de guerra. Lamentablemente, el fallo fue revocado por la Corte Suprema en 199
Segunda etapa 1998 – 2007
Esta etapa es
la más relevante en aspectos jurisprudenciales, tanto por la inaplicabilidad de
la Ley de Amnistía establecida por la Corte Suprema, lo que favoreció la
presentación masiva de querellas por delitos de lesa humanidad, como también
por la condena de la Corte IDH al Estado chileno en el caso Almonacid.
a. Casos
Conferencia y Caravana de la muerte: Su relevancia recae en ser las primeras
querellas criminales antes no procesadas que presentan a Augusto Pinochet como
responsable de crímenes contra los derechos humanos. Con estas querellas
comienza una fase activa de persecución penal de crímenes de lesa humanidad que
coincidió con la detención de Pinochet en Londres en octubre 1998.
b. Caso Pedro
Poblete Córdova: Este es el primer caso en que la Corte Suprema (1998) ordena
reabrir el sumario de una causa que había sido amnistiada por la justicia
militar. Junto a lo anterior, la Corte, de soslayo, estableció que los
Convenios de Ginebra tienen rango supraconstitucional, entendiendo que el
derecho interno debe adecuarse a los estándares internacionales de protección a
los derechos humanos ratificados por Chile.
c. Desafuero y
procesamiento de Pinochet: Ya en 1998 Pinochet había asumido como senador
vitalicio por lo que para ser procesado requería ser primero desaforado. La
Corte Suprema en pleno aprobó el desafuero en mayo del año 2000 y en diciembre
del mismo año, el juez a cargo del caso estableció el procesamiento de
Pinochet, el cual, posteriormente, fue revocado por la Corte de Apelaciones y
ratificado por la Corte Suprema.
d. Caso Ricardo
Rioseco y Luis Cotal: Este caso estableció una ruptura respecto a la
interpretación que había tenido la Corte Suprema respecto a la no aplicación de
la Ley de Amnistía y los delitos de secuestro permanente, no reconociendo la
tesis mantenida de supraconstitucionalidad de los derechos humanos respecto al
derecho interno.
e. Caso
Almonacid Arellano y otros Vs. Chile: Es la primera condena (2006) por parte
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al Estado chileno relación a
causas de violaciones a los derechos humanos en dictadura. Cabe destacar que el
entonces presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, estableció en un
principio que el fallo no era vinculante, pese a lo cual el caso fue reabierto
y en el año 2013 se condenó a los responsables.
f. Caso Hugo Vásquez y Mario Superby: Se trata del primer caso de un ejecutado político en el cual se acepta la calificación de crimen de lesa humanidad, conjuntamente tiene relevancia, pues es el primer caso donde la sentencia se fundamenta en la sentencia del caso Almonacid (2006).
Tercera etapa 2007 – 2018
Este periodo se
caracteriza por no mantener los avances jurisprudenciales pasados, sino que
retoma la aplicación de prescripción, desconoce la tesis de delito permanente
en caso de secuestro y que mediante el Tribunal Constitucional se obstaculiza
el cumplimiento de sentencias ya ejecutoriadas.
a. Caso Juan
Luis Rivera Matus: Este caso refleja un retroceso en el proceso de justicia
transicional, pues establece la aplicación de la prescripción gradual, también
conocida como “media prescripción”, por lo que se rebajan las penas impuestas a
los condenados, accediendo estos a sanciones no privativas de libertad (2007).
b. Caso
Hermanos Vergara Toledo: En este caso, la Corte Suprema (2010) establece que la
investigación realizada en dictadura por la Justicia militar se trató de un
mero simulacro de juicio, por lo que no existía cosa juzgada.
c. Caso Grober
Venegas Islas: Mantiene la línea de retroceso en aspectos de justicia de este
periodo, pues desconoce la tesis del delito permanente en casos de secuestro
(2012).
d. Casos de
violencia sexual: En el caso de Bárbara Uribe, antes citado, la Corte de
Apelaciones reconoce que la violencia sexual fue una de forma de tortura
utilizada por los agentes de la dictadura.
e. Caso datos
Valech: La Corte de Apelaciones de Santiago (2017) ratificó una decisión del Consejo
de la Transparencia, respecto a no conceder acceso judicial a la base de datos
producida por la ex Comisión Valech.
f. Rol del
Tribunal Constitucional en casos de lesa humanidad: Desde el año 2015
condenados o procesados por violaciones a los derechos humanos establecieron la
estrategia dilatoria de recurrir al Tribunal Constitucional con el fin de
impugnar u obstaculizar condenas ratificadas por la Corte Suprema.
Lamentablemente, desde el año 2018, el Tribunal Constitucional ha declarado
admisible estos recursos, lo que ha significado un estancamiento en el
cumplimiento de sentencias ya ejecutoriadas.
Conclusión
Como se ha
podido apreciar, han existido avances estatales importantes en aspectos
referidos a memoria y verdad, los cuales lamentablemente se han visto empañados
por actos ataques a memoriales por parte de grupos de extrema derecha en
distintos lugares de Chile. Conjuntamente, en el plano judicial la tónica no ha
sido uniforme, así es como en una primera etapa, los casos en que hubo condenas
son mínimos, principalmente por la aplicación de la Ley de Amnistía y la
vigencia de Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército y posteriormente
senador vitalicio. A esto lo sigue un periodo en el que se generó un aumento,
tanto de las condenas, como de la judicialización de casos por organizaciones
de derechos humanos, respondiendo esto principalmente a aspectos internos, como
el establecimiento de inaplicabilidad de la Ley de Amnistía por la Corte
Suprema y también externos, como fue la detención de Pinochet en Londres y
posteriormente la sentencia contraria al Estado chileno en el caso Almonacid.
En el último periodo han existido retrocesos relevantes respecto a la
interpretación del poder judicial respecto a la aplicación de la Ley de
Amnistía y también en lo relativo al rol del Tribunal Constitucional respecto
al cumplimiento de condenas. Finalmente, cabe destacar que durante los tres
periodos ha sido relevante la conformación de la Corte Suprema, entendiendo que
la integración de jueces progresistas fue de relevancia en el proceso de
justicia, lamentablemente esto no se ha mantenido en el tiempo y en la
actualidad, pese a existir persecución penal, las condenas son bajas o bien
permiten el cumplimiento bajo libertad vigilada.
Por anterior, es relevante que Estado chileno siga trabajando en mantener viva la memoria histórica y que se avance en aspectos de justicia, principalmente en lo relativo a la utilización de los testimonios otorgados en las Comisiones de verdad y reparación. Conjuntamente es de vital importancia una reforma las Fuerzas Armadas y las policías, entendiendo que su lógica dictatorial de aparato represivo se mantiene vigente en democracia, situación que se evidenció con las protestas sociales ocurridas en Chile en octubre de 2019 y a través de los informes de distintas organizaciones internacionales de derechos humanos, en los cuales se estableció sistematicidad en las violaciones a los derechos humanos en Chile.
Óscar Patricio Rojas Mesina Abogado, Minor en Ciencia Política y Magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe.
Bibliografía
Beristain,
Carlos Martín, (2006), Reconciliación luego de conflictos violentos. Un marco
teórico, en Verdad, justicia y reparación, IIDH, Costa Rica.
Biblioteca
Congreso Nacional, Partidos, movimientos y coaliciones, Unidad Popular,
visitado en: https://www.bcn.cl/historiapolitica/partidos_politicos/wiki/Unidad_Popular
Biblioteca
Congreso Nacional, Periodo 1973-1990, Régimen Militar, visitado en:
https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/detalle_periodo.html?per=1973-1990
Bitar, Sergio
(2013), El Gobierno de Allende: Chile, 1970-1973, Editorial Pehuén, Santiago.
Fuentes,
Claudio (2009), Mirando el pasado, definiendo el futuro: Diseño Constitucional
en Chile 1980-2005, 28o Congreso del Latin American Studies Association, LASA,
Río de Janeiro.
Delgado, Juan
Pablo, (2014), Principales hitos Jurisprudenciales en causas de Derechos
Humanos en Chile 1990-2013, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego
Portales y Observatorio de Derechos Humanos e Instituto de Investigación en
Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, Santiago.
Gobierno de
Chile, Informe de la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de
Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y
Tortura (2010), visitado en:
http://pdh.minjusticia.gob.cl/wp-content/uploads/2015/12/informecomisionfase2-1.pdf
Méndez, Juan,
(2007), El derecho humano a la verdad, Lecciones de las experiencias
latinoamericanas de relato de la verdad, mimeo, s/f
Meza-Lopehandía,
Matías (2016), El carácter secreto de los antecedentes de la Comisión Valech:
derechos humanos y experiencia extranjera, Biblioteca Congreso Nacional,
Santiago
Pfeiffer,
Alice, (2014), El proceso de justicia transicional en Chile desde las
relaciones de poder: la dimensión política jurisprudencial, Revista Historia y
Justicia, N°3, Santiago de Chile.
Raffin, Marcelo
(2006), La experiencia del horror, Ediciones del Puerto, Buenos Aires
Van Zyl, Paul, (2011), Promoviendo la justicia transicional en sociedades post conflicto, en Reátegui, Félix (dir.), Justicia transicional. Manual para América latina, Ed. Félix Reátegui.
