Hacia una Justicia Ambiental con Enfoque de Género: El Rol de las Mujeres Indígenas en la Implementación del Acuerdo de Escazú

La firma del Acuerdo de Escazú ha representado una promesa significativa para fortalecer el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. No obstante, resulta fundamental evaluar la inclusión del enfoque de género, con especial atención a las mujeres indígenas defensoras de la Amazonía. A pesar de que diversos actores han señalado la ausencia de una referencia explícita a las mujeres como agentes clave en la defensa ambiental, es crucial analizar los esfuerzos realizados para incorporar esta perspectiva en su implementación (CEPAL, 2020).

El Acuerdo de Escazú representa un hito en la gobernanza ambiental al integrar principios de justicia social y equidad. Sin embargo, diversas organizaciones han destacado la falta de un enfoque explícito de género y raza en sus disposiciones, lo que dificulta su capacidad para abordar las necesidades específicas de las mujeres indígenas en la región (Castillo Blanco, 2022). No obstante, su marco basado en derechos humanos brinda una oportunidad para abordar estas dimensiones de manera implícita y fomentar la participación de las comunidades indígenas en la protección ambiental.

La Amazonía ha sido históricamente un espacio de resistencia para las comunidades indígenas, enfrentando amenazas como la minería ilegal, la deforestación y los monocultivos. Las mujeres indígenas desempeñan un papel fundamental en la defensa del territorio y la preservación del conocimiento ancestral, pero también enfrentan violencia, criminalización y exclusión sistémica. Según Global Witness (2023), Colombia fue uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales, con un alto porcentaje de líderes indígenas entre las víctimas. Esta situación resalta la necesidad urgente de mecanismos legales y políticos, como el Acuerdo de Escazú, para proteger a quienes están en la primera línea de la defensa ambiental.

Desde la perspectiva de la teórica feminista María Lugones, la “colonialidad del género” ha impuesto jerarquías que han marginado a las mujeres indígenas, subordinando sus relaciones de género precoloniales (Lugones, 2008). Estas enfrentan una doble discriminación por su género y etnicidad, lo que requiere estrategias que integren tanto sus derechos colectivos como pueblos indígenas como sus derechos individuales como mujeres.

La participación de las mujeres indígenas en espacios de toma de decisiones sigue siendo limitada debido a barreras culturales, lingüísticas y tecnológicas. Según la CEPAL (2020), solo el 14 % de las comunidades rurales en América Latina cuenta con acceso estable a internet, lo que restringe sus oportunidades de desarrollo. En la Amazonía, el 23 % de las mujeres ashaninkas no ha alcanzado ningún nivel educativo, y más de la mitad de las mujeres indígenas en edad de trabajar no accede a empleo remunerado.

La lucha de lideresas ambientales en la Amazonía colombiana, como las Guardianas del Agua, que trabajan en la reforestación y la educación ambiental, es un claro ejemplo del papel crucial que desempeñan las mujeres en la defensa de los territorios. No obstante, estas mujeres enfrentan criminalización y amenazas de muerte debido a su oposición a proyectos extractivistas (El País, 2024). A pesar de estos riesgos, reciben menos del 1 % de los fondos internacionales destinados a combatir el cambio climático, lo que limita su capacidad de acción.

En la tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo de Escazú, se adoptó la Decisión sobre Transversalización de la Perspectiva de Género, que enfatiza la participación plena y efectiva de las mujeres, incluidas las indígenas (CEPAL, 2023). Además, organizaciones como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) han solicitado la inclusión obligatoria de representantes indígenas en los grupos de trabajo, la realización anual del Foro de Defensores y Defensoras, la creación de una relatoría para documentar problemáticas de las comunidades y el establecimiento y financiamiento de un caucus indígena para articulación y defensa territorial.

Siguiendo las recomendaciones de Castillo Blanco (2022), para lograr una implementación inclusiva del Acuerdo de Escazú es necesario fortalecer el liderazgo indígena mediante programas que impulsen la participación de mujeres en la toma de decisiones ambientales, promover la capacitación en derechos humanos y liderazgo, garantizar el acceso a financiamiento mediante la creación de fondos específicos para iniciativas lideradas por mujeres indígenas, establecer mecanismos de protección y justicia ambiental con asistencia jurídica y medidas de seguridad, y desarrollar indicadores de género y etnicidad para medir el impacto del Acuerdo en comunidades vulnerables.

El Acuerdo de Escazú es un paso crucial hacia la justicia ambiental en América Latina, pero su verdadero potencial solo se alcanzará si se integran enfoques interseccionales que garanticen la participación efectiva de las mujeres indígenas. Incorporar las dimensiones de género y etnicidad en su implementación es esencial para corregir desigualdades históricas y fortalecer la defensa de los territorios amazónicos, asegurando que las mujeres indígenas sean reconocidas no solo como víctimas de la crisis ambiental, sino como líderes clave en la búsqueda de soluciones sostenibles.

Referencias:

• Acuerdo de Escazú. (2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas.
• Alfageme Balza, V. (2023). Interseccionalidad. Giro decolonial y comunitario. Mara Viveros Vigoya; CLACSO. Praxis Educativa, 27(3), 1–3.
• Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena. (2023). Informe sobre la situación de las defensoras del territorio en la Amazonía. Alianza Latinoamericana de Defensores. Recuperado de https://defensoresdelterritorio.org/.
• Castillo Blanco, G. O. (2022). ¿Necesitamos un Plan de Acción de Género para el Acuerdo de Escazú?.
• CEPAL. (2020). La brecha digital en América Latina: Desafíos y oportunidades. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
• COICA. (2023). Propuestas de las organizaciones indígenas para la implementación del Acuerdo de Escazú en la Cuenca Amazónica. Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. Recuperado de https://coica.org/.
• COP 3 del Acuerdo de Escazú. (2023). Decisión sobre Transversalización de la Perspectiva de Género en el Acuerdo de Escazú. COP 3.
• El País. (2024). Guardianas del Agua: Mujeres en defensa de la Amazonía.
• Global Witness. (2023). Global Witness Report: Environmental Defenders. Recuperado de https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/.
• Gobierno de Colombia. (2023). Informe sobre la violencia contra los defensores de derechos humanos en Colombia. Ministerio de Defensa y Fiscalía General de la Nación.
• Lugones, M. (2008). The Coloniality of Gender. In World-System Theory and Feminism (pp. 38-56). Duke University Press.

Camila Ramos Ordoñez

Politóloga y profesional en Gestión y Desarrollo Urbanos de la Universidad del Rosario, en Colombia. Estudiante de la Maestría en derechos humanos y democracia para América Latina y el Caribe (UNSAM).