Este artículo reflexiona sobre dos corrientes que contaminan el derecho penal en nuestros tiempos, el populismo punitivo y la venganza privada.
En México un grupo de ciudadanos capturó, golpeó y quemó viva a una persona, horas después se supo que era un joven asesor legislativo del congreso mexicano. Se trató de una equivocación, las personas que lo capturaron y asesinaron lo confundieron con un secuestrador de niños. Una versión muy típica para estos casos.
A un poco más de dos mil kilómetros de distancia, en Nicaragua, un joven capturó al presunto ladrón de su motocicleta, en lugar de entregarlo a las autoridades policiales, utilizó a su perro raza pitbull como arma para la venganza, lo azuzó y este le causó lesiones al presunto victimario, ahora también convertido en víctima.
Ambos casos producidos con pocos días de diferencia se hicieron virales en las redes sociales. Se trata de manifestaciones de lo que en la literatura penal se conoce como “venganza privada” o “derecho penal privado” que no es más que la materialización de la “ley del Talión” del ojo por ojo, diente por diente, pan por pan que primó siglos atrás.
¿Qué es la venganza privada y por qué se manifiesta?
En la evolución del derecho penal, este ha atravesado por diferentes etapas. En las sociedades antiguas el derecho penal era “autoritario”, se caracterizaba por la existencia de penas crueles e inhumanas como el empalamiento, la decapitación, el desmembramiento, entre otras, hoy en día proscritas por el derecho internacional.
Luego, también existió una etapa que se le conoce como “derecho penal privado” o de la “venganza privada” que fue un periodo histórico en el que las personas hacían justicia por sus propias manos. Afortunadamente, ambas manifestaciones del derecho penal son un asunto del pasado, o, al menos en apariencia.
Hoy en día la función de prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos y faltas recae exclusivamente en el Estado y sus instituciones, pues la seguridad ciudadana es un asunto “público” y no “privado”, por tanto, ninguna persona puede arrogarse esta facultad. A pesar de ello, noticias como las descritas son muy frecuentes en nuestra región.
Se trata de un surgimiento paulatino/silencioso de la etapa de la venganza privada, que se presenta principalmente en lugares alejados donde el Estado no tiene presencia -o tiene muy poca-, o como en el segundo caso, también en lugares céntricos, como en la capital del “país más seguro de Latinoamérica”, como se ha autodenominado Nicaragua en las últimas décadas.
Aparentemente, una de las razones que puede motivar esta reacción ciudadana, es la sensación de impunidad estructural que subsiste en muchos países, ya que la ciudadanía considera que el Estado no cumple eficientemente con sus obligaciones de prevenir, investigar y sancionar los delitos, y que esto genera cada día más inseguridad, lo que a su vez constituye una amenaza directa a los intereses jurídicos de las personas.
Ese es el caso de México, donde la impunidad en 2021 fue del 94.8%. pero también de otros países de la región. La percepción de impunidad en estos casos no solo estimula la comisión de nuevos delitos a sabiendas que no serán castigados, sino que también provoca que las víctimas en nombre de ellas o de sus familiares intenten realizar justicia por sus “propias manos”, inclusive de manera “preventiva” como ocurrió en México, donde ni si quiera había un delito.
Esta correlación entre impunidad e incremento de la criminalidad, así como de impunidad y aumento de la venganza privada ya ha sido advertida previamente de la siguiente manera:
“Cada vez que un hecho delictivo queda impune, representa para el victimario una invitación a la repetición y empuja a la víctima hacia la venganza privada”
Si bien, la falta de investigación y persecución de los delitos y los altos índices de impunidad en algunos como el femicidios o la violencia sexual, constituyen una grave negligencia estatal y un grave incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, como la obligación de garantizar el “acceso a la justicia”, lo cierto es que esto no faculta a las personas a procurar justicia por sus propias manos, menos cuando el desenlace de esa acción puede conllevar a la muerte a la otra persona, como el caso de México acá descrito.
De hecho, no es la primera vez que en México se quema viva a una persona, pero tampoco es la primera vez que algo así ocurre en un país latinoamericano, pues en el pasado también se ha presentado en otros países como Venezuela y Bolivia, por mencionar dos ejemplos.
¿Es la venganza privada el único problema?
El único problema que enfrentan las sociedades democráticas en relación con el derecho penal no solo es el surgimiento de la venganza privada, sino también el siempre retorno de una corriente poco democrática del mismo, conocida como “populismo punitivo”. Recientemente en nuestro continente se ha instalado una corriente de este tipo, por ejemplo, en países como El Salvador con la denominada “guerra contra las pandillas”
El populismo punitivo se caracteriza por el uso excesivo y desproporcionado del derecho penal para combatir la criminalidad. Se manifiesta entre otras cosas, por el endurecimiento de las penas y, en algunos casos por la creación de nuevos delitos que castigan conductas anteriormente no punibles o por la reducción de la edad penal para enfrentar la justicia, esto último, contrario a lo que recomiendan organismos como el Comité de Derechos del Niño. Esta corriente que ha recorrido todo el continente se ha presentado en Argentina, Guatemala, Colombia y otros países.
En Nicaragua, por ejemplo, recientemente se reformó la Constitución para modificar la barrera legal de los 30 años de prisión como máximo constitucional y sustituirlo por la cadena perpetua revisable; algo similar, aunque con menor suerte se intentó en Colombia, con la diferencia de que, en ese país, la Corte Constitucional como garante de la Constitución, declaró inconstitucional la medida.
En Argentina en los tiempos de Mauricio Macri y en Nicaragua en el mismo periodo, se intentaron impulsar reformas para reducir la edad punible e incrementar las penas a los adolescentes infractores de la ley penal, esto a raíz de acontecimientos mediáticos cometidos por adolescentes; en ambos casos, los intentos fracasaron, pues las reformas no lograron materializarse.
Nuevamente respecto a El Salvador, en su artículo denominado “Estado de excepción y populismo punitivo en El Salvador” la abogada y activista de derechos humanos Leonor Arteaga advierte sobre los efectos negativos en materia de derechos humanos de este tipo de manifestaciones del derecho penal.
Muchas veces estas iniciativas no solo viene de la mano con reformas legislativas que endurecen las penas e ilegalizan nuevas conductas, sino también con actuaciones institucionales contrarias al debido proceso que se prestan para la vulneración masiva de derechos, como en el caso de El Salvador, donde los jueces desarrollan audiencias masivas para condenar a los acusados y donde resulta imposible la individualización de los casos.
El populismo punitivo es una distorsión del derecho penal y sus fines, pues hoy en día el derecho penal cumple una función pacificadora y de justicia. La pena persigue a su vez presupuestos humanitarios como la reeducación, resocialización y reinserción social de la persona que ha infringido la ley y ha sido encontrada culpable de un delito.
Hacia una cultura jurídica democrática
Frente al surgimiento de nuevos autoritarismos, es necesario rescatar la cultura democrática, el Estado de derecho y los derechos humanos. En este artículo hemos podido ver dos corrientes que afectan el derecho penal en distintos extremos, por un lado, su no utilización de manera efectiva, generando una especie de impunidad que sienta condiciones para el aumento de la criminalidad, pero a la misma vez, para el surgimiento de la venganza privada, y, por otro lado, su excesiva utilización para combatir el crimen, generando condiciones para la comisión de graves violaciones de derechos humanos, como las que ocurrieron en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori.
El derecho penal existe, pero encuentra límites en la dignidad de la persona. Se trata de generar un equilibrio entre el derecho de las víctimas a obtener justicia y el derecho del procesado a que se le respete en primer lugar su presunción de inocencia, su vida y su dignidad durante todas las etapas, incluyendo la etapa de investigación (antes de ser procesado) y la etapa de la ejecución de la condena. Se debe rescatar un derecho penal democrático, basado en principios y garantías.
Mario Isaías Tórrez Máster en Derechos Humanos y Democracia CIEP-UNSAM ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1640-2341
