Recientemente, el
debate sobre la memoria y la verdad en el marco del conflicto armado ha estado
en la agenda mediática de Colombia. Esta situación no ha sido fortuita, es más
bien consecuencia de diversos sucesos ocurridos en el inicio del presente año.
El primer suceso
ocurrió en el mes de febrero cuando se conoció una carta remitida a Rubén Darío
Acevedo, actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia
(CNMH), por parte de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (red
internacional más grande sobre temas de memoria) y la Red de Sitios de Memoria
Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) [1]. En la carta, dichas organizaciones
sostenían que durante cuatro meses Acevedo no envió respuesta sobre el
reconocimiento del conflicto armado en Colombia y sobre el derecho a la verdad
de las víctimas. Por este motivo, se comprendía que el CNMH no suscribía los
principios de la comunidad internacional y sería suspendido a partir de dicho
mes.
A pesar de que días
después Acevedo salió a reconocer esta situación como un error y expuso que
todas las dudas realizadas por la red de memoria serían solucionadas, las
organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, las víctimas y la
sociedad civil mostraron su descontento y pidieron su renuncia del Centro de
Memoria, no solo por la situación presentada, sino por la forma como ha asumido
la dirección de dicha institución, la cual ha sido muy polémica, ya que se han
colado las memorias oficiales sobre las memorias de las víctimas del conflicto
armado, un ejemplo de esto es el reciente convenio entre el Centro de Memoria y
la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), conocida por sus nexos con el
paramilitarismo.
Otro hecho se presentó
en la versión voluntaria del General en retiro Mario Montoya, ante la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para el esclarecimiento del caso 003
sobre falsos positivos. En la Sala de Reconocimiento, Montoya afirmó que se
acogía a su derecho de guardar silencio y que no hablaría sobre las ejecuciones
extrajudiciales. Además, el General (r) dio declaraciones muy polémicas en las
que decía que el incremento de falsos positivos se debía a que los soldados
eran de estratos bajos que no sabían diferenciar entre resultados y bajas.
Este suceso generó un
descontento en las víctimas que estaban presentes en dicho espacio,
especialmente en la organización de Madres de Falsos Positivos de Soacha y
Bogotá (MAFAPO), colectivo de mujeres que es conocido por su lucha por la
verdad, la justicia y la paz en Colombia. Las madres afirmaron que Montoya les
faltó al respeto y que en definitiva no tiene voluntad para aportar a la
memoria y la verdad en el marco del conflicto armado al responder a todas las
preguntas con un “no conozco”, “no sé” o “no me acuerdo” [2].
El último hecho que
contribuyó al debate ocurrió en febrero cuando el concejal Alfredo Ramos del
partido de gobierno, propuso eliminar las palabras “conflicto armado” del
discurso y las exposiciones que se presentan en el Museo Casa de la Memoria de
Medellín, ya que para él este concepto no representa a la sociedad colombiana;
además considera que no aplica en el país según su lectura de la historia y
afirma que hablar de conflicto armado es justifica el asesinato y el
narcotráfico [3].
Esta negación u
ocultamiento del conflicto armado que ha vivido y sigue viviendo el país por
más de 50 años no es inocente ni fortuita y nos remite a un problema
estructural pero constantemente invisibilizado: el uso político y público de la
historia y de la memoria, que juega un papel protagónico en la relación
pasado-presente, pues como Todorov menciona en su libro “Los abusos de la memoria”[4] no es el pasado el que modifica el
presente, sino que a partir de este presente al pasado se le da el uso que se
prefiera.
Pero en el marco de un
conflicto armado que está aún vigente, jugar con la memoria y crear una “verdad
oficial” que corresponde a la del gobierno de turno es un juego peligroso en el
que de nuevo salen perdiendo las víctimas; esto a pesar de que los espacios
para la memoria (según la Ley de Víctimas de Colombia [7]), son creados
especialmente para garantizar la verdad la reparación simbólica y la
centralidad de estas y sus familias.
Identificar esa disputa por la memoria en Colombia, es entender también que narrativa va a ser la hegemónica frente a graves violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado interno; es comprender con qué lente se miran situaciones como desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos masivos, violaciones sexuales, entre otras, en un país que ocupa el quinto lugar en el ranking de impunidad a nivel latinoamericano [8].
Esta problemática
sobre el uso de la memoria en Colombia también la ha problematizado Gonzalo
Sánchez, ex director del Centro Nacional de Memoria Histórica; que expresa que
la memoria (especialmente la memoria de la guerra) ha dejado unas huellas que
sustentan los imaginarios colectivos, la construcción de discursos y las
relaciones de poder, y que: “afirman, suprimen o subordinan a determinados
actores” (Sánchez, 2014, p. 21) [9].
Es importante hablar y
problematizar los ejercicios de memoria, verdad y justicia en Colombia; pues
estos pueden hacer la diferencia entre reparar a las víctimas o
revictimizarlas; entre la solución dialogada del conflicto o la agudización de
la guerra; entre ejercicios de justicia o la impunidad, entre la centralidad de
las víctimas en la narrativa del conflicto o la centralidad de los discursos de
gobiernos y sus relaciones de poder.
En la actualidad, el
conflicto armado en Colombia no ha cesado, a diario se conocen las graves
violaciones de derechos humanos perpetradas por los diversos actores que siguen
en disputa, el acuerdo de paz se derrumba de forma directa debido a la falta de
voluntad política para su implementación, mientras que las instituciones
encargadas de la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y la no
repetición a pesar de todos sus esfuerzos se encuentran bloqueadas y
desfinanciadas por parte del poder ejecutivo. El panorama para las víctimas en
la actualidad no es positivo.
Por esta razón, es que las organizaciones sociales, las organizaciones de víctimas, los y las defensoras de derechos humanos, ponen todos sus esfuerzos por recuperar este debate de la memoria y por defender instituciones como el Centro de Memoria, la Jurisdicción Especial para la Paz o la Comisión de la Verdad, de las lecturas oficiales y de las relaciones de poder, pues la esperanza de la justicia y de la verdad de las víctimas reposan allí. Es por esto por lo que el pasado no es algo fijo o inmóvil y como se mencionó una vez en un aula de clase, la memoria significa siempre hablar del presente.
Ana María Rodríguez Romero Historiadora – Universidad Externado de Colombia, estudiante de la maestría en derechos humanos y democratización (CIEP-UNSAM).
