Sentir miradas incomodas, escuchar susurros detrás de ti, ponerte nerviose al escuchar un nombre que no te representa, pensar en que fue un error presentarme a una entrevista, sabiendo cuál es la respuesta de antemano. No obstante, seguiré sobreviviendo como pueda, porque vivo y convivo en un cis-tema que criminaliza mi identidad y patologiza mi corporalidad.
Esto es lo que sentimos muchas persones trans, cuando nos presentamos a las pocas oportunidades laborales que existen, y a las que por lo general no logramos acceder debido a los prejuicios existentes dentro de una sociedad patriarcal, transfóbica y cis-heteronormada.
No es ningún secreto que, dentro del imaginario colectivo, siempre se nos ha asociado a lo sórdido e inmoral, especialmente porque muchas veces las mujeres trans debemos ejercer trabajo sexual para sobrevivir. No por libre elección, sino por que el Estado y la sociedad nos coloca en situación de calle, discriminación, estigmatización y pobreza.
Se sabe que en la región latinoamericana existen altos índices de violencia hacia les persones trans. Ello influye en que nuestra expectativa de vida sea de 35 a 40 años. Pero no solamente sufrimos la violencia física y verbal, sino también aquella que nos incapacita para seguir nuestras metas, aquellas que soñamos de niñes, con profesiones como; medicina, docencia, artísticas, etc., pero que solo queda en ideales estancados, al existir esa inmensa intolerancia hacia nuestras existencias.
El gobierno argentino en ese sentido ha sido el país pionero en sancionar legislación y políticas inclusivas dirigida hacia la comunidad LGTBIQ. Lo vimos primero en 2010 con la Ley de Matrimonio Igualitario, y luego, con la ansiada Ley de Identidad de Género (2012), la cual reconoció nuestra autopercepción de la identidad y la rectificación de datos dentro del DNI.
Posteriormente -y gracias al trabajo impulsado por las desaparecidas activistas Diana Sacayán y Lohana Berkins-, se presentó el proyecto de Ley del Cupo Laboral Trans en la provincia de Buenos Aires (Ley 14.783)[1] la cual establece que las instituciones gubernamentales deben contar con un numero de trabajadores del colectivo trans- travesti, siendo un porcentaje no menos al 1% del total del personal por cada dependencia. Sin embargo, y aunque la propuesta data del 2015, los lineamientos políticos conservadores del gobierno de aquel entonces hicieron que el proyecto quedara postergado, hasta que recién en diciembre del año pasado se reglamentó dicha legislación.
En esta última década, la lucha que lideramos la población trans por el reconocimiento de nuestros derechos recién está dando sus frutos: lo hemos visto en avances legislativos en otros países que permiten la rectificación del nombre en el DNI como Colombia, México o Ecuador, pero que aun sigue existiendo mucha estigma y discriminación hacia nuestro colectivo.
Un hito importante para la comunidad LGTBIQ en materia del derecho internacional fue la promulgación de la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[2], la cual insta a los Estados miembros de la OEA, a adherir e implementar directrices dentro de su legislación que reconozca los derechos de la comunidad LGTBIQ, teniendo como categorías protegidas de discriminación la orientación sexual, expresión e identidad de género de les ciudadanes.
En dicho instrumento internacional, se especifica, la vulneración del derecho al trabajo y acceso a educación que sufrimos les persones que conformamos el colectivo trans, debido a los distintos dispositivos de violencia a la que nos someten los Estados, especialmente al no reconocimiento de nuestra identidad autopercibida dentro del DNI.
En este sentido, desde el 2013 La Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha venido impulsando la campaña Libres e Iguales[3], la cual busca que los países miembros reflexionen sobre los desafíos que enfrentamos les persones de la comunidad LGTBIQ, mediante mensajes en redes sociales y apoyando algunas iniciativas de activismo nacional en búsqueda de la igualdad y no discriminación.
En el 2016 La Organización Internacional del Trabajo (OIT), llevo a cabo investigaciones sobre la discriminación laboral que sufre la comunidad LGTBIQ en Costa Rica[4], y -por supuesto-, los resultados muestran que gran parte de la población trans se encuentra desempleada y si tienen alguna oportunidad laboral, está supeditada a la violencia y al no reconocimiento de su identidad dentro de ambientes laborales altamente transfóbicos y agresivos. Este resultado, lamentablemente, aplica a varios países de la región donde les persones trans, seguimos siendo expulsades de espacios educativos-laborales, debido a la transfobia tan normalizada e institucionalizada que existe dentro de los gobiernos.
No obstante, el 3 de setiembre de este año, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, promulgo el decreto 721/2020[5], el cual ha hecho historia dentro de América Latina, donde se establece que toda institución estatal a nivel nacional debe contar con un cupo laboral para la población trans- travesti, dentro de su grupo de trabajo. Esta acción sin duda marca un antes y un después dentro de la lucha por los derechos de nuestra población. Sin embargo, no debemos agachar la mirada ya que aun queda muchos espacios que conquistar. La comunidad LGTBIQ Argentina debe entonces, estar vigilante a su cumplimiento.
Esperemos que iniciativas como las de Argentina puedan replicarse en otros países de la región, como es el caso de Perú, de donde provengo y donde no contamos con ningún tipo de política inclusiva, mucho menos una Ley Identidad de Género que respete nuestra identidad y nos brinde una mejor calidad de vida. Esto provoca que muchas persones trans nos veamos obligades a migrar, a lugares donde existan gobiernos y legislaciones que reconozcan y hagan respetar la diversidad, pero que una parte de nosotres siempre quedará arraigado en nuestra tierra, donde solo queremos llevar una vida digna, sin violencia y con oportunidad para nuestro crecimiento personal y profesional.
Emi Aureiliz Godos Perez Comunicadora social (UPN), activista transfeminista, y Magister en derechos humanos y democratización (CIEP- UNSAM).
