CIDH en Nicaragua: El rol de la Comisión en las investigaciones de los hechos violentos

Cuando el 18 de abril de 2018, el gobierno nicaragüense anunció la reforma del sistema previsional, tanto miembros de la oposición como estudiantes universitarios llevaron adelante protestas en Managua y en localidades cercanas. Simultáneamente se realizaron en la capital, manifestaciones a favor del gobierno. Unas y otras, se sucedieron en los días subsiguientes y se extendieron a varias regiones del país, se sumaron diferentes actores sociales y políticos, produciéndose una escalada de violencia que no cesó aún con la revocación de la reforma. El número de muertos, heridos y detenidos en las calles; y la viralización de un video con la muerte de un periodista independiente mientras transmitía las protestas mediante redes sociales 1 , hizo que el conflicto no tuviera vuelta atrás. Frente a estos sucesos, grupos que se constituyeron a partir de estas protestas (como la de estudiantes universitarios “Movimiento 19 de abril”), empezaron a demandar no solo la dimisión del gobierno, sino además la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar las muertes registradas durante las protestas. El gobierno nicaragüense rechazó en dos ocasiones la solicitud de la CIDH de visitar el país.

Finalmente, en un comunicado emitido el 30 de mayo pasado, y en el medio de este clima convulsionado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) anunciaron que el Estado de Nicaragua había aceptado el pedido que le fuera realizado por esta entidad, para la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia que vienen ocurriendo en dicho país, y que permitirán emitir recomendaciones concretas al Estado.

La propuesta de la CIDH consistió en la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para participar en las investigaciones de los hechos violentos que vienen ocurriendo desde el 18 de abril en ese país. A tal efecto, el GIEI analizará técnicamente las líneas y los alcances de las investigaciones llevadas adelante, y formulará recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica. De ser el caso, recomendará acciones que deben implementarse para garantizar que estos objetivos sean alcanzados. A su vez, estará facultado para proponer a las autoridades nicaragüenses la adopción de medidas adicionales que garanticen la seguridad de las personas que colaboren en las investigaciones que se lleven adelante, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores; y analizará el desarrollo de un Plan de Atención a las víctimas y sus familiares de los hechos ocurridos desde el 18 de abril, de acuerdo con los más altos estándares internacionales y mejores prácticas regionales. En este sentido, el GIEI hará recomendaciones para brindar la atención y reparación integral a las víctimas y sus familiares (1).

El mandato será de seis meses, y podrá extenderse por acuerdo de las partes. El GIEI le dará a conocer al Estado nicaragüense los resultados parciales y finales de su gestión y las recomendaciones que se estimen convenientes, elaborando un informe público al final de su trabajo. Por su parte, el Estado de Nicaragua se comprometió a garantizar a los expertos y las expertas el acceso a los expedientes tramitados por el Ministerio Público de las investigaciones y causas penales iniciadas, el acceso a la información pública relacionada con los hechos y a las instalaciones, infraestructura, recursos y medios, así como garantizar la seguridad necesaria para realizar su trabajo. La primera visita de la comisión a Nicaragua se llevó adelante entre el 17 y el 21 de mayo del presente año y sirvió para recolectar información documental y audiovisual, además de centenares de testimonios. A partir de los mismos, la comisión caracterizó la situación en ese país como de un uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados que generó decenas de muertos, centenares de personas heridas; detenciones ilegales y arbitrarias; prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa; y otras forma de amedrentamiento como amenazas, hostigamientos y persecución
dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana. De acuerdo a lo señalado en dicho informe, resulta preocupante el rol no neutral de la Policía Nacional, y de grupos parapoliciales.

A partir de los testimonios recogidos, la CIDH pudo establecer un patrón de heridos por armas de fuego, que en su mayoría presentaban impactos de bala en la cabeza, los ojos, el cuello y el tórax, como así también recibieron información acerca de personas gravemente heridas por la espalda con armas de fuego. Si bien la Comisión pudo contar con documentación sobre los asesinatos y heridos atendidos en hospitales y en el Instituto de Medicina Legal, careció de estándares forenses que permitan esclarecer los hechos de violencia de manera completa y eficaz. Además, la CIDH constató un ambiente de intimidación en contra de estudiantes, manifestantes, periodistas y ciudadanos que hacen público su rechazo al gobierno y a la actuación represiva de agentes del Estado. Esto los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad.

A la luz de las observaciones realizadas en su primer visita al país, la CIDH, hizo recomendaciones al Estado de Nicaragua tendientes a garantizar el derecho a la protesta, procurando el cese de la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas, creando mecanismos para la investigación sobre los hechos de violencia ocurridos, garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas con protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales. También se solicitó el desmantelamiento de los grupos parapoliciales; garantizando el respeto de la independencia de los medios de comunicación y exhortando a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones, así como a proteger en forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo. Pidió además que se garantice la libertad en la atención de los hospitales públicos y privados, así como respecto de la labor humanitaria de la Cruz Roja y los bomberos. Finalmente se pide la ratificación de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos aún pendientes de ratificación, en particular la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; facilitar la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional; y comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas. (2)

El día 25 de junio, se dio comienzo a la segunda visita de la CIDH al país. En dicha ocasión, este organismo se ha reunido con representantes de la Conferencia Episcopal, y la Mesa de Diálogo para establecer cuál es la demanda que la sociedad civil, y también los obispos y representantes del Estado tendrán para que la comisión pueda aportar técnicamente en su labor. Asimismo, se anunció que para la primera semana de julio se realizará la instalación oficial del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, para coadyuvar en las investigaciones para tipificar conductas, identificar a los responsables de los crímenes y generar
un plan de atención integral.

En declaraciones recientes, el secretario ejecutivo de la CIDH Pablo Abrao, señaló que al momento se puede hablar de 212 personas fallecidas, más de 1300 personas heridas, y más de 400 personas detenidas en condiciones arbitrarias desde que se inició el conflicto. Es una situación muy crítica y es necesario que toda la comunidad internacional preste atención a lo que está pasando en Nicaragua, y que nosotros tengamos las condiciones de reforzar toda la colaboración para la protección de los derechos humanos de la sociedad nicaragüense y bregó por una salida que se espera sea pacífica, constitucional, democrática, y que pueda atender al reclamo de justicia por parte de las víctimas y de sus familiares (3).

Claudia Couso, Politóloga; Magister en Metodología de la Investigación Científica (UNER); Coordinadora de Publicaciones y Red Interuniversitaria en el Centro Internacional de Estudios Políticos de la UNSAM y docente de la Carrera de Ciencia Política (UBA) y de la Escuela de Política y Gobierno (UNSAM).

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