El antes autodenominado oasis económico-social latinoamericano se encuentra asolado por una tormenta de arena y no hay claridad respecto a quien o quienes puedan guiar hacia la calma. Ya van más de cien días de protestas, el descontento social se mantiene y la institucionalidad no da señales de reconexión con la sociedad chilena.
Chile despertó
El 6 de octubre de 2019 se concretó por el gobierno de Sebastián Piñera un alza del transporte público en la Región Metropolitana de Santiago. Esta situación -que se suma a otros aumentos importantes durante el año 2019 en electricidad y agua potable- generó evasiones masivas en el Metro de la mencionada ciudad por parte de estudiantes secundarios, luego el movimiento fue aumentando, incorporándose universitarios y trabajadores.
El 18 de octubre las
manifestaciones aumentaron y el presidente Piñera -sin dar respuesta a las
demandas sociales- decretó el Estado de Emergencia en Santiago, lo que
significó que los militares quedaran a cargo de la capital
de Chile limitando la libertad de tránsito y reunión. Cabe recordar que esta situación
no sucedía en la ciudad de Santiago desde 1987, en ocasión de un atentado al
dictador Augusto Pinochet. No obstante esta medida, en los días siguientes las manifestaciones se
mantuvieron en la capital chilena y se expandieron a otras ciudades
como Antofagasta, Valparaíso, Concepción y Punta Arenas.
Trece días después de decretar el alza del transporte público, el gobierno de Piñera decide dar marcha atrás y suspende el aumento, pero sin dar solución a otras demandas sociales que se fueron incorporando a las protestas, tales como, aumento de las pensiones de vejez, mejora y mayor infraestructura en salud, educación de calidad y realmente gratuita y otras demandas relacionadas a derechos sociales. Pese al anuncio se mantuvieron las manifestaciones y se decretó toque de queda primero para Santiago y luego a otras ciudades, lo que implicó restricción total para que los ciudadanos puedan movilizarse por la ciudad o realizar reuniones.
En este contexto de
protestas, una mayoría de partidos políticos llegaron a un “Acuerdo por la
Paz Social y la Constitución” que buscaba disminuir las manifestaciones y
establecer un plebiscito para concretar la realización de una nueva
Constitución que reemplace la vigente de 1980 promulgada durante la dictadura
militar. Cabe destacar que esta última fue redactada por una comisión de juristas
nombrados por la Junta Militar y para el momento de su aprobación, mediante
plebiscito, no existían registros electorales y las libertades públicas se
encontraban restringidas.
Violaciones a los derechos humanos, el gobierno y
organismos internacionales
La respuesta
internacional no se hizo esperar con respecto a la violencia con la cual el
gobierno de Piñera reprimió las protestas: tanto Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, la oficina de la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
establecieron atropellos y vulneraciones graves y generalizadas a los
derechos humanos de los manifestantes.
Pese a los informes internacionales, la posición del gobierno se mantuvo inamovible. Así es, como en vez de pronunciarse respecto a las exigencias de la ciudadanía, prefirió aumentar la represión policial y presentar una batería de proyectos de ley para “reforzar el orden y la seguridad pública”, entre los que se encuentran: antisaqueos, antiencapuchados y antibarricadas. También el gobierno presentó un proyecto que permite a militares proteger infraestructura crítica [i], sin la necesidad de decretar previamente Estado de Excepción.
Actualmente, las manifestaciones se mantienen en distintas zonas del país y la situación actual de represión y criminalización no ha disminuido. Según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, al 31 de enero de 2020 el panorama es el siguiente [ii]:
CATEGORÍA
CIFRAS
Personas detenidas
9545
Personas heridas
3746
Heridas oculares
427
Heridas por disparos
2114
Heridas por
lacrimógenas
268
Por su parte, la Fiscalía actualmente investiga 35 muertes de civiles durante las manifestaciones, las cuales se concentraron principalmente durante el primer mes[iii].
¿Las instituciones funcionan?
Si bien, en 2020 han disminuido las protestas y consecuentemente el número de detenidos en las mismas, la imagen del gobierno se mantiene con un bajo nivel de confianza, alcanzando solo un 5% de aprobación, pese al cambio de gabinete y al anuncio de una agenda social. Pero más allá de este dato, el descontento hacia las instituciones es generalizado: así Carabineros cuenta con solo un 17% de confianza, la iglesia católica un 14%, Congreso 3%, tribunales de justicia 8% y las empresas privadas un 7%. [iv]
Cabe destacar que el descontento social hacia estas instituciones está fundamentado tanto en los recuerdos de represión y muerte de los que Carabineros y las Fuerzas Armadas fueron responsables durante la dictadura militar, como así también en los graves casos de corrupción en que muchos de sus miembros se vieron involucrados. Así Carabineros, institución que en algún momento se entendió como la fuerza policial menos corrupta de la región, actualmente tiene procesados a varios miembros en retiro por “compras con sobreprecio, sueldos con asignaciones indebidas, anomalías en la adquisición de vehículos, licitaciones dirigidas y fraudes en la construcción de cuarteles”[v]. Por su parte, las Fuerzas Armadas defraudaron al fisco al menos desde el año 2010, en lo que se denominó “Milicogate”, acto por el cual se realizaron cientos de fraudes mediante los fondos reservados del cobre que se les otorga por mandato de la Constitución de 1980[vi].
La iglesia católica fue, y al parecer sigue siendo, encubridora de delitos de abuso sexual a menores de edad, de los cuales fue parte no solo la dirigencia eclesiástica, sino que también la clase alta chilena. Y si bien las iglesias evangélicas han aumentado en número de seguidores, sus millonarias cuentas bancarias, rechazo al aborto, matrimonio igualitario e identidad de género generaron también desconfianza en la ciudadanía. De esta forma, la institucionalidad religiosa es objeto también de un descredito generalizado, que ni la fe puede sostener.
El Congreso, en ambas
cámaras, ha sido lento o bien sordo respecto a la tramitación de proyectos de
ley que signifiquen la mejora del bienestar social. El lobby empresarial, las
coimas, las asesorías parlamentarias fantasmas y sueldos millonarios no han
acercado a los parlamentarios a sus representados, sino que más bien han
aumentado la desconexión.
El Poder Judicial, al
menos el 2019, investigó a tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua
por tráfico de influencias. También la lentitud de los procesos, y las penas
irrisorias a algunos miembros de la elite aumentan la desconfianza de la
ciudadanía.
El mundo empresarial no
se encuentra ajeno a la desconfianza social, principalmente por la privatización
y repartición de empresas públicas que se realizó durante la dictatura cívico
militar, y ya en democracia, los delitos de “cuello y corbata” o “guante
blanco” relacionados al lucro en la educación y colusión en distintas áreas de
la producción.
Ante este panorama sombrío, cabe recordar al presidente Ricardo Lagos quien hace casi dos décadas señaló “hay que dejar que las instituciones funcionen”[viii]. Y en este contexto ese enunciado se transforma en una pregunta pertinente, ¿Están funcionando las instituciones democráticas en Chile? y si funcionan, ¿Para quién o quiénes?
Óscar Patricio Rojas Mesina Abogado. Magíster en Derechos Humanos y Democratización (CIEP-UNSAM). Investigador de PRADH
[i] Cabe destacar que el proyecto de ley aprobado por el Senado y actualmente en tramitación en la Cámara de Diputados no establece una determinación de que servicios serán comprendidos como infraestructura crítica, señalando que será el presidente de la República vía decreto supremo quien lo determine junto a los ministros encargados de la Seguridad Pública y de la Defensa Nacional.
[viii] Esta frase tiene relación a los casos de corrupción que se hicieron públicos durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, que fue titulado por la prensa de esa época como caso Mop-Gate
