Brasil, violencia y discriminación: El asesinato de Marielle Franco en contexto
On 21/03/2018 by adminMujer, negra, nacida en la favela de la Maré, feminista, lesbiana, madre, socióloga especialista en administración pública, defensora de derechos humanos y electa concejala de la ciudad de Río de Janeiro en 2016 –la quinta más votada entre 51 concejales, de los cuales sólo siete son mujeres.
Marielle Franco fue asesinada de cuatro balazos en la cabeza el miércoles 14 de febrero de 2018, cuando salía del evento “Jóvenes negras moviendo las estructuras”. Este homicidio fue fríamente ejecutado tras un mes de intervención militar por las fuerzas armadas en la ciudad carioca –la primera intervención de ese tipo desde el retorno de la democracia en Brasil.
El caso de Marielle es el fiel retrato de la seria situación sociopolítica, económica e institucional atravesada por Brasil, que socava los niveles de bienestar y la garantía de los derechos fundamentales de los y las brasileñas.
La debilidad institucional y económica
Brasil
Tras el buen desempeño de la economía brasileña durante los mandatos del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y el primer mandato de su sucesora Dilma Rousseff (PT), el año 2014 trajo un contexto de inestabilidad. Una crisis económica sin precedentes en la historia reciente –desde la implementación del Plan Real en 1992— estalló durante el segundo mandato de Rousseff, signado por denuncias de corrupción contra importantes empresas y la clase política. Un conjunto de complejos factores llevaron a un cuestionable juicio político y al ascenso del vicepresidente Michel Temer (PMDB) a la presidencia en 2016.
A pesar de los magros resultados económico, dos denuncias judiciales por corrupción y altos niveles de impopularidad, el presidente Temer se mantiene en su cargo gracias al apoyo de un Congreso notablemente conservador. Asimismo, en la búsqueda del respaldo de los mercados, ha implementado una agenda de ajuste económico a nivel nacional que afecta a los sectores en situación de vulnerabilidad, y cercena conquistas sociales recientes.
Rio de Janeiro
A finales de noviembre de 2017, el estado de Río de Janeiro tenía tres de sus ex gobernadores detenidos. ¿La principal razón? La corrupción. A esto se suma la crisis económica que enfrentan los cariocas, que ha afectado desde el pago de los sueldos de los empleados públicos, los recursos para la educación –en agosto de 2017 la Universidad Estadual de Río de Janeiro suspendió su año lectivo—, hasta el mantenimiento de los comedores populares.
La crisis en la seguridad pública carioca y la respuesta armada
El asesinato de Marielle es una expresión de la crisis vivida en Rio de Janeiro por causa de la inacción estatal y el creciente enfrentamiento entre facciones que buscan incrementar su control sobre el territorio.
El crimen organizado tiene presencia en once municipios del estado y controla zonas pobladas por más de dos millones de personas. Transporte, garrafas, señal televisiva y de internet, así como las garantías de seguridad, son algunos de los “servicios” que estos grupos le cobran a estos sectores de la población. Si bien las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) creadas en 2008 lograron reducir las estadísticas de violencia en las favelas, a partir del final de los Juegos Olímpicos en 2016 se verificó un recrudecimiento de los enfrentamientos entre facciones, y el aumento gradual de la violencia hasta llegar al cierre paulatino de las UPPs.
Como reacción al incremento de la violencia se han establecido políticas de seguridad en Rio –y en Brasil en general– basadas en la militarización. Como consecuencia de estas políticas, sólo en el primer bimestre de 2018, 182 personas fueron ejecutadas por la Policía, lo que representa un aumento de 213% frente a cifras equivalentes del 2013, en un contexto en el que los asesinatos aumentaron 24% entre 2013 (786) y 2017 (978).
La más reciente respuesta estatal a la violencia en Rio de Janeiro es el recrudecimiento de la militarización. El 16 de febrero de 2018, el presidente Michel Temer decretó la intervención federal en el área de la seguridad pública en la ciudad y la dejó bajo el comando General de las Fuerzas Armadas Eduardo Villas Boas, sin participación civil. Cumplido un mes de la intervención, su falta de transparencia y el inédito nombramiento de su comando militar en tiempos democráticos, ha generado fuertes críticas.
A lo anterior se suma la polémica ley 13491 de 2017 que trasladó a la justicia militar el juzgamiento de los homicidios dolosos de civiles perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas. La ley impide que los crímenes perpetrados por miembros Ejército en el marco de actuación como responsables de la seguridad pública sean llevadas a juicios, con las debidas garantías del debido proceso para las víctimas y para la sociedad en su conjunto.
Durante una reunión de trabajo sobre la intervención, una declaración del General Villas Boas generó preocupación: el General se confesó intranquilo con la posibilidad de creación de una nueva Comisión de la Verdad una vez finalizada la intervención en la ciudad carioca.
El color de la violencia y la resistencia: Marielle Franco
Las zonas en las que se registran los índices más graves de violencia son aquéllas más vulnerables económicamente. Como reflejo del racismo que persiste en la sociedad brasileña, estas zonas son predominantemente habitadas por afrodescendientes. Los datos muestran que en 2014 el 76% de los y las personas más pobres de Brasil son negros; en 2004 eran el 73%. A lo anterior se suma el racismo en su faz institucional: en 2016 y 2017, nueve de cada diez personas fallecidas por accionar de la Policía eran afrodescendientes.
Frente a este contexto de racismo institucionalizado, crisis institucional, política y económica, Marielle Franco fue una voz valiente y contundente, sólo acallada por un crimen violento y premeditado.
Desde su ingreso a la defensa de los derechos humanos en 2005 –tras la pérdida de una amiga en un enfrentamiento entre policiales y narcotraficantes— Marielle dedicó su vida a visibilizar la situación de las personas pobres, afrodescendientes, LGBTI y víctimas de la violencia, con especial énfasis en la denuncia de la brutalidad policial. Como contracara, también trabajó en apoyo de los familiares de los policías muertos en enfrentamientos con el crimen organizado.
Marielle luchó de forma incansable por la defensa de los derechos humanos de la población frente a las ejecuciones extrajudiciales que afectan a la población afrodescendiente y pobre de las favelas, al uso ilegítimo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, al racismo, la discriminación y la violencia institucional.
El día anterior a su asesinato, Marielle publicó en las redes sociales una denuncia que hizo acerca la responsabilidad de batallón de la Policía Militar en la muerte de un joven en una de las favelas de Rio de Janeiro.
“Un homicidio más de un joven en la factura de la Policía Militar. Matheus Melo estaba saliendo de la iglesia. Cuantos más necesitan morir para que la guerra acabe?”
No lograron callarle. Marielle sigue presente, inspirando y fortaleciendo la lucha por justicia social alrededor Brasil y el mundo.
BRAZIL, VIOLENCE AND DISCRIMINATION: MARIELLE FRANCO´S MURDER IN CONTEXT
Woman, black, born at Maré´s favela in Rio de Janeiro, feminist, lesbian, mother, sociologist specialized in public administration, human rights defender and recent elected councilor of Rio in 2016 – she was the fifth most voted among 51 councilors, which only seven are women.
Marielle Franco was shot four times in the head on February 14th 2018, after leaving an event called “Black young people moving the structures”. Her murder was coldly executed when military intervention by the Brazilian armed forces in the city of Rio de Janeiro was completing a month- the first intervention of that kind since the return of democracy in Brazil.
The case of Marielle is the faithful portrayal of the serious socio-political, economic and institutional situation that Brazil is going through, which undermines the levels of well-being and the guarantee of Brazilian´s the fundamental rights.
El caso de Marielle es el fiel retrato de la seria situación sociopolítica, económica e institucional atravesada por Brasil, que socava los niveles de bienestar y la garantía de los derechos fundamentales de los y las brasileñas.
Institutional and economic fragility
Brazil
After the good performance of the Brazilian economy during the terms of former President Luiz Inácio Lula da Silva (PT) and the first term of her successor Dilma Rousseff (PT), 2014 brought a context of instability. An unprecedented economic crisis in the Brazilian recent history –since the implementation of the Real Plan in 1994- erupted during Rousseff’s second term along with allegations of corruption against important companies and the political class. A complex set of factors led to a questionable political trial and the rise of her Vice President Michel Temer (PMDB) to the presidency in 2016.
Despite the meager economic results, two judicial complaints of corruption and high levels of unpopularity, President Temer remains in office thanks to the support of a remarkably conservative Congress. Likewise, in the search for the support of the markets, Temer has implemented an agenda of economic adjustment at a national level that affects both the sectors in a situation of vulnerability and recent social gains.
Rio de Janeiro
By the end of November 2017, the state of Rio de Janeiro had three of its former governors detained. The main reason? Corruption scandals. The situation is worsened by the economic crisis facing Rio de Janeiro, which has affected many public areas such as the payment of salaries of public employees, the education budget – in August 2017 the Rio de Janeiro´s Public University suspended its academic year-, until the maintenance of the popular dining rooms.
The armed response to the crisis in public security in Rio
The murder of Marielle is an expression of the crisis experienced in Rio de Janeiro due to state inaction and the growing confrontation between factions that seek to increase their control over the territory.
Organized crime presence has been felt in eleven municipalities of the state and controls areas populated by more than two million people. Transportation, carafes, television and Wi-Fi signal, as well as security guarantees, are some of the “services” that these groups charge to these sectors of the population. Although the Pacifying Police Units (UPPs) created in 2008 succeeded in reducing the statistics of violence in the favelas for some years, as of the end of the Olympic Games in 2016 there was a resurgence of factional fighting, and the gradual increase in violence as well as the gradual closure of the UPPs.
As a reaction to the increase in violence, Brazilian and Rio´s public authorities have aimed at implementing and reinforcing security public policies based on more militarization. As a result of these policies, only in the first two months of 2018, 182 people were executed by the Police in Rio, representing an increase of 213% compared to 2013 figures, in a context in which murders increased 24% between 2013 (786) and 2017 (978).
The most recent state response to violence in Rio de Janeiro is the intensification of militarization. On February 16, 2018, President Michel Temer decreed federal intervention in the area of public security in the city and left the control under the authority of General of the Armed Forces Eduardo Villas Boas, without civil participation. One month after the intervention, the operation lacks transparency and is strongly criticized for the unprecedented appointment of a military command in democratic times.
On top of this, the Brazilian National Congress recently approved the controversial law 13491 of 2017 that transferred to the military justice system the trial of the intentional homicides of civilians perpetrated by members of the Armed Forces. The law prohibits that crimes perpetrated by Army members in the framework of their actions in public security may be brought to trial, with due legal guarantees for the victims and for society as a whole.
During a work group meeting on the intervention, a statement by General Villas Boas raised concern: the General confessed uneasily with the possibility of creating a new Truth Commission once the intervention in the city of Rio de Janeiro is over.
The color of violence and resistance: Marielle Franco
The areas with the most severe rates of violence are those inhabited by economically vulnerable sectors. As a sign of the racism that persists in Brazilian society, these areas are predominantly Afro-descendants. The data show that in 2014 76% of the poorest people in Brazil are black; in 2004 they were 73%. In addition to this, institutional racism affects society: in 2016 and 2017, nine out of ten people killed as a result of police actions were Afro-descendants.
Faced with this context of institutionalized racism, institutional, political and economic crisis, Marielle Franco was an outstanding courageous and forceful voice, only silenced by a violent and premeditated crime.
Since the beginning of her activism and defense of human rights in 2005 – after the loss of a friend in a confrontation between police and drug traffickers – Marielle dedicated her life to making visible the situation of the poor, afro-descendant, LGBTI and victims of violence, with specific emphasis on denouncing of police brutality actions. As a counterpart, she also worked supporting the relatives of the police officers killed in clashes with organized crime.
Marielle fought tirelessly for the defense of the human rights of the population. She raised her voice against extrajudicial executions that affect the Afro-descendant and poor population of the favelas, the illegitimate use of force by the security forces, racism, discrimination and institutional violence.
The day before his murder, Marielle published a report in the social media in which she pointed the responsibility of a battalion of the Military Police in the death of a young man in one of the favelas of Rio de Janeiro.
“One more homicide of a young man on the bill of the Military Police. Matheus Melo was leaving the church. How many more needs to die for the war to end? ”
They did not manage to silence her. Marielle is still present, inspiring and strengthening the struggle for social justice around Brazil and the world.
Felipe Wunder – Asistente de investigación en el Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP) de la UNSAM
Graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Brasília y Magister en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por el CIEP.
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