Desde cuándo fue un diputado federal sin expresión política, el actual presidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ha defendido la dictadura militar-civil (1964-1985), así como a los torturadores de la época[1]. Al asumir la presidencia, continuó con el revisionismo histórico característico de gobiernos autoritarios y debilitados[2]. Tal comportamiento va más allá de la política del olvido y la impunidad, característica del período de transición brasileño, ya que es una reescritura de la historia, en la que la dictadura habría sido un período beneficioso para el país. Aun conociendo estas características, las actitudes antidemocráticas continúan conmocionando a quienes defienden los derechos humanos y la democracia.
Dos casos recientes ilustran esto. El primero, una decisión de la Justicia brasileña autorizando la celebración del golpe cívico-militar de 1964[3]. El primer intento de celebración ocurrió en el año 2019, al inicio del mandato de Bolsonaro, pero fue bloqueado por la justicia. El gobierno federal apeló la decisión y ahora, en marzo de 2021, el Tribunal Regional Federal de la 5ª Región (TRF-5) dictó una nueva sentencia aprobando la celebración.
El segundo caso que preocupa, es el de la citación, el 15 de marzo de 2021, del youtuber Felipe Neto por presunta violación a la Ley de Seguridad Nacional (LSN), aprobada en 1983, aún en período dictatorial[4]. Con más de 40 millones de seguidores en su canal de entretenimiento de YouTube, Felipe Neto se ha destacado por usar sus redes sociales para oponerse al gobierno de Bolsonaro. Según la citación, el youtuber encajaría en la LSN por haber calificado de “genocida” al actual presidente.
Los dos casos presentados son ilustrativos de la política autoritaria y de olvido de la memoria del gobierno Bolsonaro. Según Todorov (1999), existe la supresión de la memoria en los períodos dictatoriales del siglo XX. Olvidar o no saber lo sucedido sería una forma de fortalecer los regímenes o al menos una forma de garantizar la impunidad de los responsables de violaciones de derechos humanos.
En Brasil, segundo Abrão y Torelly (2012), hay tres pilares de nuestra transición democrática controlada: un pilar político, en el que se niega la existencia de víctimas, ya que, según esta narrativa, las dos partes habrían cometido atrocidades; un pilar cultural, en el que lo mejor es olvidar el pasado y centrarse en el futuro; y un pilar legal, que garantiza el mantenimiento de la impunidad bajo la Ley de Amnistía.
Abrão y Torelly (2012) también dirán que en el período de la transición democrática, la amnistía era vista como olvido e impunidad. En el período democrático, se crearon varias iniciativas y leyes para revertir este entendimiento. Ejemplos de ello fueron las creaciones de la Comisión de Amnistía en 2001, centrada en la reparación de las víctimas, y la Comisión de la Verdad (sin justicia) en 2012. Los autores se referirán a esta fase del debate sobre memoria como una amnistía como libertad y reparación. Según los autores
Por lo que todo indica, la Constitución corroboró el sentido de la amnistía como libertad, agregándole a una dimensión de reparación, y determinó que todos los ciudadanos afectados por actos de excepción deben ser reparados por el Estado democrático.
(Abrão y Torelly, 2012, p. 366, traducción propia)
Escrito en 2012, percebemos una visión optimista con los avances democráticos. Los autores incluso mencionan que estaríamos avanzando, especialmente con la creación de la Comisión de la Verdad, hacia una amnistía como verdad y justicia (en la que se presumiría la responsabilidad de agentes del Estado por las violaciones de derechos de la época). No fue lo que ocurrió.
Sobre los dos casos presentados aquí, no nos sorprende que la justicia haya tomado estas decisiones. Baggio (2012) destaca el papel del Poder Judicial brasileño en la imposición de barreras al pleno cumplimiento del derecho a la memoria y la verdad. Un ejemplo de esto es la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) en 2010 de defender el pacto político (Ley de Amnistía) firmado durante la dictadura militar, como si tuviera valor político y legal en el período democrático, garantizando así la impunidad de los responsables de las violaciones. Según Schincariol (2011), al tomar esta decisión, el STF ignoró las normas internacionales vigentes, además de desconocer que la aprobación de la Ley de Amnistía fue realizada por un Congreso elegido dentro de las normas antidemocráticas de la dictadura y, sin embargo, fue una votación ajustada, con 206 votos a favor y 201 en contra.
A través de los ejemplos presentados se percibe la política de revisionismo histórico de Bolsonaro, que va más allá de la política del olvido y la impunidad, característica de la amnistía aprobada en la década de los ochenta. También se nota el papel del Poder Judicial en impedir la plena efectivización del derecho a la memoria y a la verdad. Además, se advierte que la memoria es algo en constante disputa. Se necesita organización y trabajo (de base, institucional, académico) para superar el olvido, garantizar la reparación a las víctimas y fortalecer la democracia.
Luiza de Almeida Bezerra Socióloga, especialista en Relaciones Internacionales y alumna en la Maestría en Derechos Humanos y Democracia en América Latina y Caribe (CIEP-UNSAM)
ABRÃO, P. y TORELLY, M. D. (2012), “Mutações do Conceito de Anistia na Justiça de Transição Brasileira: A Terceira Fase da Luta pela Anistia”. Revista Anistia Política e Justiça de Transição, nº 7, pp. 10-47.
BAGGIO, R. C. (2012), “Marcas da Memória: a atuação da Comissão de Anistia no campo das políticas públicas de transição no Brasil”. In: Ciências Sociais Unisinos, São Leopoldo, Vol. 48, N. 2, p. 111-118, mai/ago.
SCHINCARIOL, R. L. F. C. (2011), “A Comissão da Verdade no Brasil”. In: IV Seminario Politicas de la Memoria: Ampliación del campo de los derechos humanos. Memórias y Perspectivas, Buenos Aires. Memórias y Perspectivas.
TODOROV, T. (1999), “Los abusos de la memoria”. Buenos Aires. Editorial Paidos
