En el año 2008, un grupo de policías detuvo ilegalmente y violó a Azul Rojas Martín en una provincia del norte del Perú. Los funcionarios estatales no sólo ejercieron violencia física en su contra, sino que además la agredieron verbalmente por su condición de trans. De este modo, se transformó e el primer caso de tortura sexual contra una persona de la comunidad LGTBI visto por la Corte IDH.
En un informe de agosto del 2018, este organismo señaló, que encontró elementos suficientes para considerar que no solo hubo un especial ensañamiento en el trato para con la víctima; sino que además a lo largo de la investigación en instancias peruanas, fue descalificada y su credibilidad puesta en duda de manera revictimizante.
La nota realizada por Carlos Zelada da cuenta de la relevancia de este caso, tanto en lo que refiere a la postura de la Corte; como a la que el Estado peruano debe adoptar no solo garantizando la reparación, sino también reconociendo la gravedad de los hechos.
Carlos Zelada Jefe del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico y profesor de LATMA en el Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina)
