Avanza el referéndum para la reforma constitucional en el Perú

El 9 de diciembre es la fecha en el que la ciudadanía peruana se tendrá que expresar con respecto a la propuesta presidencial para la reforma constitucional. La consulta es el epílogo de una historia con denuncias de corrupción que lleva meses poniendo en jaque a las principales personalidades del mundo político y del poder judicial.

Después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia del Perú en Marzo de 2018, , el hasta entonces primer vicepresidente Martin Vizcarra, heredó un país con una profunda crisis política. Uno de los compromisos con el que asumió el actual Presidente fue el de defender la integridad física y moral del Estado y la independencia de las instituciones democráticas.

Al momento, el nuevo Gobierno viene enfrentando otra crisis institucional cuyo epicentro se originó en el interior del Sistema Judicial y los organismos constitucionales autónomos del Estado- esto es Poder Judicial, Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura-CNM (órgano encargado de la elección de jueces y fiscales)- debido a que se filtraron a la prensa interceptaciones telefónicas que demostrarían el poder que una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas tiene en el país y cuyo brazo legal presuntamente estaría conformado incluso por jueces y fiscales supremos de la República –incluido el actual Presidente del Ministerio Público-. Pero además, expuso otros delitos que se cometen en esos círculos de poder y el grado de cercanía que tiene el Poder Judicial y los demás organismo constitucionales con el Legislativo, principalmente con la bancada fujimorista cuya mayoría es abrumadora en el Congreso.

El encargado de contener este remesón es principalmente el Poder Legislativo, proponiendo la restructuración de las instituciones Estatales –que en algunos casos implica una modificación constitucional- y aprobando la remoción a los cargos públicos de los altos funcionarios, además del levantamiento de su inmunidad y el antejuicio político; sin embargo, pese a la presión de las calles, a las propuestas planteadas desde el Ejecutivo y al cuestionamiento mediático por sus fuertes vínculos con los investigados, el partido que tiene mayoría en el Congreso decidió extender de manera injustificada el tiempo en las reformas.

Frente a esta actuación legislativa el Presidente de la República el 17 de Setiembre planteó por segunda vez en este periodo de gobierno la “cuestión de confianza” con la intención de que el Congreso aprobara las propuestas planteadas por éste y fijándoles como plazo máximo hasta el 4 de Octubre o en su defecto se encontraría habilitado constitucionalmente para disolver el Congreso, ocasionado con ello un enfrentamiento aún más abierto entre dos poderes del Estado.

¿Qué es la “cuestión de confianza” y como es que un Presidente puede disolver el Congreso en el Perú?, estas preguntas fueron en su momento titulares de todos los periódicos nacionales debido a que era la primera vez que se proponía la disolución del Congreso. La cuestión de confianza es una figura de contrapeso que el Ejecutivo tiene en el Perú, no sólo para equiparar poderes con el Legislativo -debido a que este último tiene la facultad de censurar Ministros o Gabinetes Ministeriales indeterminadamente-, sino que además responde al rasgo presidencialista que tiene la Constitución de 1993 emitida por el Gobierno de Fujimori, que le da un mayor poder al Presidente para disolver el Congreso cuando éste último decide obstruir la actuación del primero a través de la censura o el negar la confianza a por los menos dos Consejos de Ministros. Además esta medida surge debido a que históricamente en el Perú los Gobierno que tuvieron mayoría opositora en el Congreso –como los de Bustamante Rivero o Belaunde Terry- terminaron siempre con golpes de Estado, en consecuencia esta figura es incluso considerada como una salida democrática ante una profunda crisis institucional.

La posibilidad de disolver el Congreso se le presentó al Presidente Vizcarra luego de que el Legislativo censuró en el gobierno de Kuczynski al ex Ministro de Educación Jaime Saavedra y rechazó la primera cuestión de confianza planteada por el ex Premier Fernando Zavala frente a la censura que se impulsó también contra Marilú Martens, sucesora de Jaime Saavedra en el Ministerio, ocasionando así la primera crisis total del Gabinete Ministerial, donde se tuvo que reorganizar el Consejo de Ministros.

La coyuntura actual en el Perú es excepcional debido a que los anteriores Gobiernos, a diferencia de éste, no sólo gozaban de una mayoría en el Congreso, sino que además esta mayoría buscaba alianzas con otros grupos políticos. En cambio, en la actualidad, la confrontación entre poderes ha ocasionado que la ciudadanía tienda a respaldar las medidas del Ejecutivo, llegando a tener el actual Presidente una aprobación del 61. Además, desde la sociedad se viene gestándose un pedido de cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones legislativas. Mientras tanto, en los espacios académicos se debate la legitimidad o no de un Presidente de la República que propone la cuestión de confianza frente a temas normativos como son las reformas institucionales, que además no son de competencia del Ejecutivo sino del Legislativo, poniendo a la mesa otra variable que es la independencia de los poderes del Estado.

Las propuestas planteadas por el Ejecutivo en julio de este año tienen relación con la reforma política y del Sistema de Justicia, debido a que se propone de manera concreta la reforma al Consejo Nacional de la Magistratura, fiscalización de la financiación de los partidos políticos, eliminación de la re-elección de parlamentarios y el retorno a un parlamento bicameral.

Estas cuatro medidas en la actualidad han sido aprobadas por el Congreso y serán objeto de referéndum el 9 de diciembre, sin embargo, estas propuestas en muchos de los casos han sufrido modificaciones que debilitan la finalidad de las medidas, observando el Ejecutivo únicamente la reforma relacionada al retorno de un parlamento bicameral.

La reformas se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura, la fiscalización de la financiación de los partidos políticos, la prohíbe de re-elección de los parlamentarios, y el retorno a la bicameralidad.

Aprobadas estas medidas por parte del Legislativo, el Presidente Vizcarra señaló que será respetuoso de los acuerdos aprobados por el Congreso y que deja en manos de los ciudadanos estas cuatro reformas constitucionales, promoviendo desde el Ejecutivo el no al retorno de la bicameralidad en las condiciones en las que se aprobó.

Los tiempos para el referéndum se acercan y las organizaciones sociales llevaron adelante en  las redes sociales el SI a las tres primeras reformas y el NO a la última reforma relacionada con la bicameralidad, que también fue objetada por el propio Vizcarra luego de haberla impulsado. Si bien en su oportunidad el partido Aprista interpuso un recurso impugnatorio contra la cédula de votación, argumentando no estar de acuerdo con el orden de las preguntas ya que que inducían al electorado a votar conforme a los intereses del Gobierno, el proceso siguió adelante.

Los destinos de la política peruana en este tema ahora están en las manos de la sociedad y a pesar que hay opiniones a favor y en contra -debido a que las reformas no son tan profundas como muchos esperaban- lo cierto es que este Ejecutivo sabe cómo canalizar las demandas sociales y a diferencia del anterior –que se presentó como un Gobierno liderado por técnicos– viene demostrando que no sólo se necesita ser técnico, sino además es necesario ser político para afrontar esta crisis institucional que aún no tiene salida.

Sally Sumico Ccotarma Ttito
Abogada. Magíster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina (CIEP/UNSAM).

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