Autonomía Indígena, hacia la consolidación de la autodeterminación de los pueblos.

“El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado”.

(Preámbulo de la Constitución Política del Estado Plurinacional)

La autonomía indígena es una reivindicación histórica. Ni durante la colonia española, ni luego de la fundación de la República de Bolivia en 1825 fue reconocida como un derecho; lo que se logró recién en la Constitución Política de 2009. Así, fueron más de cien años en donde los pueblos indígenas,  aun siendo mayoría en este Estado republicano, no formaron parte de la composición política, social y cultural, ni tampoco gozaron de la ciudadanía.

La sublevación indígena anticolonial es una lucha por el reconocimiento de su identidad cultural, libre determinación y territorialidad, que se hace más visible en el año 2000, cuando los pueblos originarios de tierras bajas situadas en el Oriente boliviano deciden realizar la marcha por la dignidad. Esta marcha fue el inicio de una secuencia de manifestaciones nacionales en el territorio boliviano: las naciones y pueblos originarios deciden organizar marchas de protesta, que culminan en el 2003 con la renuncia del Presidente de la República.  Esta corriente indigenista, sindical y vecinal, lleva además a Evo Morales a la postulación de la presidencia en 2006. En este contexto, se convoca a una Asamblea Constituyente para la re-fundación del Estado en la cual participaron diferentes sectores de la sociedad: ciudadanía organizada, representantes de los pueblos indígenas, sindicatos y organizaciones políticas.

En 2009 se promulga la Constitución Política del Estado Plurinacional, que en su parte dogmática reconoce los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, “definida a toda colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española” (artículo 30). La Constitución Plurinacional señala además que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. En las autonomías, sus autoridades se eligen por votación directa de sus ciudadanos/as, y cada una de ellas ejerce la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, en manos de sus órganos de gobierno autónomo, y de acuerdo a su jurisdicción y competencias. Esta nueva forma de la organización del Estado responde a las necesidades de la sociedad boliviana, pero aquel grupo marginado y excluido desde la fundación, cuenta ahora con la autonomía indígena originaria campesina que consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de la naciones y pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias.

Para el acceso a la autonomía indígena existen dos caminos. La primera, es la vía para los municipios y se debe obtener un certificado de ancestralidad territorial, realizar un referéndum de consulta y tener el resultado positivo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El segundo camino es por la vía Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC), donde también se necesita un certificado de ancestralidad territorial, una acreditación de viabilidad gubernativa y base poblacional. Se debe hacer la consulta de acceso, según normas y procedimientos y conseguir un resultado positivo del TSE.

El desafío que queda es la conformación de la autonomía indígena. La nación guaraní dio un paso fundamental en su larga marcha por la autonomía indígena con la posesión de las 46 autoridades de Charagua Iyambae, el primer autogobierno indígena en Bolivia desde la aprobación de la nueva Constitución Política en 2009. Este hecho histórico sitúa a Charagua Iyambae a la vanguardia del proceso de autonomías indígena originario campesinas (AIOC), constituyéndose en un hito esperanzador de la construcción, muy compleja, todavía esquiva, del Estado Plurinacional. La elección de las autoridades de Charagua fue posible mediante el ejercicio complementario de las tres formas de democracia reconocidas constitucionalmente: la comunitaria, la directa y participativa y la representativa. Así, en el horizonte de la demodiversidad, se va asentando tanto el recorrido de lo intercultural como el de lo plurinacional autonómico.

Charagua Iyambae en el departamento de Santa Cruz, Uru Chipaya en Oruro y Raqaypampa en Cochabamba —las únicas tres AIOC con estatutos autonómicos aprobados y en vigencia— enfrentan grandes desafíos de cara al autogobierno: uno de ellos, quizá el más significativo, es lograr una diferencia sustancial con la visión municipal, tanto en la implementación de sus sistemas de gobierno como en la gestión pública indígena e intercultural. Asimismo, el ejercicio diverso de saberes y prácticas democráticas constituye un ámbito fundamental de la democracia intercultural en las AIOC. Otros desafíos complejos tienen que ver con visiones alternativas del desarrollo y con la administración de justicia según autoridades, sistemas, conocimientos y saberes propios.

Isaac Rocha
Abogado y estudiante de la cohorte 2017/2018 de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe del Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP/UNSAM).

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Fotos, imágenes y logos no están incluidas en esta licencia, excepto cuando se indique. Por favor contactar a nuestro equipo para consultas sobre reproducción.