Agrupaciones
de recuperadores y recuperadoras de residuos marcharon días pasados hacia la
Secretaría de Medio Ambiente de la Nación Argentina para manifestarse contra la
firma del decreto presidencial que permite la importación de residuos al país.
Esta decisión vulnera sus derechos como trabajadores, porque produce
inevitablemente que haya más cantidad de material reciclable disponible como
insumo para las industrias, por lo que baja el precio de cotización de estos
materiales, perjudicando los ingresos de los recuperadores urbanos. A su vez, también
afecta a sus derechos como ciudadanos que merecen vivir en un ambiente sano,
pues estos residuos pueden tener como destino el entierro, afectando de esta
manera la tierra y el agua. Respecto al tipo de residuos que se recibirá poco
se sabe: si bien sería esperable que sean residuos reciclables, como este
material no está sujeto a controles podría venir residuos peligrosos o de otro
tipo.
El
27 de agosto del 2019 salió publicado en el Boletín Oficial la firma del
decreto presidencial 591/19, que modificó artículos decreto Nº 181/92,en el que se prohibía la
importación temporal o definitiva de residuos al país. Este nuevo decreto sobre
la importación de residuos acepta el ingreso de desechos de otros países a la
Argentina sin controles sobre lo que ingresa.
Este
decreto vulnera derechos humanos ya que hace poner en peligro el derecho a
vivir en un ambiente sano, que en Argentina está plasmado en el artículo 41 de
la Constitución Nacional. Allí se prohíbe expresamente la importación de
residuos actual o potencialmente peligrosos al territorio nacional. Esta prescripción
protege a los habitantes de la contaminación que pudieran producir los residuos
importados.
Adicionalmente,
desde el año 2000 aumentó notablemente la cantidad de personas que comenzaron a
realizar la actividad de recolección, separación y compactación de material
reciclable para su posterior venta. De esta forma, la actividad se ha
convertido en el trabajo de miles de personas.
La
organización de los recuperadores y recuperadoras derivó en la construcción de redes
entre ellos, con el objetivo de optimizar su trabajo y sumar esfuerzos. Esta
acción tuvo la intención de legitimar la actividad que realizan y ser
reconocidos por el Estado y la sociedad como trabajadores. Mediante la
organización y la lucha de los cartoneros y cartoneras se consiguió legislar
sobre el tratamiento de los residuos de una forma más sustentable, atendiendo a
minimizar los daños ambientales, a crear puestos de trabajo y concientizar
sobre la reutilización y el reciclado
Pese
a ello, estos trabajadores llevan a cabo una constante lucha cultural contra el
estigma de su trabajo y el reconocimiento de esa actividad como labor. En el
último año, con el agravamiento de la crisis económica que afecta al país,
sumado a la suba del desempleo y el aumento de la inflación, muchas personas
volvieron a encontrar en los residuos la oportunidad de conseguir alimento. Aunque
el estigma que se tiene sobre su actividad es constantemente estigmatizada.
En
el actual contexto de fragilidad y crisis que está siendo sometida, la economía
argentina tiene como perjudicados a aquellos que se encuentran con mayor
inestabilidad económica. En ese sentido, el de recuperador urbano es uno de los
trabajos más vulnerados, a pesar de la lucha que entablan por el reconocimiento
de su trabajo y la demanda por la mejora laborales. Cada día, pelean por la
implementación de políticas que atiendan a la gestión de residuos de manera
integral y que los dote como actores fundamentales del proceso y –en
consecuencia- priorice su labor en la recuperación de material.
La
cuestión de los residuos y su tratamiento es un tema que Argentina no tiene
resuelto. Solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires se producen alrededor
de 16 mil toneladas de residuos, de las cuales logra recuperarse menos del 5%
de los residuos que se producen, según señalan diversas investigaciones
realizadas por el equipo de investigación coordinado por el Dr. Ricardo Gutiérrez
de la Universidad Nacional de San Martín dedicado a estudiar la gestión de
residuos en el área metropolitana de Buenos Aires. Ante este dato cabe afirmar
que las condiciones técnicas, infraestructurales y/o formativas de los
recuperadores urbanos aun no son óptimas para la recuperación de residuos. En
efecto es necesario que el Estado invierta en tecnología y capacitación en las
personas que trabajan en la recuperación de residuos para que de esa forma
cuenten con la capacidad para recuperar mayores cantidades con mejores
condiciones.
En conclusión, los recuperadores urbanos se ven sometidos una vez más a políticas públicas que perjudican su actividad laboral. Con la particularidad que esta vez la decisión del Gobierno Nacional no solo perjudica económicamente a estos trabajadores, disminuyendo el valor de los materiales reciclables por la mayor oferta. También perjudica ambientalmente a los habitantes del territorio en impedirles gozar de un ambiente sano, debido a la contaminación que puede significar el ingreso de toneladas de residuos.
Eduardo Verón Activista LGTBI, administrador público y estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización para América Latina (CIEP/UNSAM).
