Este 8 de marzo de 2020 se cumplieron tres años de un incendio en una institución de acogida estatal en Guatemala por el que murieron 41 niñas, entre 13 y 17 años, y otras 15 quedaron heridas. El día anterior al incendio, un grupo de niñas iniciaron una revuelta en la que denunciaron desde maltratos y mala comida, hasta violencia sexual. Su castigo fue el encierro y el fuego.
Exclusión sistemática de las niñas, el primer ciclo de violencia
La institución de acogida en cuestión se
llama Hogar Seguro Virgen de la Asunción (HSVA) y forma parte del conjunto de
residencias de protección del Estado de Guatemala. Las causas posibles para ser
enviada al HSVA incluían: “violación de un derecho, abandono, abuso,
negligencia y rebelión” sin que haya información disponible sobre el
significado de cada una. Al momento de la revuelta, que no fue la primera ni la
última, en el lugar vivían en hacinamiento 600 niños, niñas y adolescentes con
perfiles muy diversos: situación de pobreza, adicciones, niñas embarazadas,
víctimas de abandono, de abuso físico y sexual, e incluso personas adultas con
discapacidades (OACNUDH, 2018).
Este tipo de sistema de protección tutelar funciona sobre la idea de que cierto tipo de
infancia empobrecida asociada a la marginalidad es una “enfermedad social”, y,
por tanto, es peligrosa; que estos niños y niñas son potenciales delincuentes y
que por eso necesitan “ayuda”; que el remedio es separarles de su grupo
familiar e institucionalizarles, de igual forma aplica a quienes no cuentan con
grupo familiar (Beloff, 2011). La institucionalización entonces se convierte en
una cuasi criminalización de la situación de empobrecimiento y marginalidad,
claramente identificable en la opinión pública referente al caso de las niñas
dónde los comentarios fueron en la línea de lo “merecido” que se tenían todo lo
que les pasaba por ser “delincuentes”, a pesar de que ninguna de las niñas del
caso estaba en conflicto con la ley penal.
El infierno de la institucionalización, segundo ciclo de la violencia
Globalmente se aboga por el fin de la
institucionalización de la niñez y la adolescencia. El mecanismo en sí mismo
estigmatiza a las niñas y niños, les desvincula de su familia y comunidad,
aumenta seis veces el riesgo de que sufran violencia y cuatro veces que sean
víctimas de violencia sexual (UNICEF, 2017). El HSVA ya se había visto
implicado en múltiples denuncias de violencia sexual, así como de desaparición
de niñas que daban indicios de trata de personas (López, 2016). Esas fueron
precisamente las causas de la rebelión de las niñas del HSVA el 7 de marzo de
2017.
La tarde del 7, un grupo de niñas provocaron
un motín dentro del hogar denunciando precariedad y maltratos. Un testimonio de
una vecina cuenta que desde el techo las niñas gritaban a sus maestros:
“Viólennos aquí, delante de todos. Vengan a violarnos pues, si eso quieren otra
vez” y que cualquiera que viviera cerca sabía que el lugar era un infierno.
(Woltke y Rodríguez, 9 de marzo de 2017). Esa tarde alrededor de cien niños y
niñas salieron de las instalaciones y luego fueron capturadas por la policía a
inmediaciones del municipio, para luego ser encerradas, separadas por género,
en salones con candado. El aula donde encerraron a las 56 niñas no tenía
capacidad ni para la mitad de ellas, no tenía agua ni servicios sanitarios
tampoco. La llave del candado estaba en manos de la policía. Alrededor de las
seis de la mañana del día siguiente, ante el encierro, el hambre y la necesidad
de servicios sanitarios, una de las niñas prendió fuego a un colchón buscando
que las dejaran salir, fuego que se propagó rápidamente. A los bomberos se les
negó la entrada inicialmente y las autoridades responsables tardaron casi diez
minutos en abrir: 19 niñas murieron en las instalaciones, 22 murieron en
cuidado hospitalario y 15 sobrevivieron con distintos niveles de heridas
(OACNUDH, 2018).
Un sistema de impunidad, el tercer ciclo de violencia
La mayoría de las niñas sobrevivientes
regresaron con sus grupos familiares después del hecho, otras permanecían en
instituciones de protección privadas (OACNUDH, 2018). Los otros centros de
protección del Estado siguen funcionando como siempre. Algunas de las niñas
sobrevivientes y familias de las fallecidas iniciaron un proceso judicial por
esclarecimiento de la verdad en busca de justicia. El proceso ha estado plagado
de malas prácticas y carencias del sistema de justicia, litigio malicioso por
parte de la defensa y más recientemente por el uso de tácticas represivas.
Las estrategias contrainsurgentes de finales
del siglo XX en América Latina se han adaptado contemporáneamente para
conseguir la neutralización de líderes comunitarios en resistencia o de
opositores del gobierno a través de vías judiciales o de opinión pública en
lugar de ejecuciones o desapariciones. En ese mismo estilo, hace cinco meses el
Estado denunció por asesinato, desobediencia, incendio agravado y robo
agravado, entre otras, a las 15 niñas sobrevivientes en un intento de asegurar
impunidad a los funcionarios gubernamentales implicados en el proceso. A la
fecha, la denuncia no ha sido desestimada.
En un sistema donde la opresión de unos asegura la dominación de otros, estos ciclos de violencia constituyen mecanismos del poder para apagar rebeliones, que van desde el desorden a la normativa hegemónica, la denuncia de violencia institucionalizada y la exigencia de justicia, para perpetuar el orden impuesto.
Briseida Milián Lemus Consultora en comunicación política y de derechos humanos; estudiante de la maestría en derechos humanos y democratización (CIEP- UNSAM)
Fuentes
Beloff, Mary. (2011). La protección de los
niños y las políticas de la diferencia. Lecciones
y ensayos.
