Días pasados, el
presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunió con representantes de
oenegés de derechos humanos y familiares de las víctimas de la masacre de “El
Mozote y sitios aledaños”, perpetrada por una unidad militar especial del
Ejército salvadoreño en el año 1981, y les prometió implementar medidas de
reparación e impulsar obras de desarrollo social en la zona.
“El Mozote” es considerada una de las más atroces
matanzas en la historia reciente de América Latina. Se han “reconocido oficialmente” 1725 víctimas: 988 personas ejecutadas,
48 sobrevivieron a la masacre, 660 son familiares de las personas asesinadas y
29 sufrieron desplazamiento forzado. El 48,6 por ciento de las personas
ejecutadas por los militares fueron mujeres, el 50,2 por ciento eran hombres y
en el 1,2 por ciento no fue posible determinar el sexo. La mayoría de las
personas asesinadas fueron niños y niñas de entre 0 y 12 años de edad, que
sumaron 475, mientras que los/as muertos/as entre 13 y 17 años alcanzaron la
cifra de 64. El resto de ejecutados/as estaban entre los 18 y más de 61 años de
edad, pero entre las víctimas también se encontraban 12 niños/as en gestación (EFE, 2018).
Estos hechos fueron rotundamente
negados por años, tanto por el gobierno salvadoreño como por el de Estados
Unidos -que contribuyó a la guerra con ayuda financiera y militar- hasta que,
en el año 2012, El Salvador fue condenado y responsabilizado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de lo cual el entonces Presidente de
la República Mauricio Funes reconoció y pidió perdón a las víctimas en nombre
del Estado, en un acto conmemorativo en el que también prometió el cumplimiento
de las medidas de reparación a la víctimas. Pero, más allá de ello, no
desarrolló ninguna política pública orientada a la búsqueda de la verdad, la
sanción de los responsables de las violaciones, efectiva reparación las
víctimas y el reconocimiento de la memoria histórica.
Ahora, el recientemente nombrado Presidente
Bukele ha aclarado que “no apoyará ninguna ley de amnistía” que evite
esclarecer crímenes de guerra. Además, se ha comprometido a trabajar “para
darle la importancia que merece la reparación de las víctimas del conflicto
armado”. Apenas asumido el cargo,
Bukele había ordenado retirar de un cuartel en la ciudad de San Miguel
(138 km al este de San Salvador) el nombre del extinto coronel Domingo
Monterrosa, acusado por la Comisión de la Verdad de dirigir la operación
militar en la que se ejecutó la masacre de El Mozote.
Esto ocurre días después de que una comisión
legislativa de la Asamblea presentara una inconsulta propuesta de Ley de
Reconciliación Nacional, que nuevamente buscaba garantizar la impunidad de los
crímenes perpetrados durante el conflicto armado (1980-1992), evitando las
penas de prisión para los perpetradores, estableciendo un plazo de cinco años
para la prescripción de las investigaciones y limitando el número de casos a
investigar a los que la Fiscalía pueda recopilar en cinco meses. Con ello se pretende dejar los procesos judiciales en el
olvido, entre los que se encuentra el de la causa de El Mozote.
Este proyecto de Ley provocó el pronunciamiento
del Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la
reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, quien expresó su
preocupación en su reciente visita a El Salvador, ante este intento de abrir la
puerta a una nueva amnistía, cuando en 2016 la Sala Constitucional había
declarado que la Ley de Amnistía General era contraria a la Convención
Interamericana y a las disposiciones constitucionales. Asimismo, mediante una
resolución de medidas urgentes, el Presidente de la Corte IDH, Eduardo Ferrer
Mac-Gregor, requirió al Estado salvadoreño que suspendiera dicho trámite
legislativo, en atención a lo ordenado en la sentencia de El Mozote y lugares
aledaños.
Por la masacre del Mozote
existe un proceso judicial que nace el 26 de octubre de 1990, con la denuncia
de un líder campesino que logró huir del sanguinario ataque militar en el
caserío La Joya. Junto a otros/as sobrevivientes de El Mozote, lograron en ese
tiempo que la causa judicial se abriera y “gracias a ello, más de 400 osamentas
fueron desenterradas en El Mozote, la mitad de ellas correspondientes a menores
de edad, niñas, niños, bebés. En aquella época el Estado seguía negando la
masacre, y nunca hubo una intención real de las autoridades de llegar a la
verdad y determinar responsabilidades. El procedimiento sufrió injerencias
indebidas y negativas del mismo Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sin
mayores avances en la investigación, el caso fue sepultado con un
sobreseimiento definitivo el 4 de septiembre de 1994, en cumplimiento de lo
decretado en la Ley de Amnistía de 1993.
Ante la imposibilidad
de continuar el proceso en los tribunales ordinarios y ser inefectivos los
recursos del ordenamiento jurídico interno, las víctimas y organizaciones de
derechos humanos actuantes quedaron únicamente expectantes de lo que pudiera
solventarse en Sistema Interamericano de protección a Derechos Humanos, al que
habían acudido paralelamente. La CIDH después de obtener información
complementaria y analizar el caso, decidió, en el año 2010, someterlo a
jurisdicción de la Corte Interamericana.
La Corte IDH concluyó
que el Estado de El Salvador era responsable por la violación de los derechos a
la vida, a la integridad personal y a la propiedad privada; del derecho a la
libertad personal; de la prohibición de la tortura y otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes; de los derechos a la integridad personal, a la vida
privada y el domicilio, y a la propiedad privada; del derecho de circulación y
de residencia; de los derechos a las garantías judiciales y a la protección
judicial; todos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y
que, por tanto, también había incumplido la obligación de adecuar su derecho
interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contenida en su
artículo 2, en relación con los artículos 8.1, 25 y 1.1 del mismo instrumento (CorteIDH, 2012).
El efecto inmediato de
esa condena de la Corte IDH contra el Estado salvadoreño fue el viraje en el
discurso oficial de las autoridades al referirse a las masacres de El Mozote y
lugares aledaños. La versión nugatoria de los hechos no podía mantenerse, pues,
las evidencias de los excesos cometidos por la Fuerza Armada y las acciones
encubridoras de funcionarios precedentes ahora tenían el respaldo de autoridad
del órgano jurisdiccional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. (Morales, 2017).
Como ya se señaló, el
entonces Presidente de la República Mauricio Funes, había pedido perdón a las
víctimas en nombre del Estado de El Salvador, y prometido el cumplimiento de
las medidas de reparación a la víctimas. En aquel entonces, se reanudaron las
exhumaciones en los sitios de las masacres y la entrega paulatina de los restos
a los familiares de las víctimas. Pero en la práctica, aún existían obstáculos
legales e institucionales para llevar adelante las investigaciones
correspondientes a los crímenes de derechos humanos ocurridos durante el
conflicto bélico. La Ley de Amnistía seguía vigente y la Fiscalía General de la
República se quejaba de falta de presupuesto para echar a andar las
indagaciones sobre hechos del pasado. Hasta mediados de 2015, el ente acusador
no había realizado mayores esfuerzos por ahondar en las investigaciones, a
efecto de tener los fundamentos fácticos suficientes para presentar una
acusación sólida ante los tribunales (Morales, 2017).
No obstante, el 29 de
marzo de 2017 las denuncias fueron expuestas ante el Juzgado Segundo de Primera
Instancia de San Francisco Gotera, departamento de Morazán. El proceso penal avanza lento y tambaleante.
Debido a que es una causa que se ha reaperturado casi 30 años después de su
incoación, cuenta con la particularidad de tramitarse bajo una normativa penal
y procesal penal derogada en 1998, pues, es la que estaba vigente al momento de
los hechos y de la judicialización a principio de la década de los 90. Esa
normativa responde a una época en la que aún imperaba la escrituralidad, el
secretismo y demás características del sistema penal inquisitorio, pero están
siendo aplicadas por operadores e instituciones de un sistema de administración
de justicia configurado acorde a un sistema de corte más acusatorio.
En este momento el caso
se encuentra en la fase de instrucción. El Juez ya ha notificado a los
imputados las acusaciones en su contra, incluyendo entre las imputaciones
además de los asesinatos, la tortura y la desaparición forzada. Ya se han
recibido las declaraciones de numerosos testigos-víctimas y, como parte de la
prueba pericial, a las integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense
que participaron en exhumaciones. A diferencia de las reglas actuales, la
investigación no la dirige la Fiscalía, sino un Juez. Otra circunstancia que
llama la atención es que, finalizada la recolección de las probanzas, la causa
será elevada a plenario y los hechos serán conocidos por un jurado lego, y no
por un tribunal letrado como lo requiere el sistema procesal que rige hoy en día.
Esta dualidad de normas y figuras jurídicas aplicables complica el
diligenciamiento del proceso en la práctica.
De
este modo, las voces de las víctimas hoy son oídas en los estrados judiciales y
en los ámbitos políticos. Sin embargo, hay sectores que buscan imponer el
silencio, y dejar en el olvido, a quienes a 32 años de los hechos siguen
buscando verdad y justicia.
En este enlace se puede acceder a un articulo más extenso, en donde el autor relata el devenir de la causa por la Mazacre de El Mozote desde sus inicios hasta la actualidad.
Ernesto Morales Abogado, Colaborador Jurídico de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Magíster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe.
