Un nuevo estallido de conflictividad social es el escenario de Honduras. El motor de la crisis actual es la intención privatizadora de decretos ejecutivos aprobados que establecen reformas en los sectores de salud y educación y tienen como trasfondo negociaciones del gobierno de turno, reelecto ilegalmente, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para suscribir un nuevo acuerdo económico (Criterio hn, 2019).
El
detonante del conflicto tuvo lugar en abril con la pretensión de aprobación en
el legislativo de dos nuevos decretos mediante los cuales se ratificarían dos
decretos anteriores, los números PCM 026 y 207-2018, aprobados y en vigencia a
partir del 20 de agosto y 20 de septiembre de 2018, respectivamente. A través
de estos, el Estado de Honduras decretó estado de emergencia en el sistema
educativo y de salud, determinó la creación de dos comisiones de transformación
para ambos sistemas y ordenó la “reestructuración” de los mismos.
La
declaración de estado de emergencia a través de los PCM es altamente
cuestionada por la sociedad en general ya que, en Honduras, estos se emiten frente a situaciones extremas como epidemias,
guerras, perturbación de paz o calamidad general que implique la justificación
de un decreto de dicha naturaleza, condiciones que no se ajustan a la realidad
de los sectores destinatarios.
Otra
característica que ha provocado la reacción ciudadana, son las facultades
excesivas y discrecionales otorgadas a las comisiones y ministros. Según lo
dispuesto, estos podrán, entre otras cosas, contratar nuevo personal basado en
criterios subjetivos. Las contrataciones se harán sin concurso. De igual forma,
las contrataciones y suministros de servicios se harán sin ningún tipo de
análisis y supervisión, lo que podría llegar a abrir una brecha aún mayor de
corrupción y malversación del caudal público. En relación al sistema educativo,
podrán definir un nuevo modelo de prestación de servicios, incluyendo la
descentralización que, en la experiencia hondureña ha encubierto políticas de
privatización.
En general, el descontento social se
centra en que estos cuatro decretos adoptados por la Presidencia del Consejo de
Ministerios (PCM), no son disposiciones aisladas, forman parte de una serie de medidas
regresivas en materia de salud y educación, adoptadas y en vigencia a partir
del año 2011. Desde ese año se decretó estado de emergencia en la
educación pública y se estableció que los maestros que abandonen sus centros
educativos serán objetos de deducción de salario, y con las mismas deducciones
se le pagará a personal temporal que podrá quedarse de forma permanente si así
se amerita. Se criminalizan la protesta social en centros educativos,
direcciones departamentales u otras dependencias de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Educación, ya sea por padres de familia, estudiantes o docentes.
A
esto se suman, como antecedentes, el recorte de derechos que implicó la nueva
Ley de INPREMA de 2011 en relación a la previsión social para el gremio
magisterial, la pretensión de “municipalización” de la educación en 2011, el
progresivo y cada vez mayor recorte presupuestario para la educación y salud y el
desfalco millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social que salió a luz
pública en 2014 y dejó como saldo un monto sustraído ilícitamente de la institución que asciende a siete
mil quinientos millones de lempiras (L. 7,500.000.000.00) y 2888 personas fallecidas a causa del
desabastecimiento y mal funcionamiento de la institución[1].
En este hecho sin precedentes está vinculado de manera
directa el presidente actual y su partido político el cual financió su campaña
electoral con los fondos sustraídos (Diario Las Américas, 2015).
La
profunda crisis en la que está sumido el sistema de salud pública es alarmante.
Frente a la aprobación de los decretos y el contexto de país en general, ambos
gremios iniciaron movilización intensiva a partir del mes de abril, con
exitosas convocatorias a paros nacionales, que registraron al menos 70 puntos
de movilización en todo el territorio en los que se involucraron estudiantes de
secundaria, universitarios, padres y madres de familia y distintos sectores de
la población, logrando que los decretos que ratificaban los PCM del año 2018
fueran retirados y desestimados en el Congreso Nacional.
Sin
embargo, el escenario continúa siendo adverso. La movilización ciudadana ha
incrementado con la finalidad de lograr la derogación de un paquete de decretos
aprobados entre 2011 y 2019, entre los cuales están los que pretendían ser
ratificados (HRN, 2019). La respuesta
estatal ha sido la represión y el uso desmedido de la fuerza policial y militar, así como las detenciones
ilegales y las amenazas de medidas represivas y sanciones administrativas en
contra de docentes y médicos que se continúen manifestando.
La salud y la educación son vitales, como parte de los
derechos económicos, sociales y culturales. Los Estados tiene la obligación de
garantizar su desarrollo progresivo. Según el Comité DESC las
obligaciones que se desprenden de este principio se clasifican en la de mejorar
continuamente el disfrute de los derechos; y, la de abstenerse de tomar medidas
deliberadamente regresivas (Comité DESC, 1990). Honduras hace suyos
estos compromisos mediante el artículo 64 del texto constitucional que
establece que no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier
otro orden que disminuyan y/o restrinjan los derechos y garantías.
Pero, la concreción de estos compromisos es compleja de cara a Estados como el hondureño. Con una aparente disposición normativa para la garantía de derechos, pero con carente voluntad política para su materialización. Lo que implica que la realidad continúa confrontando a la norma, en general y que, tal y como lo está demostrando la sociedad hondureña, es trascendental el ejercicio del derecho a la protesta como forma de mantener vivos los restantes derechos (Gargarella, 2005) y de limitar el accionar estatal. Y sobre todo entender que, para la población hondureña, luego de las profundas heridas latentes, como el fraude electoral de noviembre de 2017, el único camino sin tregua es la defensa de la salud y la educación pública, como uno de los peldaños de la dignificación de la vida y la justicia.
[1] El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) organización política y social de Honduras, dedicada a la lucha contra la corrupción y la impunidad, entre otras, documentó y denunció 2888 muertes producto del desfalco al IHSS. Solicitó la apertura de líneas de investigación encaminadas a deducir responsabilidad penal al presidente Juan Orlando Hernández y demás integrantes del partido de gobierno.
Heidy Barahona Alachan Abogada y estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe (CIEP/UNSAM)
Comité DESC. (1990). Obligación General No. 3: La
índole de las obligaciones de los Estados Partes. Obtenido de
http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/Sepcomm3.htm
Criterio
hn. (29 de Abril de 2019). Arde Honduras por ley de educación y salud. Obtenido
de
https://criterio.hn/2019/04/29/arde-honduras-por-ley-de-educacion-y-salud/?fbclid=IwAR2KRoYaHBMstVu0Uw8kXa8gwCWdDBgLkxAeBe1fvdH7LsY6rXfyL3aWy3U
Diario
Las Américas. (05 de Junio de 2015). Presidente de Honduras admite desvío
de fondos públicos para su partido. Obtenido de
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/presidente-honduras-admite-desvio-fondos-publicos-su-partido-n3145086
Gargarella,
R. (2005). El derecho a la protesta, el primer derecho. Buenos Aires:
Ad-Hoc.
HRN.
(22 de Mayo de 2019). ¿Qué establecen los decretos PCM que docentes y
médicos exigen derogar? Obtenido de
https://radiohrn.hn/2019/05/22/que-establecen-los-decretos-pcm-que-docentes-y-medicos-exigen-derogar/
