México: la pacificación militarizada y los silencios

El 1 de diciembre asumió la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en quien se ha depositado una serie multitudinaria de esperanzas de renovación discursiva, ética, política y económica en el país y en el continente.

Desde el inicio de su campaña, fue posible notar un evidente cambio de narrativa en ciertos temas. AMLO promete un cambio en la forma de gobernar, austeridad, cambios en la política económica y una agenda por y para los pobres, que sin duda le ha hecho ganar esta elección con un cuantiosísimo margen de votos.

Sin embargo, la agenda de derechos humanos presenta puntos que, por explícitos o ausentes, han generado alarmas. Me referiré a dos: la estrategia de seguridad y “pacificación” y la ambigüedad sobre temas muy dolorosos para el país, como son la impunidad hacia graves violaciones a derechos humanos y las estrategias de atención para las miles de víctimas de estas.

Como candidato, presidente electo y ahora presidente en funciones, intermitentemente se pronunció sobre la violencia, los derechos humanos y las víctimas. Debía hacerlo, pues tras doce años de iniciada la “guerra contra el narco” acumulamos ya un número de víctimas inusitado para un país en democracia y los cuestionamientos hacia la política de seguridad y justicia son temas de interés, al menos de ciertos sectores, no mayoritarios, cabe decir.

En este marco, durante su campaña se pronunció abiertamente en contra la estrategia de seguridad que nos tiene sumidos en una crisis que parece no tener fin y reconoció la magnitud de problemas como la desaparición de personas, los asesinatos, el desplazamiento y el crecimiento de las organizaciones criminales. Abordó también algunos problemas relacionados con la impunidad y la ineficacia del sistema de justicia, pero sin mostrar estrategias prioritarias o bien estructuradas.

Entre la campaña y la toma de posesión, se escucharon diferentes postulados: desde ideas diversas sobre pacificación, llamados al perdón de las víctimas, posibles comisiones de la verdad, una nueva política de drogas, amnistías, programas para evitar que la juventud se enrole en organizaciones criminales, enmarcados en políticas de combate a la pobreza, hasta ofrecimientos de “punto final” y de no persecución a “grandes corruptos”, para lograr la reconciliación; todos bastante cuestionados, algunos por imprecisos, otros por indeseables.

Para nuestra sorpresa, algunas estrategias se han ido articulando de manera más o menos rápida y no por los caminos esperados. Durante la campaña reconoció de manera contundente que tenemos una crisis en materia de seguridad y destacó que su plan de en la materia se centraría en gran mayor medida, en generar desarrollo económico y empleo y en menor, en estrategias coercitivas.

Esto dio un giro el 14 de noviembre de 2018 (dos semanas antes de su toma de posesión) con la presentación oficial del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024[1], documento que contiene, sin duda, el diagnóstico “oficial” más honesto que hemos tenido sobre nuestra crisis de violencia, pero a la vez, lo que puede ser un camino sin regreso a la militarización definitiva de la seguridad.

En la segunda parte del documento se propone la creación de la “Guardia Nacional”, que es un cuerpo militar disfrazado de policía, pues se conformará por militares, marinos, policías y, en una segunda etapa, nuevos elementos que habrán de reclutarse “del pueblo”. El entrenamiento y mando será militar. De este modo, mediante una reforma constitucional, se establecería la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad y colocada en ese nivel normativo, quizá no tenga vuelta atrás.

Este nuevo cuerpo híbrido y las propias fuerzas armadas se integrarían a mesas de coordinación con autoridades civiles, se les capacitaría en materia de derechos humanos y estarían sujetos al mando civil, según dispone el plan, aunque sabemos que eso difícilmente sucederá, pues su estructura y forma de operar es vertical, nunca se han ceñido a mandos civiles y terminan tomando el control de las operaciones.

Con esta nueva creación se pretende eludir las exigencias que existen para desmilitarizar la seguridad pública y comenzar con un plan de retiro gradual -nadie esperaba que fuera inmediato- de las fuerzas armadas de esta labor y el fortalecimiento de las policías civiles, ante la evidencia de el fracaso de la estrategia de seguridad, donde la presencia militar no solo no contuvo la violencia, sino la aumentó, por diversos motivos.

Tras el anuncio, además, se comenzó una estrategia de comunicación oficial para promover a las fuerzas armadas como “pueblo uniformado” y para decir que esta vez no serán usadas para reprimir y para asegurar que estarán bajo el mando civil en todo momento,

Cabe decirlo con claridad, hay que dudar de este espejismo, llamarles policía, no les hace tal. La propuesta contiene un grado mayor de sofisticación que las iniciativas de sus antecesores para dar marco jurídico a las fuerzas armadas en su participación en tareas de seguridad pública, pues diluye definitivamente las fronteras entre lo militar y lo policial, mezclando todo en un mismo cuerpo, que tendrá amplias facultades para prevenir e incluso investigar delitos -tanto de delincuencia organizada, como comunes-.

Ahora, aún con esta gran preocupación, se tomó como una muy buena señal que el primer día de funciones (2 de diciembre), AMLO sostuviera una reunión con los padres, madres y representantes de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y emitiera un decreto para poner en marcha una comisión de investigación para esclarecer el caso, que mandató un tribunal hace algunos meses.

También que el mismo día, en Veracruz – uno de los estados del país que acumula miles de desapariciones y decenas de fosas clandestinas. – afirmara -sobre las y los desaparecidos- que les van a encontrar y avalara un plan de emergencia propuesto por el gobernador de tal entidad para atender las desapariciones.

Sin embargo, como la madre de uno de los 43 estudiantes tuvo que recordarle en ese acto al presidente, existen más de 37,000 personas desaparecidas en el país y sus familias esperan respuesta. Hasta el día de hoy no parece haber mensajes claros de su parte -aunque sí de algunos integrantes de su equipo- que muestren que es prioridad del más alto nivel, la atención de las exigencias de las miles de víctimas de desaparición y también de ejecución, tortura, desplazamiento y feminicidio secuestro.

Aunque conscientes de que existen muchas otras necesidades y sectores que atender, las víctimas esperan un mensaje, una muestra de que habrá un giro para ellas, pues llevan bastante tiempo exigiendo verdad, justicia y reparación.

Y para mayor inquietud, en el Poder Legislativo, donde el partido de AMLO tiene amplísima mayoría, se han comenzado a discutir y a aprobar, con una velocidad impresionante, una serie de reformas en materia penal, que no solo son regresivas, sino también engañosas. Incluyen la ampliación importante del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática y la legalización de detenciones que bajo estándares democráticos no serían legales y que, para colmo, serán efectuadas por militares.

Iniciamos con un cóctel compuesto por militarización, populismo punitivo y ausencia de estrategias en materia de verdad, justicia y reparación, que esperamos no nos robe la esperanza.

Volga de Pina
Defensora de derechos humanos y coordinadora adjunta de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia, FLACSO-México

[1] El documento íntegro puede ser consultado en: https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/PLAN-DE-PAZ-Y-SEGURIDAD_ANEXO.pdf

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