Derechos de las mujeres y educación no sexista: La movilización feminista en las universidades chilenas

Estudiantes, académicas y trabajadoras, de distintas universidades a lo largo de todo Chile, han levantado una movilización con paros y tomas de las casas de estudio. Las manifestaciones partieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile el 27 de abril y se expandieron con rapidez en siete universidades estatales y privadas, y también algunas escuelas. Algunos medios de comunicación hablan de una “nueva ola feminista” en Chile. Tras tres semanas de movilización, miles de mujeres marcharon este jueves 16 de mayo por una educación no sexista y libre de abusos, convocadas por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

El movimiento denuncia la lentitud e ineficiencia en la aplicación de protocolos para enfrentar la violencia de género, acoso y abuso sexual, pero también busca erradicar el sexismo, machismo, la misoginia y la desigualdad en las instituciones de educación superior, tanto en la institucionalidad como en los mismos procesos de enseñanza.

Un movimiento por cambios estructurales

La historiadora, académica y experta en género Luna Follegati, en entrevista para el programa Mesa Central de T13, explicó como ya desde las movilizaciones estudiantiles del año 2011 se comenzaba a instalar el concepto de educación no sexista.

Para Follegati hay una “profundización respecto a una perspectiva de derechos, derecho a la educación en términos de derechos sociales, donde se posiciona el cómo nosotras estamos pensando la educación. (…) Entre la primera década de los 2000 y la actualidad ha habido una serie de hitos en relación a los derechos sexuales y reproductivos, la campaña contra la violencia hacia las mujeres de la Red Chilena y el contexto del 2011 han configurado un escenario de proliferación de organizaciones y colectivos feministas en los espacios universitarios, que no se puede desligar de un proceso general”.

La reflexión del movimiento va mucho más allá de la resolución de los casos puntuales de acoso que se han denunciado en los planteles, sino que apunta hacia cambios estructurales en el sistema educativo, atacando la feminización o masculinización de las disciplinas, los derechos laborales, el acceso a puestos de decisión, entre otros temas. En una declaración pública suscrita por más de 80 académicas e intelectuales del país se sostiene que:

“Pensar la educación feminista significa pensar la democracia, la libertad y la igualdad. Ideales que no son sinónimo de empoderamiento individual y meritocracia, sustentada en privilegios socioculturales y que tampoco pueden ser procesados mediante la adición cosmética de la “perspectiva de género” en cursos, programas de perfeccionamiento o formación continua, capacitaciones u otros mecanismos propios de la administración universitaria neoliberal. Una educación feminista significa transformación desde la raíz, abarcando el orden jurídico (cambio de estatutos desde una ordenación feminista), igualdad sustantiva (procedimientos de paridad, igualdad de salarios, etc.), perspectiva teórica feminista para el cuestionamiento general del concepto de educación y de universidad, desde las disciplinas hasta las jerarquías. La educación feminista significa también retomar las históricas banderas de la lucha por la educación pública e insistir en la educación como un derecho social y en la necesidad de financiamiento directo a las universidades públicas, para poder materializar un proyecto educativo transformador y garantizar condiciones de dignidad e igualdad laboral para académicas/os y funcionarias/os, porque el feminismo impugna también la precarización del trabajo”.

[rl_gallery id=”624″]

Avances y desafíos en la normativa nacional

Es posible observar como el actual movimiento feminista en Chile está en sintonía con la exigencia del cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por ese país. A saber, la firma y ratificación de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará), la suscripción al Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo (Art.56), y los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU (Objetivo 5), entre otros.

En la línea de avances se encuentra el documento con sugerencias para la elaboración de Protocolos contra el acoso sexual en la educación superior, generado por la Unidad de Género del Ministerio de Educación el año pasado. Este instrumento recoge en sus fundamentos la recomendación de 1997 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) respecto a la transversalización de la perspectiva de género. Si bien el documento plantea orientaciones positivas, su implementación no constituye una obligación.

En cuanto a la normativa interna, se reconoce el avance que presentaría la nueva Ley de Universidades Estatales, pronta a promulgarse. En entrevista para el diario El Mercurio, Carmen Andrade, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género y directora de la Dirección de Género de la Universidad de Chile, explica que en la nueva ley hay una ampliación en el reconocimiento de los tipos de acoso sexual y de víctimas, de acuerdo a las diversas relaciones de poder, donde se incorporan las situaciones de acoso entre profesores y estudiantes, mientras que antes sólo se encontraban tipificadas las relaciones laborales.

Andrade sostiene que, pese a los avances en la implementación de protocolos, la figura del sumario administrativo como procedimiento de investigación en los planteles estatales dejaba a la víctima fuera del procedimiento, lo que también se subsanaría con la nueva ley “equilibrando los derechos de víctima e inculpado”.

Finalmente, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género presentó en enero de 2017, durante el gobierno de Michelle Bachelet, un proyecto de ley que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El proyecto se enmarca en el reconocimiento de la violencia hacia las mujeres como un problema de derechos humanos y establece en su Art. 10 medidas en el ámbito de la educación. Este proyecto se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Familia. Es de esperar que a la luz de los movimientos actuales se retome su trámite parlamentario. En tanto, la legislación vigente en la temática es la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, que presenta serias deficiencias al enmarcar los casos de violencia sólo entre cónyuges o parientes directos.

Sentando precedentes

Un fallo de la Corte de Apelaciones acaba de sentar un importante precedente en materia de acoso sexual en contextos educativos. En octubre de 2015 cuatro estudiantes de la Universidad de Chile denunciaron por acoso al profesor del Departamento de Historia Fernando Ramírez. La institución, tras demostrar su responsabilidad en un sumario administrativo, resolvió la desvinculación del académico en abril de 2016. El acusado apeló la decisión ante la Universidad de Chile y la Contraloría General de la República, siendo ratificada en ambas instancias.

No conforme, Ramírez presentó en octubre de 2016 una querella contra las estudiantes por “injurias con publicidad”. Es importante resaltar que en Chile la legislación considera en la figura de injuria la intención de perjudicar “el honor” de una persona, independiente de la veracidad de los hechos. En cambio, en la figura de calumnia sí se debe demostrar la falsedad de las acusaciones. El Tribunal Laboral resolvió en febrero de 2018 el sobreseimiento de tres de las querelladas y condenó a una.

Finalmente, el último 14 de mayo, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones acogió el recurso de nulidad para revertir la condena por injurias de la estudiante, absolviéndola, cerrando el caso y condenando a Fernando Ramírez al pago de los costos de un largo proceso que tuvo 18 audiencias. La defensa de las estudiantes estuvo liderada por el por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic.

Natalia Sánchez Mella, periodista y diplomada en Educación, Memoria y Derechos Humanos (Universidad de Chile). Estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe (CIEP/UNSAM)

Referencias:

– Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (2016), Educación no sexista. Hacia una transformación real. Santiago de Chile. Disponible en http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/publicaciones/

– Ministerio de Educación, Gobierno de Chile (2017), Protocolos contra el acoso sexual en la educación superior. Sugerencias para su elaboración. Santiago de Chile. Disponible en https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2017/09/protocolo-c-cambios-spag.pdf

 Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Fotos, imágenes y logos no están incluidas en esta licencia, excepto cuando se indique. Por favor contactar a nuestro equipo para consultas sobre reproducción.