El final de la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski: los fantasmas del pasado, y los desafíos en materia de calidad institucional

El pasado reverbera en los pormenores de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (conocido en el Perú como “PPK”). El año 2000 vio la destitución de Alberto Fujimori por causa de la difusión de videos en los que el principal asesor del presidente empleaba el soborno y la extorsión contra figuras de la política, el periodismo y el empresariado. Ese fue el fin de un período, iniciado el 5 de abril de 1992, cuando debido a la decisión presidencial de disolver un Congreso desprestigiado y haber intervenido el Poder Judicial con apoyo de las Fuerzas Armadas, se interrumpió el Estado de Derecho en el país.

Muchos de los elementos que formaron parte de esa historia parecen repetirse hoy: el Congreso -con mayoría fujimorista- decide la suerte del hasta hace poco Presidente en ejercicio, cuyo final se precipita ante la difusión de videos comprometedores: tras dos pedidos de vacancia Kuczynski –quien paradójicamente fuera elegido casi como un antídoto frente a los Fujimori— renuncia por causa de grabaciones difundidas por el partido de Keiko Fujimori, en el que funcionarios del gobierno ofrecen a Kenji Fujimori (hijo del ex presidente y hermano de la denunciante), el otorgamiento de obras a cambio de que se abstengan de votar por su vacancia. Así, se ha tratado de presentar esta renuncia como producto de una riña familiar, pero a la luz de lo enunciado, queda claro que el Perú enfrenta un grave problema de debilidad institucional.

Pedro Pablo Kuczynski presenta su renuncia tras un año y ocho meses de gobierno, sin asumir responsabilidades por los cargos que dieron lugar a los pedidos de vacancia: ser el titular de empresas que habían recibido pagos de Odebrecht mientras era Ministro de Economía (2004- 2005), y Primer Ministro (2005- 2006). No es el único ex mandatario del Perú que debe dar cuentas ante la justicia: su antecesor Ollanta Humala se encuentra preso por aportes de Odebrecht a su campaña y también se le han abierto casos por causas de lesa humanidad; el dos veces presidente Alan García ha debido declarar recientemente por el caso “El Frontón” en el que 118 reclusos perecieron por acción de agentes del Estado durante un motín en 1986 , conmutaciones de penas a reos vinculados con el narcotráfico, la muerte de policías y civiles durante un enfrentamiento en Bagua, presuntos vínculos con Odebrecht, y por el encubrimiento de hechos delictivos durante su segundo mandato. Alejandro Toledo, quien ocupó la presidencia del Perú entre el 2001 y el 2006 –y que en su momento se los ha identificado fuertemente con las movilizaciones sociales que se dieron sobre el final del mandato de Fujimori (Marcha de los Cuatro Suyos)- se encuentra prófugo de la justicia peruana, investigado por recibir sobornos de parte de Odebrecht.

Queda claro que si Alberto Fujimori está libre, es gracias al indulto presidencial, ya que había sido condenado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta , y aún pesa sobre él un procesamiento por el caso de Patilvilca . Yendo incluso más atrás, Francisco Morales Bermúdez, que fuera presidente de facto entre 1975 y 1980, ha sido condenado a cadena perpetua en 2017 por un tribunal de Roma junto con 31 miembros de las Juntas Militares Sudamericanas que formaron parte del “Plan Cóndor”. Peor aún: hace pocos días el Ministerio Público decidió archivar una causa en contra de Martín Vizcarra -el presidente entrante- por una causa iniciada que había sido presentada por la Procuraduría Anticorrupción contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones por la aprobación de la adenda para la construcción de un nuevo aeropuerto. Sin embargo, hace unos meses atrás esa causa había llevado a Vizcarra a una interpelación ante el Congreso y su posterior renuncia al cargo. Por su parte, Keiko Fujimori -la principal lideresa opositora-, no solo tiene causas judiciales abiertas por el lavado de activos, sino que carga con un pasado en donde oficiaba de Primera Dama durante el período en el que su padre fue responsable de los cargos por los que luego fue condenado.

Es importante señalar que todos ellos niegan responsabilidades por los hechos por los que se los inculpa.
Y si bien muchos señalan que la guerra entre los Fujimori hizo caer a Pedro Pablo Kuczynski, el problema es mucho más serio, y está lejos de ser una disputa familiar, sino que involucra al sistema político peruano. De hecho, el Congreso tiene menos popularidad de la que gozaba el hasta hace poco presidente.

El otro hecho que vale la pena resaltar es que si bien los mandatarios que sucedieron al Gobierno autoritario de Fujimori cargan con frondosos prontuarios, PPK es el primero de los presidentes mencionados que no termina su mandato debido a los procesos judiciales. Perú cuenta con una Constitución que permite al Congreso censurar a ministros y miembros del gabinete, en cuyo caso éstos tienen la obligación de renunciar; también puede destituir al presidente con 2/3 de los votos sin haber abierto una causa de juicio político. Desde este punto de vista, la fragilidad de PPK en el Congreso cumplió un rol más importante que su apego a la decencia.

La calidad institucional y la eficiencia política han sido siempre una materia pendiente en el Perú, y esto se refleja en una ciudadanía que se muestra apática a lo “político”, y por ende a la actual crisis en el gobierno. Solo se alzan algunas voces que, en las redes sociales, y en menor medida en las calles, pidiendo “Que se vayan todos”, una consiga que remonta a la Argentina de hace casi dos décadas atrás. Este es el desafío que el ahora Presidente del Perú, Martín Vizcarra deberá asumir para intentar completar con éxito el periodo de gobierno que dejó PPK hasta el 2021, año del Bicentenario de la Nación Peruana.

Como señala un importante periódico peruano, esta es una “historia sin héroes”.

Claudia Couso, Politóloga; Magister en Metodología de la Investigación Científica (UNER); Coordinadora de Publicaciones y Red Interuniversitaria en el Centro Internacional de Estudios Políticos de la UNSAM y docente de la Carrera de Ciencia Política (UBA) y de la Escuela de Política y Gobierno (UNSAM).

Marco Antonio Ramirez, Abogado; Estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe (CIEP/UNSAM)

Sally Ccotarma; Abogada; Estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe (CIEP/UNSAM)

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Fotos, imágenes y logos no están incluidas en esta licencia, excepto cuando se indique. Por favor contactar a nuestro equipo para consultas sobre reproducción.