Datos personales . migración . movilidad humana

Utilización de datos personales en la gestión migratoria:desafíos e impactos en derechos en el contexto Latinoamericano

On 27/06/2025 by

“La reunión de datos no es un ejercicio apolítico, especialmente en los casos en que agentes poderosos del Norte Global reúnen información sobre poblaciones vulnerables, sin métodos que regulen la supervisión y la rendición de cuentas”

(E. Tendayi Achiume)

El derecho de migrar es un derecho humano. Sin embargo, múltiples factores interfieren en el ejercicio y goce del mismo. Estas líneas pretenden una reflexión sobre el escenario y los desafíos actuales vinculados a la protección de datos personales en espacios digitales de las personas migrantes, y en relación al despliegue de tecnologías emergentes; las cuales representan riesgos y amenazas tanto para el derecho a la privacidad en sí como de otros derechos humanos de esta población.

La producción, obtención y procesamiento de datos vinculados a situaciones de movilidad humana ha ido adquiriendo gran atención y relevancia por parte de la comunidad internacional y los Estados en particular. Esto se debe, por un lado, a la creciente necesidad de contar con cifras y estadísticas exhaustivas y actualizadas que permitan detectar patrones y tendencias migratorias, y ofrecer así respuestas estatales y supraestatales adecuadas en tal sentido. Por el otro, a la emergencia de nuevas tecnologías digitales que son utilizadas en la gestión y control de los flujos migratorios y que, por lo tanto, tienen algún impacto sobre los derechos de las vidas de quienes migran. 

En el 2020 la Relatora referenciada, E. Tendayi Achiume, presentó al Consejo de Derechos Humanos un informe donde introdujo un enfoque sobre gobernanza de las (nuevas) tecnologías digitales desde una perspectiva de derechos humanos y especial énfasis en la igualdad racial y la no discriminación. Dará continuidad a este primer trabajo, en otros dos informes presentados ante la Asamblea General, con eje en el impacto de las nuevas tecnologías en violaciones de derechos humanos de grupos vulnerabilizados, en particular, de quienes se encuentran en situación de movilidad humana. 

Entre los casos y ejemplos de utilización de tecnologías en la gestión y control de los flujos migratorios, como así también de prácticas estatales (y no estatales) en torno a ellas, Achiume menciona: el uso de sistemas automatizados en la toma de decisiones y de sistemas algorítmicos, el uso generalizado de datos biométricos, la elaboración de perfiles raciales y étnicos en los controles fronterizos, la extracción de datos móviles e información de las redes sociales, la utilización de tecnologías autónomas para vigilar y asegurar los espacios fronterizos, de macrodatos y –hasta- la recolección de material genético de personas detenidas por motivos migratorio. El uso de estas tecnologías, sobre todo en contexto fronterizo, no está sujeto a las mismas limitaciones sustantivas y procedimentales que protegen a la ciudadanía nativa, repercutiendo en una menor protección de grupos vulnerabilizados ante los abusos del poder (en frontera y luego de ella).

¿Cuál es la realidad latinoamericana al respecto? Por un lado, se identifica que a nivel regional prima la ausencia de legislaciones específicas en materia de protección de datos o la necesidad de actualización de las –pocas- existentes en relación a las nuevas tecnologías digitales y su impacto sobre los derechos de las personas. En el caso de la población migrante, prima la ausencia de garantías estatales suficientes en la gestión institucional (recolección y procesamiento) de sus datos personales (Access Now, 2023). Se observa, asimismo, un aumento reciente del número de iniciativas públicas que promueven el uso de tecnologías con capacidades de vigilancia (CEJIL, 2023) como herramientas para prevenir y perseguir el crimen (ámbito en el cual, según una visión gubernamental securitista sobre la migración, suele incluirse a la migración irregular). Junto a ello, resulta cada vez más frecuente la utilización de estos dispositivos por parte de las autoridades migratorias en la gestión y control de los flujos migratorios, siendo particularmente alarmantes aquellas tecnologías basadas en datos biométricos, cuya eficiencia ha demostrado decrecer significativamente en relación a determinadas poblaciones, como personas de tez morena u oscura, y adultos mayores. 

El origen y consolidación de una infraestructura tecnológica que habilita la vigilancia a través de mecanismos en continuo desarrollo, no se tradujo en regulaciones específicas o estudios de impacto sobre la población en general, ni migrante en particular, lo que es referenciado como un déficit o deuda legislativa en la región. Escenario que resulta aún más preocupante en cuanto a grupos vulnerabilizados y en contextos sensibles, donde la desprotección de estos datos y una utilización tergiversada de los mismos, puede repercutir no sólo en la garantía de otros derechos sino en la vida misma. 

Como hemos apuntado al inicio, contar con datos precisos y actualizados resulta clave para un entendimiento y comprensión del fenómeno migratorio y sus dinámicas, como así también para la adopción de medidas de políticas públicas e intergubernamentales adoptadas con base empírica. Sin embargo, la recopilación, el intercambio y el procesamiento de los mismos sin las salvaguardas efectivas pueden comprometer no sólo al ejercicio y garantía del derecho a la privacidad de las personas involucradas en sí, sino también repercutir sobre el acceso efectivo de otros derechos humanos. En este sentido, urge incorporar el enfoque de igualdad para la gobernanza de los derechos humanos en el ámbito de las tecnologías digitales emergentes, con énfasis en la igualdad racial y en la no discriminación, propuesto por la Relatora en sus informes, frente a lo que referenció como experimentación tecnológica con refugiados, migrantes y apátridas.

A modo de cierre con cierto tono esperanzador hacia ese horizonte, y como un caso de data activismo regional, merece destacarse la Coalición Latinoamericana #MigrarSinVigilancia. Integrada por más de 30 ONGs de América Latina, esta coalición orienta su trabajo a la defensa de los derechos humanos de quienes migran mediante la protección de sus datos personales, promoviendo soluciones y recomendaciones para la gestión responsable de los datos en contextos migratorios.

Bibliografía:

  • Access Now (2023). Protección de datos personales en el contexto migratorio en algunos países de Latinoamérica. 
  • CEJIL (2023). Tecnologías de vigilancia en el control migratorio. 
  • OIM  (2010). Manual de la OIM para la protección de datos.  
  • OIM (2020). Guía para la protección de datos personales de personas migrantes en posesión de albergues. 
  • PNUD (2020). Guía para el uso, acceso y protección de datos personales de personas migrantes trans (LGBTTTIQ+). Son dos guías homónimas, una orientada al sector público estatal y otra a los albergues. 

Sitios web: 

Maiarota, Nicolás

Abogado (UNL), becario doctoral (UNL- CONICET), doctorando en Derechos Humanos (UNLa); maestrando en derechos humanos y democratización para América Latina y el Caribe (CIEP- UNSAM)

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