Entre el pasado y el presente: El Salvador y sus heridas pendientes por sanar.

“Que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad” – Santo Oscar Arnulfo Romero durante la homilía del 27 de noviembre de 1977 del primer domingo de adviento denominada “la Iglesia de la esperanza”. 

Desde la aprobación de la Ley General de Minería por el oficialismo el pasado diciembre de 2024 en El Salvador, la población civil se ha movilizado a través de organizaciones para expresar su rechazo a esta actividad que supone graves riesgos y consecuencias para la vida y salud de los/as salvadoreños/as y también consecuencias graves para los recursos naturales del país. En este contexto, cabe destacar el rol que ha tomado la Iglesia Católica que recientemente presentó 150,000 firmas recolectadas a nivel nacional como forma de rechazo a la minería en el país y solicitando la derogación de dicha ley. 

Ver a la iglesia tan involucrada en la lucha por la vida y del medioambiente en un contexto donde se vive un régimen de excepción basado en la supresión de garantías constitucionales y que no sólo combate a las pandillas, sino que también ha sido instrumentalizado para acosar y perseguir a quienes disientan de las narrativas oficiales del gobierno, frenar el libre ejercicio de prensa, burlar los esfuerzos de las organizaciones defensoras de derechos humanos y erosionar los espacios cívicos, nos trae a la memoria a un personaje clave quien alzó su voz en contra de las injusticias y la violencia que sufrió el pueblo salvadoreño durante el conflicto armado de 1980-1992 y es en su honor que nombramos este día como el Día Internacional del Derecho a la Verdad y la Justicia, se trata de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, mejor conocido como “El Santo de América”. 

En El Salvador se vive bajo una lógica de retrocesos sistemáticos que, de nuevo, nos llevan a donde ningún salvadoreño/a quisiera estar, en donde el terrorismo estatal se cobró la vida de miles de personas y dejó no sólo personas desaparecidas sino también heridas profundas por los crímenes tan atroces cometidos y de los cuales el país aún no ha sanado a nivel de sociedad y esto se puede evidenciar más que todo en las brechas de desigualdad que actualmente siguen acrecentándose entre un grupo de poder político-económico y la clase trabajadora, mismas que llevaron al estallido del conflicto en el siglo pasado.

Entender el contexto actual donde el país ha sido señalado a nivel nacional e internacional en múltiples ocasiones por las alarmantes vulneraciones a derechos humanos, especialmente desde la entrada en vigor del régimen de excepción hace tres años, por lo cual, es necesario reflexionar desde una mirada de la memoria histórica qué fue lo que esencialmente nos falló dentro del proceso de transición a la democracia desde el mayor responsable, el Estado y que ahora nos coloca tal cual deja-vu, como un país con graves retrocesos.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, no hubo esfuerzo alguno por rescatar la memoria y cargar con un lema de no repetición de los terribles hechos del conflicto, si bien las reformas constitucionales fueron un paso importante, la operacionalización en el día a día dejó mucho que desear en cada gobierno indistintamente del color de su bandera política. Por ejemplo, en 1993, durante el primer gobierno de la posguerra liderado por la derecha, se aprobó la Ley de Amnistía, la cual tuvo motivaciones como la evasión de procesos judiciales de criminales a quienes se buscó proteger como militares y políticos, intereses de la élite militar con poder económico y político y legitimar el control estatal de la derecha en el país. 

Para el 2016, durante los gobiernos de izquierda, si bien, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia que mandataba a la Asamblea Legislativa a la elaboración de una Ley de Reconciliación Nacional, con el fin de garantizar la justicia y verdad, reparación de daños y evitar repeticiones de patrones de represión y violencia que originaron el conflicto y preservar la memoria, esto no sucedió debido a que se prefirió proteger a ex guerrilleros señalados de haber cometido crímenes de guerra y que, en ese entonces, ocupaban cargos importantes dentro del gobierno del FMLN. Desde la sentencia de la Sala hasta la actualidad, han sido presentadas tres propuestas de ley de Justicia Transicional por la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica, las cuales no han sido más que engavetadas y olvidadas por las autoridades.

Por otro lado, los procesos judiciales que poco lograron avanzar años después, también se vieron afectados por diferentes trabas al momento de hacer justicia por las víctimas de masacres como Las Hojas, Sumpul y el mismo asesinato del Santo Romero y El Mozote. Con este último, conocido como uno de los peores genocidios ocurridos en Latinoamérica en el siglo pasado, ocurrió algo bastante particular, y es que, a días de asumir su primer período presidencial, Bukele se reunió con familiares y sobrevivientes de dicha masacre, prometiéndoles su gobierno trabajaría para darle la importancia que merece la reparación de las víctimas de la guerra civil, de dicha promesa sólo quedaron las palabras, los tweets y las fotografías tomadas en Casa Presidencial ya que tan sólo un año después, su gobierno respaldaría la negativa de abrir los archivos militares que brindaban información sobre lo ocurrido aquel fatídico diciembre de 1981, dichos archivos estaban resguardados en la sede del Estado Mayor de la Fuerza Armada en San Salvador y hasta el día de hoy no se ha podido tener acceso alguno, retrasando la justicia para las víctimas. 

Dado a lo anterior, se puede evidenciar que los gobiernos en turno no han hecho más que ignorar el tema de la memoria histórica, ignorando las vidas perdidas, las que sobrevivieron y las secuelas que marcaron al país. Es notable que nuestro tejido social aún tiene muchas heridas de guerra que sanar como sociedad rota minada por la negligencia de quienes manejaron el Estado en la posguerra al no tomarse la tarea de realizar esfuerzos sólidos y responsables en la construcción de una paz duradera. 

La deuda es y seguirá pendiente y mientras existan los esfuerzos como los de sociedad civil por recuperar, honrar y cicatrizar lo que vivimos como país mediante la conmemoración de quienes dieron su vida por un mejor El Salvador como lo hizo el salvadoreño San Oscar Arnulfo Romero y que sigue siendo de inspiración por seguir luchando hoy más que nunca por los derechos humanos, la democracia, la libertad de las personas inocentes encarceladas y la justicia social y ambiental.

Referencias:

Comisión de la Verdad para El Salvador. (1993). De la locura a la esperanza: La guerra de 12 años en El Salvador. Comisión de la Verdad para El Salvador. Disponible en: https://digitallibrary.un.org/record/183599?ln=es&v=pdf

Cristosal. (2024, octubre). Una ley de justicia transicional: la deuda pendiente con las víctimas y la memoria. Cristosal. Disponible en: https://cristosal.org/ES/una-ley-de-justicia-transicional-la-deuda-pendiente-con-las-victimas-y-la-memoria/

FESPAD. (2020, septiembre 11). La memoria histórica y el camino andado en El Salvador. FESPAD. Disponible en: https://www.fespad.org.sv/la-memoria-historica-y-el-camino-andado-en-el-salvador/

Mondragón, L. (2025, marzo 18). Iglesia católica salvadoreña pide derogar Ley de Minería Metálica. La Prensa Gráfica. Disponible en: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Iglesia-catolica-salvadorena-pide-derogar-Ley-de-Mineria-Metalica-20250318-0063.html

Rauda, N. (2020, septiembre 21). El Gobierno Bukele, como los anteriores, niega a las víctimas los archivos de El Mozote. El Faro. Disponible en: https://elfaro.net/es/202009/el_salvador/24831/El-Gobierno-Bukele-como-los-anteriores-niega-a-las-v%C3%ADctimas-los-archivos-de-El-Mozote.htm

Alejandra Valle

Internacionalista por la Universidad de El Salvador y estudiante de LATMA