Argentina . Discriminación . Igualdad

La discriminación avanza: análisis de las consecuencias del cierre del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) para la vigencia de la no discriminación en la Argentina.

On 12/03/2025 by

Cada 1ro de marzo se conmemora el día contra la discriminación o también denominado “Día para la Cero Discriminación“, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 2014. 

La rememoración en cuestión constituye un llamado para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena con dignidad, independientemente de su aspecto físico, sexo, identidad de género, edad, religión, lugar de procedencia o nacionalidad, condición social, discapacidad, estado de salud, entre otras características. 

El principal objetivo de este día es hacer un llamado a los Estados para enfrentar la discriminación de cualquier tipo y frenar toda clase de actos discriminatorios.

A días de conmemorarse el día contra la discriminación, propongo realizar un breve abordaje sobre las consecuencias que trajo el cierre del INADI para la vigencia del derecho a la no discriminación en la Argentina.

El Estado Nacional ha asumido, tanto a nivel internacional como a nivel interno, diversos compromisos en materia de no discriminación. 

El marco jurídico internacional que sustenta el principio de la no discriminación surge, de manera genérica, de casi todos los instrumentos universales y regionales sobre derechos humanos, entre ellos: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art 2 – sancionada en 1948); Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art 1 – sancionada en 1948); Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art 24 – sancionada en 1969); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art 26 – sancionada en 1966); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Arts. 2, 3 y 7 – sancionada en 1966); Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (Art 2 y siguientes – sancionada en 1965); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Art 1 – 1979); Convención sobre los Derechos del Niño (Art 2 y 30 – sancionada en 1989).

Desde el punto de vista constitucional, la Carta Magna argentina consagra el derecho a la igualdad y el principio de la no discriminación en los artículos 16, 37, 75 incisos 17; 22 y 23. Es precisamente el artículo 75 inciso 22 el que otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos citados previamente.

Ahora bien, desde el inició de la gestión de La Libertad Avanza, el Poder Ejecutivo Nacional ha procedido a cerrar, reducir y limitar el funcionamiento de diversas entidades dependientes de la Administración Pública encargadas de velar por la adecuada satisfacción de los derechos humanos de las personas, y concretamente de la implementación de políticas públicas vinculadas a la no discriminación. Ejemplos de estas decisiones han sido el cierre del INADI, el del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, el de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), entre otras medidas implementadas en el año 2024.

Estas decisiones tienen un impacto concreto en el goce de los derechos humanos para la ciudadanía, y en caso de que el Estado desatienda completamente el asunto, acarrea la responsabilidad internacional del Estado. 

En lo que sigue me interesa problematizar sobre la responsabilidad internacional en la que incurre el Estado argentino al determinar el cierre del INADI y no disponer de otro organismo o dependencia que garantice adecuadamente la salvaguarda de los derechos en cuestión. 

El Instituto fue creado el 5 de julio de 1995, mediante la Ley 24.515, con el objetivo de “…elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin…” 

El INADI actuó como organismo de aplicación de la Ley Nacional N° 23.592 sobre actos discriminatorios, recibiendo y tramitando denuncias por discriminación. Además, brindó asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos discriminados, supervisó el cumplimiento y el logro de sus objetivos mediante el análisis de la situación nacional en relación con la discriminación, la xenofobia y el racismo, así como la creación de proyectos de ley. Asimismo, diseñó, impulsó y participó en campañas educativas tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural, y a la eliminación de actitudes discriminatorias, xenofóbicas o racistas, entre otras competencias y funciones. 

Uno de sus hitos centrales fue la elaboración de un plan Nacional Contra la Discriminación en 2005, coordinando propuestas y políticas públicas en pos de este objetivo. En dos ocasiones emitió ediciones del Mapa Nacional de la Discriminación (2013 y 2019). Este documento es un relevamiento que realizaba el Instituto, con el objetivo de producir conocimiento sobre las formas que se expresa la discriminación en Argentina (INADI, 2022).

Durante el año 2022 el INADI asesoró a 23.285 personas a lo largo de 91 operativos interministeriales, y brindó asistencia a 94.923 personas gracias a su actividad en el territorio. Su trabajo resultó de suma relevancia en la articulación con todas las jurisdicciones, trabajando en 128 ciudades a lo largo y ancho del país (INADI, 2023). 

En este mismo sentido, en las observaciones tanto del Examen Periódico Universal como de los distintos Comités de las Naciones Unidas, se destaca la relevancia de las políticas públicas promovidas por el Instituto, y se recomienda el fortalecimiento y no el desmantelamiento del INADI (Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/53/5, 2023). 

En el marco de su última evaluación a la Argentina, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó, entre otras cuestiones relativas a la importancia del trabajo del INADI: “…Continuar con las medidas destinadas a fortalecer el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, poniendo fin a la intervención administrativa de la institución; seguir incrementando los recursos humanos y financieros, a fin de que la institución, incluyendo la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina, pueda llevar a cabo plenamente su mandato, continuar con la actualización del Mapa Nacional de la Discriminación con mayor frecuencia y seguir aumentando su presencia en todas las provincias y en las zonas más remotas del país…” (CERD, 2023). 

No obstante, pese al reconocimiento y las recomendaciones de fortalecimiento y sostenimiento que recibía el Instituto por diversos organismos del Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos, la gestión de la Libertad Avanza decidió de manera unilateral y a partir de las facultades legislativas delegadas por medio de la “Ley Bases” proceder a cerrar el Instituto por medio del Decreto 696/24 (B.O 5/08/2024).

A su vez, corresponde detallar que el mismo día que se publicó en el Boletín Oficial el decreto que determinaba el cierre del Instituto, el Ministerio de Justicia publicó un comunicado titulado “Se cierra el INADI de manera definitiva”, y explícitamente decía: “…Quien quiera hacer una denuncia debe realizarla ante la Justicia, no ante un organismo del Poder Ejecutivo con sesgos ideológicos y politizados que requiere el financiamiento de más empleados, oficinas y recursos presupuestarios…” (Post visible a través de  este link: https://x.com/MinJusticia_Ar/status/1820799974138945868) 

Posteriormente, por medio del Decreto 735/2024 (B.O. 16/08/2024) se creó, bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, la subsecretaría de promoción de Derechos Humanos. 

Dentro de esta subsecretaría funciona una nueva “Dirección Nacional de Asistencia a Personas Víctimas de Violencia Institucional y Discriminación”; y una “Dirección de Promoción de Políticas Específicas de Igualdad y no Discriminación”.

Actualmente estas Direcciones son quienes se encargan, en teoría y conforme el actual organigrama del Ministerio de Justicia, de implementar y ejecutar políticas públicas destinadas a tutelar y resguardar los derechos a la igualdad y la no discriminación. 

Lo preocupante y problemático es que, al momento de realizar este texto, no se visualizan datos públicos que brinden información acerca de la implementación de este tipo de políticas, ni de las gestiones realizadas, ni indicadores sobre la efectividad de estas políticas y los asesoramientos brindados. Tampoco se encontró ninguna campaña de difusión por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, ni de ninguna dependencia de la Administración Pública Nacional, sobre como recibe denuncias por motivos de discriminación, xenofobia o racismo.

De esta forma, con el cierre del INADI, y sin la existencia de otra dependencia especializada que se encargue de abordar la temática, la ciudadanía se quedó imposibilitada de denunciar la existencia de prácticas discriminatorias, con la única alternativa de hacerlo ante el Poder Judicial, con el costo y las dificultades que ello supone. 

Como conclusión, se observa en la actualidad una clara regresividad en la temática. El Estado Argentino bajo la gestión de La Libertad Avanza dejó de atender y resguardar adecuadamente compromisos asumidos en materia de no discriminación.

Bibliografía consultada:

Carlos Adrián Ottoline

Abogado y docente de Derecho Constitucional (UBA); Maestrando en Derechos Humanos y Democracia en América Latina y el Caribe (LAT.MA – CIEP/UNSAM); Diplomado en Litigio de Derechos Sociales y Ambientales (UNPAZ), Diplomado en Derecho a la Libertad de Expresión (UBA).

Compartir