Educación y cambio climático: sobre los retos de la adaptación educativa en el contexto del cambio climático

En América Latina y el Caribe, los indicadores al uso muestran una mejora significativa según los estándares internacionales en materia educativa. Sólo en los últimos cuarenta años, según datos del Banco Mundial, la región logró valores cercanos al 95% en indicadores como la tasa de alfabetismo y la tasa de finalización de la educación primaria, mientras que amplió significativamente la cobertura de la educación media y superior. Es importante establecer que estos indicadores de acceso nada dicen sobre la calidad y el sentido de la educación en un mundo cada vez más globalizado; no obstante, dan una idea de los avances de la región para lograr un piso mínimo de educación al alcance de toda la población.

El presente artículo pretende problematizar los avances en el ámbito educativo desde el punto de vista de las afectaciones en marcha derivadas del cambio climático. Se pretende, en tal sentido, visibilizar algunas problemáticas del derecho a la educación visto como un proceso inserto en un mundo cambiante, especialmente en el contexto del cambio climático cuyos efectos, en distinto grado, sufren todos los países del mundo.

Se entiende por cambio climático al proceso de evolución creciente e irreversible de las temperaturas de las distintas regiones que conforman el planeta tierra. Dicha transformación no es igual en todas las regiones ni sucede en un mismo sentido en cada región, aunque la forma en que se manifiesta a escala planetaria es en el incremento tendencial de la temperatura promedio. Ello tiene diversos efectos: deshielo de los casquetes polares, incremento del nivel del mar, pérdida de biodiversidad, cambio en los ciclos estacionales, sequías, canículas, desertificación, inundaciones, entre otros.

Pese a la existencia de un negacionismo en ciertos sectores políticos, el consenso científico reconoce el proceso del cambio climático como una realidad inexorable, a cuya base se encuentran el uso intensivo de los recursos naturales y la masiva contaminación generada por los seres humanos. Investigaciones clásicas en la materia –como el Informe Brundtland, de 1987-, ya hacían hincapié en la necesidad de que los Estados asumieran medidas de adaptación al cambio climático, incluidos cambios importantes en materia educativa.

El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha definido que la garantía del derecho a la educación debe considerarse desde cuatro aristas: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, y adaptabilidad. Tomando en cuenta estas dimensiones, se pueden advertir sobre algunas problemáticas que se encuentran presentes en el contexto del cambio climático:

Disponibilidad:

o Nivel limitado de servicios educativos de forma equitativa en todos los territorios. La educación en este aspecto debería contribuir a hacer frente a las diferencias históricas entre las áreas urbanas y rurales y a las diferentes formas en que dichos territorios experimentan las consecuencias del cambio climático.
o Incipiente implementación de servicios educativos específicos para poblaciones en condición de vulnerabilidad social. Por ejemplo, aún es limitada la incorporación de una perspectiva de género en el currículo educativo.

Accesibilidad:

o Escases de medidas para enfrentar los impactos del cambio climático, en particular ante desastres ambientales, y que permitan garantizar un acceso universal a la educación en situaciones de emergencia.
o Acceso más limitado para niñas y mujeres adolescentes a ciertos niveles educativos, debido a la prevalencia de una asignación genérica de tareas de cuidado en sus hogares y comunidades de origen. Normalmente, los roles de cuidado se ven reforzados en situaciones de crisis.

Aceptabilidad:

o Falta de estandarización en la calidad de los servicios educativos, incluida la incorporación de contenidos de educación ambiental que permitan transformar conductas y hacer frente al cambio climático.
o Ausencia de mecanismos de planificación, monitoreo y evaluación de los servicios educativos desde una perspectiva de género e interseccionalidad, que permita evidenciar los desafíos y las áreas de oportunidad de la educación desde la óptica de diversos ejes de desigualdad.

Adaptabilidad:

o Bajo nivel de adaptación de los servicios educativos a las condiciones específicas del cambio climático (inundaciones, la disminución o el aumento de las temperaturas, las afectaciones socioeconómicas de fenómenos como las sequías, y la transformación de los ecosistemas por efecto del cambio climático).
o Incipiente nivel de adaptación de los servicios educativos a las condiciones específicas de ciertas poblaciones, como sucede, por ejemplo, en el caso de pueblos indígenas, grupos migrantes, víctimas de diferentes vulneraciones a sus derechos, entre otras condiciones que refuerzan una vivencia de desigualdad.

Dos aspectos son característicos de América Latina y el Caribe. En primer lugar, los altos niveles de desigualdad y la ausencia generalizada de políticas públicas de redistribución primaria y secundaria, lo que ha contribuido a la pervivencia de importantes bolsas de pobreza y la generación de otras problemáticas sociales en toda la región (violencia, crimen organizado, migración irregular, entre otros). En segundo lugar, la vulnerabilidad ambiental propia de países con matrices económicas extrovertidas y la explotación desregulada de los territorios (ya sea por la agroexportación, el extractivismo moderno o por la terciarización comercial y financiera), con procesos de urbanización desordenados y desarticulados y con estados débiles en materia de planificación social.

Estos dos grandes rasgos amplifican los efectos de la crisis generada por el cambio climático. Por ello, conforman el marco estructural bajo el cual una amplia gama de derechos humanos se ven comprometidos por el cambio climático y sus efectos en la región. La pobreza de los hogares, la heterogeneidad en los procesos de desarrollo, la incapacidad estatal para hacer frente a las emergencias ambientales, la vulnerabilidad inherente de ciertos territorios, entre otros aspectos, habrán de poner en riesgo el goce y ejercicio del derecho a la educación para millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes
en la región.

Especial atención merecen grupos en situación de histórica vulnerabilidad, para quienes ver en riesgo su derecho a la educación, y que, en el contexto del cambio climático, también son susceptibles de padecer un deterioro de su situación general de vida y de disfrute de derechos humanos. Por ejemplo, las mujeres podrían experimentar un retroceso en el acceso a servicios educativos. En el caso de las mujeres adultas y adolescentes, esto significaría la imposibilidad de acceder a la educación media y superior y, consecuentemente, ser relegadas a espacios de trabajo reproductivo o a empleos con menores salarios, o a sufrir una doble o triple jornada de trabajo. Todo ello redundaría en una ampliación de la brecha de discriminación de género y menoscabo de su dignidad.

En función de lo anterior, se ha listado una serie -no exhaustiva- de problemáticas que podrían ser retomadas por las agendas estatales e interestatales para hacer frente a los efectos del cambio climático en el ámbito de la educación. Cabe recalcar: como fenómeno global, el cambio climático amerita respuestas articuladas al máximo nivel de convocatoria internacional posible. Exige, también, la recomposición de los hitos sobre los que se yergue el actual modelo de desarrollo a escala planetaria. La interacción entre esos dos procesos implica una fuerte carga política en el sentido que supone el cuestionamiento y la afectación de intereses y privilegios, pero es un paso necesario para garantizar los derechos y la vida humana misma en un mundo que cambiante.

Alberto Quiñónez Castro

Investigador en derechos de la niñez en el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia de El Salvador. Estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización (CIEP-UNSAM).

Bibliografía

• Banco Mundial. (2024) Base de datos del Banco Mundial. Disponible en: https://datos.bancomundial.org/.
• Barcena, A., Samaniego, J. L., Peres, W, Alatorre, J. E. (2020) La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe. Santiago. CEPAL.
• CMMAD. (1987) Nuestro futuro común. Informe de la Comisión mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo. ONU.
• Rodino, Ana María. (2015). “La educación con enfoque de derechos humanos como práctica constructora de inclusión social”. En: Revista IIDH. San José. IIDH.