A fines de noviembre de 2021 en la ciudad chilena de Calama se produjo el violento asesinato de la defensora medio ambiental Javiera Rojas, quién contaba con 43 años de edad, y se la conocía por su oposición a la construcción del embalse La Tranca, dentro de la localidad El Durazno, en el valle Cogotí, Región de Coquimbo. Fue en el año 2018, en el que la ambientalista aseguraba que la instalación supondría inundar la mitad de la localidad.
Entre los que repudiaron el crimen se encuentra el recién electo Presidente Gabriel Boric, y la Miembro Constituyente Bárbara Sepúlveda Hales quien expresó: “En Chile es tremendamente peligroso proteger el medio ambiente. En plena democracia se persigue, hostiga, acosa y asesina a activistas medio ambientales”.
Pero a pesar de la brutalidad y crueldad en la que se desenvuelve el crimen de Javiera, esta no es la primera vez que ocurre, de hecho, en Chile en los últimos años ha habido varios asesinatos de defensores y defensoras medio ambientales, como los casos de:
Macarena Valdés, mujer mapuche de 32 años y madre de cuatro hijos, quien, junto a su comunidad, Newen Trangil, se oponía al proyecto hidroeléctrico de la compañía austríaca RP Global y la empresa chilena de distribución eléctrica SAESA, cuyo cadáver fue encontrado el 22 de agosto de 2016 colgado de una viga. El hecho fue catalogado por carabineros y por el Servicio Médico Legal como un suicidio.
Alejandro Castro, quien en 2018 fue encontrado asfixiado con su propia mochila. Se le conocía por ser uno de los líderes del movimiento que exigía el cierre de las empresas contaminantes en el cordón industrial de Puchuncaví-Quintero y que en 2018 habrían intoxicado a casi dos mil personas.
Nicolasa Quintremán, cuyo cuerpo apareció flotando en el lago artificial Ralco el 24 de diciembre del 2013, y quien se opuso férreamente a la construcción de la central hidroeléctrica del mismo nombre construida por Endesa, que inundó un cementerio Pehuenche en el Alto Bio Bío durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Los crímenes contra defensoras y defensores ambientales – especialmente de mujeres- son un flagelo en nuestra región. En países como Colombia, Brasil, México y Honduras las cifras son alarmantes. Mientras tanto, en Chile persiste la latente amenaza a estas personas, de hecho actualmente varias y varios defensores medio ambientales han sido amenazados de muerte como los casos de:
Lorena Donaire de la organización Mujeres Modatima (Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente), organización fundada el año 2017 para visibilizar el impacto que la crisis hídrica provoca en la vida de las mujeres y sus familias que habitan estos territorios.
Karina Jiles, que se materializó a través del ataque a su mascota. Relató que: “Llego y veo a la chanchita, como de costumbre, echada en un charco de agua; me voy acercando para allá a mirar qué tenía, y claro, había un palo y el palo era el hacha que estaba totalmente incrustada en las costillas”.
Julia Poblete, en Laguna Verde, a quien intentaron prenderle fuego. Sujetos desconocidos se le acercaron por la espalda, le arrojaron combustible y le prendieron fuego. Sin embargo, gracias a su rápida reacción, Julia logró sobrevivir. Si bien se desconoce quiénes fueron los responsables del ataque, cabe destacar que Poblete lleva años luchando contra la destrucción de la biodiversidad, la delincuencia en el territorio y la contaminación de las aguas, liderando una gran lucha contra Esval y el relleno sanitario Girsa en esta materia.
Veronica Vilches, en la Asociación de Agua Potable Rural en la que trabaja en la provincia de Petorca. Activista de Mujeres Modatima. Fue la noche del viernes 9 de julio, en esta ocasión, un automóvil, que era de su madre, se incendió hasta quedar completamente destruido a pocos metros de su casa. Carabineros descartó de plano que haya sido un ataque, señalando que sería consecuencia de un desperfecto eléctrico, pero no se ha hecho ningún peritaje para corroborarlo.
Marcela Nieto, es una defensora medio ambiental de Quintero que fue amenazada de muerte y de violación a través de llamados telefónicos. Ella es enfermera que trabaja en Valparaíso, pero vive en la zona de Quintero-Puchuncaví. Desde 2018 está colaborando en la lucha para recuperar esta zona de sacrificio, denunciando las consecuencias para la salud de la contaminación en la zona, y poniendo en riesgo su propia salud. A partir del 2 de julio, probablemente debido a unos videos de denuncia que hizo públicos, ha estado recibiendo múltiples llamadas y mensajes amenazantes. Dos de ellas, a las cuales respondió, fueron particularmente graves: en una le dijeron que si no dejaba de defender el medioambiente la iban a mandar a matar; mientras que en otra comunicación le dijeron que no la iban a matar, sino que la iban a violar.
Katta Alonso, la amenazaron directamente de muerte, y recién después de dos meses la llamaron de la Fiscalía. Ella es Presidenta de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, que denuncia y trabaja para poner fin a la saturación ambiental y la intoxicación de la población en las comunas de Quintero y Puchuncaví. La defensora medio ambiental recibió amenazas de parte de un desconocido que se movilizaba en camioneta, quien le gritó que le quemarían su casa y que debía abandonar la comuna.
Patricia Núñez Ávila (Patricia Dedos Verdes), fundadora de la Escuela Voluntaria Agroecológica en Resistencia REBERDE y guardadora y defensora de semillas y opositora a la aprobación del TPP-11 fue amenazada de muerte, ella y sus hijos, por un individuo en el metro de Santiago, ante lo cual optó por abandonar el país.
Rodrigo Mundaca, vocero de Modatima, quien ha denunciado el robo de agua por la agroindustria de paltas y llevado una larga lucha por la recuperación del agua y galardonado recientemente con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg, fue amenazado a través de las redes sociales con la difusión de imágenes con una bala en su cabeza, incentivando la violencia en su contra.
Francisco Reyes, dirigente estudiantil de Puchuncaví, quien fue activo en las manifestaciones pacíficas ocurridas el año pasado a propósito de envenenamientos masivos causados por químicos contaminantes emanados del Complejo Industrial que da origen a la denominada “Zona de Sacrificio” de Quintero y Puchuncaví, y que fue sacado durante la noche desde la casa de su padre, golpeado y amedrentado.
A partir de lo expuesto, podemos señalar que existe una desprotección ante la constante amenaza a los defensores medio ambientales en Chile por no existir una norma que garantice la protección reforzada y diferenciada de estas personas. Existe además una falta de voluntad de las instituciones del Estado y el compromiso del Gobierno Nacional en establecer las medidas que correspondan en la implementación en una política de protección y resguardo de estas personas de forma preventiva y no reaccionaria.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en el contexto de una región en la que, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones.
En concreto en su Artículo 9 acerca de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales que:
“1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
2. Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico.
3. Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.”
De este modo, existen normas y estándares que establecen un entorno seguro para el desenvolvimiento seguro de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, mediante su protección y la necesidad de prevenir e investigar las amenazas de las que son víctimas.
Ésta a pesar de no ser una norma vigente en Chile al no haberse suscrito el Acuerdo, constituye una orientación axiológica, significando un avance normativo en la defensa de los derechos de los defensores del medio ambiente en la Región y en Chile.
Es preciso entonces el llamado al Estado chileno a tomar las medidas necesarias para que se investiguen los crímenes contra las defensoras y los defensores medio ambientales que ya han muerto, y que cesen las amenazas e intimidaciones actuales contra quienes han recibido amenazas.
Los defensores medio ambientales tanto en Chile como en la región se enfrentan a constantes amenazas e intimidaciones, además a la criminalización y detenciones selectivas que han contribuido al estigma social del ejercicio de esta labor.
Jorge Luis González González Abogado por la Universidad del Zulia, estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia en América Latina y el Caribe (CIEP-UNSAM), Doctorando en Derecho en la Universidad de Talca (Chile)
