América Latina en su conjunto atraviesa un contexto de convulsión post COVID-19 que está poniendo a prueba dos dimensiones: la madurez de la estructura política de sus gobiernos, y más preocupante aún, la verdadera eficiencia – y vigencia – de la demanda histórica que nos traspasa como latinoamericanos: la democracia.
En el año 2007 el filósofo político e historiador Pierre Rosanvallon en su obra “La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza”, indagó la interdependencia entre legitimidad y confianza en la estructuración de las democracias, concluyendo que existen dinámicas alternas de “contrademocracia” que lejos de oponerse, refuerzan y complementan a un sistema democrático. Hoy más que nunca, este debate recobra importancia en América Latina, pues estamos frente un constante examen de las acciones de nuestros gobiernos, que decanta en la generación o no, de confianza en base a resultados palpables. Por el lado de la legitimidad, en cambio, la crisis multidimensional ha incrementado el umbral de respuesta de las instituciones democráticas con serias repercusiones en la eficiencia de cada régimen.
América Latina y sus respectivos gobiernos enfrentan desafíos recurrentes en lo político, social y económico, pero con la llegada de la pandemia, estos problemas tienden a escalar en detrimento de la legitimidad y confianza con la que deben contar los gobernantes, para implementar medidas de subvención, convirtiéndose este escenario en una espiral que profundizará la desigualdad y el descontento social.
El escenario Latinoamericano.
Según el Centro de Estudios Internacionales UC (CEIUC) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el índice de riesgo político en América Latina se alimenta de tres vertientes en la actualidad: lo sanitario, económico e institucional. Esta trilogía se ha convertido en una amenaza constante para los gobiernos latinoamericanos, debido a la falta de abastecimiento y capacidad de respuesta del sector salud, pese a que los procesos de vacunación han generado cierta contención, pero los efectos colaterales del tipo social y económico aún no presentan una mejoría, y ahí está el reto. Si a esto le sumamos las previsiones de una caída del 8% del PIB en las economías de la región, más de 30 millones de nuevas personas en situación de pobreza y un ascenso del desempleo que superaría los dos dígitos, los problemas de confianza y de legitimidad – en ese orden – pasarían una factura costosa para la gobernabilidad y la democracia.
En los últimos 6 años hemos presenciamos un relativo estancamiento en las economías latinoamericanas, lo cual se ha traducido en bajos niveles de confianza frente a las instituciones públicas. En clave de Rosanvallon, los niveles de confianza son producto de los resultados esperados de una institucionalidad democrática, pero en contextos de un precario desenvolvimiento – como el que atravesamos en la región – la confianza cae en picada, dando pie a dinámicas de “contrademocracia”.
Según la CEPAL la pobreza en la región podría incrementar hasta el equivalente a un 35% de la población, en tanto que el Fondo Monetario Internacional proyectó una caída de la economía que sería la más alta recesión en la historia económica de Latinoamérica. Países como Venezuela, Argentina, Brasil y El Salvador reflejaban antes de la pandemia una alta deuda fiscal que superaba el 65%, sumado a esto, la capacidad financiera de los países se ve restringida frente a los planes de rescate económico que se han adoptado para superar los efectos del COVID-19, lo que también juega como una camisa de fuerza para los gobiernos en el gasto destinado a proyectos sociales.
En lo político, la crisis de gobernabilidad intensifica el panorama. La relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo tienden a la confrontación, los casos más notables son Perú, Chile y Ecuador con gobiernos en estreno y donde aún no se configura un horizonte estable para la implementación de una agenda de gobierno a largo plazo y que otorgue confianza en base a resultados, con la salvedad de la transitoria legitimidad de la que gozan fruto de los resultados electorales, pero que a mediano plazo se irá desdibujando y la ciudadanía tendrá que buscar otras fuentes más evidentes para otorgar o no, legitimidad.
La protesta social se ha desencadenado desde finales de 2019 en país como Chile, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Guatemala y Colombia que aún mantiene un clima de inestabilidad. Este ciclo de manifestaciones a más de responder a coyunturas locales, contiene una profunda crítica a la clase política de cada país y a las decisiones gubernamentales en cascada, que no han solucionado los problemas más urgentes. Por otro lado, la protesta social es una expresión simbólica de ebullición en contra de las cuarentenas que limitaron la posibilidad de acción de la ciudadanía.
¿Contrademocracia o contra la democracia?
La “contrademocracia” de Rosanvallon está más vigente. Frente a gobiernos con una lógica de legitimidad en base a la representación (accountability vertical), la ciudadanía se contrapone con mecanismos de control, obstrucción y evaluación como fórmula para organizar su creciente desconfianza, pero dentro del ámbito democrático (accountability social), y con ello derribar el mito de la apatía política, recurrente en indicadores que intentan medir algo tan complejo.
Los problemas de gobernabilidad y debilidad institucional, la galopante corrupción y los efectos económicos conforman una agudización del conflicto social, que sumado al desempleo y a la pobreza dan como resultado sociedades con menos confianza en sus gobernantes y clase política en general, lo cual se traduce en menos legitimidad.
Como se advierte, la democracia no puede basarse en lo procedimental, entendido como el respeto a la norma en cuanto elecciones y representación política (legitimidad). En contextos como el actual, la confianza juega un papel crucial, ya que depende del desenvolvimiento y respuesta que arroja el gobierno de turno. Por otra parte, los mecanismo de acción social y de participación o iniciativas ciudadanas, son una respuesta casi de supervivencia frente al bajo desempeño institucional.
La “contrademocracia” no debe ser entendida como la oposición a la democracia, sino como su complemento. Rosanvallon planteaba a estos mecanismos de reacción social como una respuesta legítima frente a los problemas y deficiencias de las democracias contemporáneas, ya que como sistema de gobierno, es preferible frente a autoritarismos, por lo que hay que buscar válvulas de escape dentro de la propia democracia. Latinoamérica ha sido proclive a experiencias dictatoriales en contextos de convulsión, y la cultura política de índole personalista aún ha tenido adeptos en lo que va de los últimos 10 años en algunos países. La amenaza es latente.
La organización de la desconfianza, el accountability social, la prevalencia de controles y equilibrios y la participación efectiva de la ciudadanía es la propuesta de la “contrademocracia”. Es el camino para exigir mejores condiciones en cada país y para canalizar institucionalmente las demandas más urgentes.
Giovanny David Córdova Trujillo Comunicador social (Universidad Politécnica Salesiana) egresado de la maestría en derechos humanos y democratización (CIEP-UNSAM)
