En Venezuela desde el año 2015, se llevaron operaciones militares tales como procedimientos policiales masivos, contra la población civil. Las acciones, son llevadas a cabo por distintos cuerpos de seguridad que actúan de manera conjunta: el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en los que los grupos “especiales” o “tácticos” de los mismos tienen un rol protagónico. (Ávila, 2017, p.57).
La ejecución de la operación militar “Operación Liberación del Pueblo” (OLP) desarrollada contra civiles en Venezuela, tuvo implicaciones de carácter internacional por cuanto se desenvolvió en medio de una crisis bilateral entre Colombia y Venezuela. Dicha operación se diseñó luego de que el gobierno de Venezuela decretara Estado de Excepción en varias zonas limítrofes en los estados Zulia y Táchira, los cuales se encuentran entre los 2.200 kilómetros aproximadamente de frontera que comparten ambos países.
La situación de crisis entre las dos naciones discurrió entre agosto de 2015 y agosto de 2016 e implicó el cierre de pasos fronterizos -luego de un ataque de supuestos paramilitares colombianos contra una patrulla militar venezolana-, así como la deportación formal e informal o indirecta de ciudadanos colombianos, supuestamente indocumentados, entre quienes se encontraban algunos a quienes les había sido reconocida la condición de refugiados por el Estado venezolano.
La operación militar tenía como objetivo el desarticular las bandas delictivas que presuntamente actuaban en la frontera colombo-venezolana, según lo expresado por el Ejecutivo Nacional Venezolano. No obstante, en el desarrollo de los procedimientos de seguridad, se identifican una serie de violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y al ordenamiento jurídico venezolano que rige la materia de Derechos Humanos, además de constituir una contravención a las obligaciones internacionales y los compromisos suscritos por el Estado venezolano, ya que las acciones estuvieron dirigidas de forma focalizada hacia grupos vulnerables de la sociedad.
El Ejecutivo Nacional de Venezuela, a través de su Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó al país su concepto del plan de seguridad denominado: “Operación Liberación del Pueblo”. El mismo, se llevó a cabo como un plan de seguridad destinado a intervenir “las áreas donde operan grupos delincuenciales que se dedican a actividades de paramilitarismo colombiano, organización de bandas criminales, sicariato, extorsión y secuestro”. El proyecto de seguridad, que según su planificación estaría segmentado en varios puntos del país, tuvo su inicio entre la Cota 905, Ciudad Tiuna y Betania IV” (Pulido, 2016, Diario El Nacional, s/p).
Así, la realización de esta operación militar perseguía, desarticular las bandas delictivas que presuntamente actuaban en la frontera colombo-venezolana. El procedimiento estaba dirigido puntualmente a ciudadanos colombianos que residían en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, muchos de ellos bajo la figura de “Refugiados”. Esto facilitó la estigmatización de los mismos como “delincuentes”, “paracos”, “narcotraficantes”, “bachaqueros” y otros adjetivos calificativos y discriminatorios que se emplearon para perseguir a estos ciudadanos radicados en el país.
La justificación que se esgrimía en la implementación del procedimiento se sustentaba en beneficiar la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos venezolanos, ante la ola de criminalidad y caos que azotaba al país, este nuevo dispositivo de seguridad deja en evidencia el fracaso del Plan Patria Segura, que perseguía garantizar en todo el territorio nacional la disminución de los índices delictivos, la promoción de la prevención integral de la violencia y la inclusión social para el buen vivir, incrementando la seguridad ciudadana en pro de mejorar la calidad de vida en las comunidades venezolanas” (Hernández, 2015. Diario Panorama. s/p).
Estos procedimientos, por sus efectos, impactaron negativamente en la garantía de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal y vulneran la realización y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales; pero además, se presenta un hecho que agrava la situación y evidencia un quiebre en el marco legal venezolano en esta materia cuando violenta de manera flagrante el Derecho Internacional Público y el Derecho Internacional Humanitario al deportar indiscriminadamente ciudadanos colombianos con estatus de refugiados, sin ninguna garantía de derechos y, en muchos casos, obviando que algunos de ellos tienen condición legal de refugiados.
Desde que el gobierno venezolano comenzó en 2015, la aplicación del plan militar denominado Operación Liberación del Pueblo (OLP), según su versión, como medida para enfrentar el hampa desbordada, defender y proteger al pueblo, se incrementaron las violaciones a los derechos fundamentales de la población consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y en el ordenamiento jurídico del país. Esto devino -según múltiples testimonios y denuncias- en detenciones arbitrarias, allanamientos, deportaciones forzadas, expulsiones colectivas, detenciones migratorias ilegales, violación de la integridad e inviolabilidad del domicilio y propiedad, uso excesivo de la fuerza en desalojos forzados, así como realización de operativos migratorios dirigidos expresamente a personas colombianas, muchos de los cuales permanecían en estatus de refugiados. Con ello ha quedado la evidencia de transgresiones por parte del Estado a la norma internacional que protege el derecho universal al asilo y al refugio.
El análisis de estos temas, sirve de reflexión jurídica en varios sentidos, para considerar las actuaciones del Estado venezolano frente a refugiados colombianos en su país, sirva también como antecedente para evidenciar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales a que está obligado el Estado venezolano.
En este enlace se puede acceder a un artículo más extenso, en donde el autor relata el devenir de las acciones de la OLP con respecto a los refugiados colombianos deportados de Venezuela.
Jorge Luis González González Abogado (Universidad del Zulia, Venezuela), Estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización para América Latina (CIEP/UNSAM, Argentina), Doctorando en Derecho (Universidad de Talca, Chile).
REFERENCIAS
Ávila, K. (2017). Las Operaciones De Liberación Del Pueblo (OLP): Entre Las Ausencias Y Los Excesos Del Sistema Penal En Venezuela (The People’s Liberation Operations (PLO): Between the Absences and Excesses of the Penal System in Venezuela). Revista Crítica Penal y Poder, (12).
