Días pasados se cumplió el plazo propuesto para que los países de América Latina y el Caribe firmaran el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido más popularmente como el “Acuerdo de Escazú”. El plazo para su ratificación puso al descubierto las posiciones e intereses tanto de Chile como Argentina con respecto a este tema.
Este acuerdo es el primer tratado en materia ambiental de América Latina y el Caribe; y tiene la peculiaridad se haber sido la resultante de discusiones que se dieron con una participación activa del público, sirviendo de modelo para que otras negociaciones internacionales se desarrollen con iguales modalidades de transparencia y participación.
Esta participación de la ciudadanía se refleja en lo que es el acceso a la información ambiental (especialmente el de personas o grupos en situación de vulnerabilidad), sino también porque establece el derecho de la ciudadanía para participar en la toma de decisiones ambientales, especialmente cuando existan acciones que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar el medio ambiente o la salud. Además, se establece que los Estados que forman parte del acuerdo establecerán, en su legislación nacional, los mecanismos que aseguren el acceso a la justicia en temas ambientales. Estos incluyen, entre otros, la creación de organismos estatales competentes y la definición de procedimientos efectivos, públicos, transparentes e imparciales. El acuerdo también indica que, en caso de controversias, los Estados podrán recurrir a la Corte Internacional de Justicia o al arbitraje que ambas partes determinen de forma conjunta. Dicho acuerdo, es un convenio vinculante.
El acuerdo fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú, y el 27 de septiembre de 2018 se inició el proceso de firma dada uno de los países suscriptores del acuerdo. Así, 22 Estados suscribieron el acuerdo, que para su entrada en vigor requería de la ratificación de al menos 11 de esos Estados antes del 26 de septiembre del presente año.
Es en este contexto en que la última semana Argentina y Chile introdujeron esta discusión en sus agendas políticas.
Chile fue -junto a Costa Rica- uno de los impulsores de este proceso, que surge en la Cumbre de Johannesburgo, allá por 2012; siendo sin duda alguna, una política de Estado. Sin embargo, hace dos años, el gobierno chileno, pegó un viraje en su posición con respecto al tema, cuando decidió postergar la firma del documento a la espera de una revisión más acuciosa sobre los alcances del pacto.
Finalmente, días pasados, el gobierno chileno, decidió no ratificar el acuerdo, aduciendo que los términos finales del articulado del documento son “ambiguos” y que dan espacio a interpretaciones que pueden afectar y alterar la legislación interna del país, generando -en consecuencia- incertidumbre jurídica; ya que podría dar lugar a una creciente judicialización de los asuntos ambientales. Consideró, además, que “implica una afectación grave en materia de soberanía y en asuntos fundamentales para el desarrollo” debido a quese apela a la Corte Internacional de Justicia como ámbito para la solución de controversias, si es que la disputa no se soluciona por la vía de una negociación bilateral. Con respecto a la posición tomada por Chile, líderes ambientalistas sostienen que la negativa “tiene que ver con el hecho de que hay intereses privados poderosos de empresas extractivistas que están imponiendo su agenda económica en contra de la agenda medioambiental y derechos humanos”
Un camino diferente fue el que tomó la Argentina, cuya Cámara de Diputados, aprobó el 25 de septiembre pasado, la ratificación del tratado, convirtiéndose así, en el décimo país en ratificar el texto adoptado en 2018. El proyecto, ya había sido aprobado por unanimidad en el Senado, mientras que en la Cámara de Diputados contó con 240 votos positivos, 4 negativos y 2 abstenciones. El debate contó con la presencia en los palcos del recinto de jóvenes de organizaciones de la sociedad civil abocadas a la temática.
Hasta ahora, son 23 los países de América Latina y el Carible que ya han firmado el tratado, mientras que 10 lo ratificaron a través de sus Congresos (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Uruguay y Argentina).
Mientras tanto, otros países como Colombia, Brasil y México, que registran altos índices de crímenes contra líderes y defensores y defensoras del ambiente, están en proceso de ratificación. Como ejemplo, en Colombia, el Gobierno de Iván Duque accedió a firmar el acuerdo a finales de 2019 luego de las intensas movilizaciones sociales en todo el país.
Dra. Claudia Couso Coordinadora de publicaciones del CIEP- UNSAM, docente (UBA- UNSAM)
