El Perú de finales del siglo XX experimentó una violencia sistemática que se suscitó dentro de un contexto político dictatorial, y donde los grupos paramilitares llegaron a tener el control absoluto de la población civil, a través de técnicas persuasivas basadas en la violencia extrema, tortura, mutilaciones, asesinatos, violaciones sexuales, y otros métodos que van contra todo derecho de las personas. Adicionalmente, en el país, se ha llevado adelante un conflicto armado entre los años 1980 – 2000, en el marco del cual se perpetraron terribles crímenes de lesa humanidad. Los mismos no solo han sido ejecutados por los grupos subversivos (siendo el principal Sendero Luminoso, y también el MRTA), sino también por parte del gobierno dictatorial del entonces presidente Alberto Fujimori.
Los actos criminales contra la comunidad de la diversidad sexual peruana no son lo suficientemente mencionados dentro de las comisiones de la verdad o en mesas de trabajo sobre Memoria, Verdad y Justicia. Sin embargo, tanto los grupos militares y paramilitares suelen ver a las personas que manifiestan identidades sexuales diferentes a la cis-heteronormativas como personas pervertidas y enfermas que merecen ser desaparecidas por atentar contra la moral y las buenas costumbres de una sociedad patriarcal y con dogmas religiosos muy marcados. Por tal motivo, es que muchos de quienes conforman las disidencias sexuales han sufrido tanto violencia física, emocional e incluso la muerte, tan solo por ser considerados, por estos grupos criminales como una lacra social.
En este sentido, uno de los episodios más terribles que conmocionó a la comunidad LGTBIQ del Perú en los años 80 y que aún vive en la memoria del colectivo, fue la matanza de ocho persones, tanto hombres gais como mujeres trans por parte del grupo subversivo denominado Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Miembros de este grupo armado, ingresaron el 31 de mayo de 1989 a una discoteca de la ciudad de Tarapoto (ubicada en la selva peruana) conocida como Las Gardenias y asesinaron delante de los pobladores a estas persones, por considerar a la población LGTBIQ, una amenaza contra la moral y las buenas costumbres que una sociedad debe acatar.
Este acto criminal fue parte de un elaborado plan de limpieza social por parte de esta organización, que incluía, personas adictas, trabajadoras sexuales, delincuentes juveniles, entre otros sectores de la población que no iban acorde a sus ideales políticos y que consideraban que merecían ser exterminadas por este grupo terrorista.
Esta masacre, fue la única en su categoría que incluía la diversidad sexual de las víctimas y fue reconocido dentro del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú CVR (2003), gracias a la incidencia de las organizaciones LGTBIQ peruanas.
Esta situación, solo pone en evidencia como el Estado peruano invisibilizó -y aún sigue invisibilizando- la existencia y problemáticas que enfrenta la comunidad LGTBIQ. No obstante, son las mismas organizaciones de esta comunidad, y en especial el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL)-, quien ha seguido en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. Para ello realizo un trabajo de recolección de información sobre los atentados ocurridos contra la población sexo-genérica del Perú en la época referida. Esta tarea resultó fundamental para la inclusión de las víctimas de la diversidad sexual en el informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Además, desde el 2004 viene realizando actividades próximas a la fecha del 31 de mayo, en especial una actividad conocida como el Quipu de la Memoria, donde se recuerdan a las víctimas invisibilizadas tanto del conflicto armado, como por violencia institucional, reuniéndose y realizando romerías en su honor. Una de las actividades que ha tenido gran acogida dentro del colectivo, y que se viene realizando desde el año 2014, es una ceremonia en homenaje a las víctimas de esta masacre y de los crímenes de odio ocurridos cada año en el monumento denominado El Ojo que Llora, ubicado en el Campo de Marte, dentro del distrito limeño de Jesús María.
No es ningún secreto que de todo el colectivo LGTBIQ, la población trans, es la más invisibilizada y violentada por parte de la sociedad. El transgredir las normas impuestas por una sociedad cis-heteronormativa, liderada por grupos patriarcales y, además, guiada por dogmas y conceptos de índole religioso, que criminalizan cualquier expresión de la sexualidad humana, nos da como resultado, dispositivos de violencia, que vulneran los derechos tanto de mujeres, como de identidades feminizadas, en este caso de persones trans y travestis.
En virtud de lo expuesto es que se hace necesario contar con una legislación integral de identidad de género, que no solo cubra derechos fundamentales como; el reconocimiento de la identidad autopercibida, el acceso a servicios de salud, al trabajo; sino que también exista una reparación como parte de un proceso de memoria, verdad y justicia hacia la comunidad trans, que lucha cada día para cambiar un cis-tema desigual y opresivo.
Solo con verdadera voluntad política se pueden realizar muchas cosas, solo hace falta intentar y entregar algo que es justo, reivindicativo y que perdurará en el tiempo, no como una acción que debió realizarse en el pasado, sino pensando en la memoria del presente y hacia el futuro.
Emi Aureiliz Godos Perez, comunicadora social por la Universidad Privada del Norte (UPN), activista transfeminista, y estudiante de la maestría en derechos humanos y democratización.
