En el año 2019 se
registró el máximo histórico de desplazamientos de personas dentro de los
territorios nacionales a nivel mundial. Los datos señalan que más de 50
millones de personas se desplazaron dentro de sus países. La mitad de estos
desplazamientos estuvieron relacionados con desastres naturales (tormentas,
ciclones, sequías e inundaciones). La mayor parte de estas personas han debido
huir de sus hogares, y pudieron volver a los mismos una vez superado el
acontecimiento[1].
Es gente que no dispone de medidas de protección internacional por no haber salido
de las fronteras de su país; pero que sin embargo se encuentran en una
situación de indefensión frente a las circunstancias que la obligan a su
desplazamiento.
No hay datos globales
de este año, pero no cabe duda de que la pandemia del coronavirus agudizará las
condiciones de vulnerabilidad de ciertos sectores de la población generando
nuevos desplazamientos. La peculiaridad de esta situación es que la mayor parte
de la población que se desplaza ya no lo hace escapando de sus lugares de
origen, sino tratando de volver a los mismos: a nivel internacional podemos dar
cuenta de esta situación -por ejemplo- en campos de refugiados (los sirios que
se encuentran en Idlib), en Burkina Faso, Colombia y también en Perú.
El Perú creció
económicamente en las últimas décadas a un mayor ritmo que el resto de los
países de la región. Este crecimiento profundizó las desigualdades existentes
entre la capital y las provincias (recibiendo fondos altamente diferenciados), y
posibilitando que el proceso de migración interna que el país experimentó desde
hace décadas se siga produciendo. Para graficar este contraste se puede señalar
que Lima produce la mitad del PBI nacional[2] ;
en una economía basada en la minería, y que esta ha profundizado un modelo
totalmente centralizado y con un desigual desarrollo regional. No obstante,
hacia dentro de la capital también existe segregación social y que se refleja
en el déficit de servicios básicos, en el tipo de vivienda, en el acceso
diferenciado al mercado laboral, al subempleo, en el deterioro físico de las
viviendas, al hacinamiento, y también en el acceso a la salud[3].
Decenas de personas caminan por la Vía Expresa con dirección a Piura
Este fenómeno se
ha vuelto especialmente evidente a partir de la presente pandemia de covid 19.
Desde hace días son miles las personas que en el Perú buscan regresar a sus
hogares, y se desplazan a pie por las principales carreteras del país. Estas
movilizaciones de personas se producen desde la ciudad de Lima a regiones;
y en menor medida, de regiones hacia Lima y entre regiones. Si bien el gobierno
ya ha participado en la reubicación de aproximadamente 8000 personas a sus
lugares de origen, se calcula que hay algo menos de 170.000 personas que
esperan esa oportunidad.
El gobierno señala
que, a muchos, el toque de queda (que viene acompañando la cuarentena
obligatoria decretada desde el 16 de marzo) los encontró en Lima cumpliendo con
citas médicas u otros trámites; muchos otros estudiaban en la ciudad capital, y
otros tantos trabajaban. Todos ellos evidencian la desigualdad existente: por
un lado, quienes debían moverse a Lima para acceder a servicios que no están
disponibles en su lugares de origen; por el otro, los que trabajaban en Lima, y
que en esta situación de excepcionalidad no están en condiciones de sostener el
pago de sus alquileres ni la provisión de alimentos. El 57,2% de ellos tenían
un trabajo informal que perdieron al momento de comenzada la cuarentena[4].
Estas personas que
hoy no tienen trabajo, y consecuentemente no pueden comprar comida ni pagar sus
alquileres conforman las caravanas de migrantes que por estos días se ven en la
Carretera Central tratando de salir de Lima hacia sus regiones. Enfrentado a
esta situación el gobierno nacional ha empezado a coordinar con los gobiernos
regionales un traslado ordenado. Esto significa que aquellos que quieran
regresar a sus casas en provincias se deban someter a la prueba de covid19 para
que no expandan el virus. Así, en lugares dispuestos a tal efecto, el gobierno
les realiza la prueba a los que allí lleguen, permitiéndoles seguir (y en
muchos de los casos facilitando el traslado a través de traslados “humanitarios” organizados por
autoridades regionales y nacionales) a quienes den negativo, y poniendo
en cuarentena a quienes hayan adquirido el virus. El acceso a la prueba es una
instancia altamente deseada: un salvoconducto para llegar a casa.
Según se muestra en una
nota periodística que aborda el tema, acceder a esta prueba no es nada
sencillo: “en la entrada al Centro
Vacacional Huampaní, en Chaclacayo, más de cien personas -hombres, mujeres
con bebés en brazos, niños con caras confundidas- bajaron de tres camiones de
carga para encontrarse con una escena desoladora: decenas de personas que ya se
habían adelantado para acampar en un lote polvoriento entre la Carretera
Central y el río Rímac. Todos lucían desesperados por tomarse la prueba de
Covid-19 que administran autoridades a unos pasos de allí, en el Colegio Mayor
Secundario Presidente del Perú”[5]. Por
otra parte, los migrantes tampoco son debidamente informados de los pasos a
seguir. Por ejemplo, muchos de los que han pasado por estas pruebas “lucen” una
pulsera fluorescente con un código de barras de la que desconocen su
significado e importancia.
Según señaló la Ministra
de Medio Ambiente, “Más o
menos el 10% de cada grupo migrante dio positivo en la prueba realizada. Es
muy probable que ese 10% haya contagiado a otros”[6].
Esto se da en un contexto en el que el Perú ha llegado a fines de abril con un
total de 33.931 contagiados, siendo el país de Latinoamérica con más casos
después de Brasil. Frente a esto los migrantes reclaman mascarillas, guantes y
el acceso a pruebas rápidas. El gobierno da algunas respuestas, pero no
alcanzan a cubrir las necesidades de la población: logra efectivizar algunos
traslados, y custodia con policías las caravanas de aquellos a los que no pudo
dar respuesta
“Ya
no tenemos qué comer, por eso regresamos a nuestros pueblos, donde algo
tendremos. Caminando nos iremos, no tenemos de otra” señala un hombre que junto
a sus tres hijos pequeños y otras miles de personas camina desde hace días por
la carretera[7] y que evidencia la
disyuntiva entre quienes tienen que elegir entre arriesgarse a una muerte por
el virus o no tener para comer. Por ahora, muchos de ellos, a los que el Estado
sigue sin llegar, comen gracias a aquella gente que les acerca algo a la vera del
camino.
Las políticas de la desigualdad terminan pasando factura en tiempos de coronavirus. El sistema de salud que detenta el Perú, y al que se destina menos del 5% de su PBI pone al país al borde de su capacidad de respuesta frente a esta crisis sanitaria, especialmente en regiones como Loreto (Iquitos) en donde se ha denunciado la presencia de decenas de cadáveres acumulados en los hospitales a la espera de ser cremados o inhumados. Mientras tanto, en las carreteras, sigue el éxodo de aquellos que sufren el hambre.
Claudia Couso Dra. en Ciencias Sociales, coordinadora de Publicaciones y Red Universitaria en CIEP-UNSAM, docente en UBA y UNSAM.
