Este domingo 26 de enero,
los peruanos han ido a las urnas para elegir legisladores nacionales. La
elección se llevó adelante cumpliendo con lo estipulado por el decreto
presidencial del 30 de septiembre pasado, que disponía la disolución inmediata
del Congreso, y la convocatoria a nuevas elecciones. Los congresistas elegidos tendrán
mandato hasta mediados del 2021. La decisión se dio en el contexto de una profunda
crisis política, pero también se debe analizar dentro de un sistema político
que denota una debilidad en su conformación.
Crisis política
En marzo de 2018 Pedro
Pablo Kuczynski renunció a la presidencia
del Perú, tras el escándalo de los “kenjivideos” en los cuales se veía como un
grupo de congresistas disidentes del fujimorismo negociaban con representantes
del gobierno el acceso privilegiado a obras, a cambio de votar “en contra” en
el segundo
pedido de vacancia presidencial. Tras el escándalo, y la dimisión del
presidente, asumió la primera magistratura uno de sus vicepresidentes: Martín
Vizcarra.
Lo que resto
del 2018, estuvo signado por la difusión de escuchas telefónicas que revelaron
la existencia de actos de corrupción y tráfico de influencias que
involucraban directamente a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura
(CNM). Eso llevó a que el presidente de la República impulsara una
reforma del Poder Judicial que no contó con el apoyo del Congreso. Al mismo
tiempo, Vizcarra propuso tres reformas políticas a las que también sometió a
consideración de los ciudadanos: la restitución de la bicameralidad en el
Congreso (que había sido anulada por el gobierno de A. Fujimori), la
prohibición de la reelección de los congresistas, y una nueva legislación sobre
el financiamiento de los partidos políticos. El año culminó con un referéndum
en el que la ciudadanía aprobó tres de los proyectos, incluida la reforma
judicial (el retorno de la bicameralidad congresal fue rechazado), lo que se
interpretó como un triunfo del gobierno. De este modo, Vizcarra mantuvo su
popularidad por parte de la sociedad peruana, mientras que el Congreso fue
ganando desprestigio en la ciudadanía.
Se llega
así al 28 de julio de 2019, cuando en el
mensaje que Vizcarra dirigió a la nación con motivo de Fiestas Patrias anuncia la presentación de
un proyecto de ley de reforma constitucional para adelantar las elecciones -en
todos los cargos nacionales, incluido el propio- de 2021 a abril de 2020 lo que
nuevamente es rechazado por el Congreso. Finalmente, en septiembre de 2019, se
da a conocer el decreto firmado por el presidente Vizcarra que
estipulaba la disolución del Congreso y la conformación de uno nuevo a partir
de un comicio electoral convocado para fines de enero del 2020. Dicha decisión
se basó en la aplicación de una norma
constitucional -cuestionada fuertemente por gran parte de la oposición[1]– que le
permitía avanzar en tal sentido si la cámara le negaba una cuestión de
confianza para realizar cambios en el proceso de selección de candidatos del
Tribunal Constitucional[2]. El
anuncio fue acompañado por movilizaciones populares que apoyaban la decisión
bajo la consigna de “Que se vayan todos”.
Ciudadanía y poder
político en el Perú. Un desencuentro histórico.
La ciudadanía es una
condición que se alcanza a partir del pleno goce de los derechos políticos y
sociales, que los peruanos han intentado alcanzar a lo largo de su historia,
transitando un duro y largo camino, ya que históricamente existió en este país una
escisión entre la ciudadanía y el poder político.
Por una parte, es atinado
señalar que la inclusión de vastos sectores de la población en términos
económicos, y sociales, se dio paradójicamente durante el gobierno militar de
Velasco Alvarado. La revolución triunfante en 1968 otorgó a los peruanos muchos
de los derechos que hasta entonces les eran vedados. La democratización de los
recursos y los medios de producción se da en esta etapa, y el rol del Estado se
hace evidente para los sectores más postergados, recién en este período.
En lo que se refiere a
los derechos políticos, basta mirar cual como ha ido evolucionando la cantidad
de electores desde la mitad del siglo pasado para darse cuenta de los amplios
bolsones de exclusión de los que se partían: así, en 1950 solo votaron en el
Perú algo más de medio millón de personas, y paulatinamente fue incrementándose
hasta llegar a los siete millones y medio de electores cuando el primer gobierno
de Alan García (1985), casi 12 millones cuando se lleva adelante la reelección
de Fujimori (1995), alcanzándose progresivamente los casi 19 millones de
votantes en la elección que consagra a PPK como presidente (2016).
Sin embargo, esta
incorporación relativamente reciente del derecho al voto en vastos sectores de
la población no tiene su correlato en una mayor adhesión a las ofertas
políticas. La primera decepción viene justamente de la mano de la extensión del
derecho al voto: el primer gobierno de Alan García (1985- 1990), y el fracaso
de sus propuestas económicas trajo una gran decepción que a la postre llevó a
un ignoto candidato a la presidencia de la Nación; de este modo, Alberto
Fujimori se convertía en presidente de la República. Si bien sus dos
presidencias las consigue mediante el voto popular, la disolución del Congreso
de la República y la intervención del Poder Judicial junto a otras
instituciones (tales como el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal
de Garantías Constitucionales, el Ministerio Público y la Contraloría General
de la República) con el respaldo de las Fuerzas Armadas, el 5 de abril de 1992
habilitan hablar de un autogolpe de Estado. Así, los diez años de fujimorato no
solo constituyen una afrenta a la democracia en términos institucionales, sino también
en lo que se refiere a la falta de cultura democrática que se evidencia en la
población[3]. También, la significativa
presencia que desde fines de la década del sesenta tuvieron diferentes organizaciones
armadas (en especial Sendero Luminoso) fue en el mismo sentido.
Recuperada la democracia,
la primera convocatoria para elecciones fue a mediados de 2001. Desde entonces,
los ciudadanos peruanos han elegido en cinco oportunidades a sus autoridades
regionales y locales y a cuatro presidentes de la República. Desde entonces, y
tal como señalan Levitsky y Zavaleta (2019): “la política peruana ha quedado
reducida a su unidad más básica: el candidato buscando sitio para la elección
de mañana”[4] (pp. 9). Estos autores,
evidencian como desde la vuelta a la democracia, los políticos desarrollan
estrategias que les permiten competir exitosamente sin recurrir a los partidos
políticos. Así, “la mayor parte de los políticos son independientes que en cada
elección crean su propia lista o negocian un puesto en la de otros” (pp. 24). De este modo, los partidos políticos siguen
existiendo -la ley exige que los candidatos nacionales se presenten en listas
partidarias- pero la volatilidad en lo que a pertenencia partidaria se refiere,
resulta notable. En ese sentido, las coaliciones de independientes constituyen
la forma predominante de organización electoral luego del retorno de la
democracia en el 2001. Los citados autores señalan que el consenso que existe
dentro de la clase política en lo que se refiere a las políticas económicas
neoliberales deja poco espacio para la diferenciación programática y
contribuyen al desaliento de identificaciones partidarias. El único intento
partidario que logró trascender fue justamente el de la agrupación Fuerza
Popular, bastión del fujimorismo. Sin embargo, dicha construcción partidaria,
la más duradera de las últimas décadas -y con mayoría en el Congreso que fue
disuelto el año pasado-, tenía más de la mitad de sus congresistas que
provenían de otras áreas: empresarios, dueños de negocios o gerentes
comerciales.
Por otra parte, si nos
centramos en los políticos que han logrado la aceptación popular, veremos que
existe un proceso de descomposición de la clase política, que mucho tiene que
ver con procesos judiciales, y en el que el caso judicial de la constructora
brasilera Odebrecht ha cumplido un rol central[5]. Todos los
presidentes surgidos luego de la transición democrática se encuentran
vinculados a esta causa: así Alejandro Toledo se encuentra en una prisión de
Estados Unidos, mientras que Alan García -su sucesor en la presidencia- se
suicidó momentos antes de ser apresado por cargos en esta causa; por su parte
Ollanta Humala también pasó nueve meses en prisión por la causa Lava Jato,
mientras que Pedro Pablo Kuczynsky, quién lo sucedería en la presidencia, debió
renunciar a la primera magistratura (y actualmente se encuentra en prisión) tras el escándalo que se suscitó a partir de
la investigación en la que se lo acusa
de favorecer a la empresa brasileña cuando era primer ministro del presidente
Toledo.
Al actual presidente Martín
Vizcarra, también se lo investigó por presuntos pagos indebidos a una empresa
encargada de la construcción de una represa -que finalmente no se construyó- en
la región de Moquegua cuando él era gobernador. La investigación no sigue su
curso debido a que el actual mandatario se encuentra protegido por la inmunidad
presidencial. Sin embargo, esta denuncia no es la única, y se le suman otro
medio centenar. Paradójicamente, el presidente Vizcarra es bien valorado por la
ciudadanía por su lucha contra la corrupción.
Otros políticos también están
procesados: Susana Villarán y Castañeda Lossio que ocuparon la alcaldía de
Lima; además de Keiko Fujimori quién cumplió algo más de un año de prisión preventiva
-y cuya vuelta a prisión está próxima a decidirse- también por la causa
Odebrecht.
La reciente elección
parlamentaria y las esperanzas de una representación política
Los
resultados de estas elecciones parlamentarias no han dejado de causar sorpresa:
el Perú se encuentra ante un congreso de centro derecha altamente fragmentado
en donde ninguno de los contendientes ha superado el 10% de los votos. La buena
noticia para muchos es que el fujimorismo (principal fuerza del anterior -y
desprestigiado- Congreso de la República) ha pasado a ser la quinta fuerza
según conteos preliminares. Sin embargo, acontecimientos tales como la fuerte
acogida del FREPAP (Frente Agrícola FIA del Perú) no dejan de ser indicador
-como poco- desconcertante: su ideología de centro derecha que mixtura el
evangelismo, con el nacionalismo, el indigenismo y el ecologismo contribuirá
seguramente a la agenda anti derechos que hoy se encuentra en boga en el país.
Cabe recordar que la campaña electoral se basó en dos aspectos: la seguridad y
las objeciones en torno a la educación sexual y lo que denominan “ideología de
género”. Obviamente, la transparencia y la renovación política tuvo también un
rol importante.
En
rigor, cabe preguntarse cuales son las expectativas de los peruanos en lo que
se refiere a su clase política. La condena electoral al APRA y al fujimorismo
parecieran cubrir los enojos de la ciudadanía peruana. Sin embargo, las formas
de construcción política y las ideologías representadas por los congresistas
recientemente elegidos confirman los caminos que se venían transitando. Por
otra parte, se asiste a una fragmentación política que, si bien no otorga
cheques en blanco, genera escenarios en los que no será tan fácil alcanzar
acuerdos.
Pero más allá de los resultados, existe una desacreditación de la política que se denota en múltiples aspectos: la popularidad de Vizcarra con su método caudillesco, la aversión al Congreso (más allá de sus comportamientos que alimentan ese sentimiento), y el rechazo a la idea de un congreso bicameral (que al igual que durante el mandato de Fujimori) tiene que ver no solo con un mal desempeño de las funciones, sino con lo que se percibe como un excesivo gasto en la política. Los outsiders son una regla en el Perú. No se puede hablar de divorcio entre sociedad y clase política, porque no ha existido un lazo profundo que las uniera en el pasado, sino que todavía sigue siendo una asignatura pendiente.
Claudia Couso Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Coordinadora de Publicaciones y Red Interuniversitaria en el Centro Internacional de Estudios Políticos de la UNSAM y docente de la Carrera de Ciencia Política (UBA) y de la Escuela de Política y Gobierno (UNSAM).
[1] Nos referimos a
los integrantes de las bancadas de Fuerza Popular (fujimoristas) y el
APRA.
[2] Que es el órgano supremo de interpretación y control de la
constitucionalidad
[3] Cabe señalar que
el cierre del Congreso constituyó una medida muy popular en la ciudadanía
peruana. Por otra parte, el estilo personalista que caracterizó al gobierno de
Fujimori, y el rol preponderante de las Fuerzas Armadas -justificado por la
presencia de las organizaciones armadas- también tuvo un eco positivo en la
población.
[4]
En Levitsky,
S. y Zavaleta, M. (2019). “¿Porqué no hay partidos políticos en el Perú?”.
Lima: Editorial Planeta.
[5] El denominado “Caso Odebrecht” se trata de una investigación iniciada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la que se indaga sobre sobornos a funcionarios de distintos países con la finalidad de ser beneficiados para contratos de obras públicas. Los países que cuentan con funcionarios involucrados en esta causa son doce en total. En América Latina se encuentran implicados Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, y Venezuela.
