Memoria, verdad y justicia en Bolivia: A la espera del informe de la Comisión

El miércoles 10 de octubre de 2018 se cumplieron 36 años del reinicio de la democracia en Bolivia. A la fecha aún se aguarda el informe de la Comisión de la Verdad, que constará de tres ejes: contexto histórico y social, consecuencias en el desarrollo del país y los casos de violación de los derechos humanos.

La Comisión de la Verdad se instaló en Bolivia en agosto de 2017. Un año antes, la Ley n° 879 había establecido su creación para esclarecer violaciones graves a los derechos humanos, que fundadas en motivos políticos e ideológicos,  acontecieron en Bolivia entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre 1982 cuando el país estaba gobernado por regímenes militares de derecha. Estas violaciones comprenden desde asesinatos, hasta desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual.

Según la información histórica expuesta por el presidente Evo Morales, “entre 1964 y 1982 se registraron al menos 1.392 políticos asesinados, 486 desaparecidos y 2.868 exiliados y confinados”. Entre estos, se encuentra el caso del jesuita español Luis Espinal, secuestrado, torturado y asesinado por paramilitares meses antes del golpe de Luis García Meza (1980), y el del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien siendo diputado inició el juicio de responsabilidades contra el ex dictador Hugo Banzer (1971-78) y fue asesinado durante la dictadura de García Meza. Su cuerpo aún permanece desaparecido.

La Comisión está encabezada por la ex ministra Nila Heredia, además del exdirigente campesino Teodoro Barrientos, el ex sindicalista Édgar Ramírez, el abogado y ex asesor presidencial Eusebio Gironda y la activista Isabel Viscarra. Los objetivos principales de la comisión son el de revisar y analizar las condiciones en las cuales se dieron lugar a las violaciones de derechos humanos, la comisión de delitos de lesa humanidad contra la población boliviana; además de contribuir al esclarecimiento de la verdad y evitar la impunidad de estos casos. La Comisión cuenta con plenas facultades para investigar y recabar información y documentación que permita establecer indicios de responsabilidades civiles y penales, e incluso recomendar el diseño de políticas públicas de prevención y no repetición, así como medidas de satisfacción a las víctimas.

Esta labor, fue prevista en la Ley n° 879 de 2016, y cuenta con una vigencia de dos años. Sin embargo, en el pasado mayo, mediante ley complementaria se añadió la posibilidad de que la Comisión pudiera ampliar “de manera extraordinaria” un año más la investigación de los sucesos de las dictaduras militares, así como recibir financiamiento externo.

Pese a que Bolivia tiene la virtud de haber creado la primera Comisión de Investigación de Ciudadanos Desaparecidos Forzados en 1982; es el último país en la región en haber fundado una Comisión de la Verdad. Así, constituye uno de los países que hasta el momento, menos avances logró en el debate acerca de lo ocurrido durante las dictaduras. No obstante, ha dado un gran paso en la labor, sobre la cual se tienen muchas expectativas.

En marzo del 2015, varias organizaciones humanitarias habían llevado este planteo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en reclamo de la búsqueda de verdad, justicia y reparación por las violaciones. Ante este reclamo, en audiencia pública del 154 Período de Sesiones, surgió la recomendación a Bolivia de crear la Comisión.

A fines de 2017 la CIDH saludó la instalación de la Comisión de la Verdad por el gobierno boliviano y  subrayó la importancia de intercambiar experiencias con otros organismos similares de la región. El Comisionado de la CIDH Paulo Vannuchi expresó que “La impunidad no puede seguir campante, y por eso es importante trabajar en esclarecer los hechos nefastos de violación de derechos humanos, principalmente en las dictaduras militares”.

Al concluir su misión, la comisión deberá presentar una memoria histórica y un informe final.

Entre las recomendaciones se prevé impulsar la creación de “sitios de memoria” en recintos que antes fueron usados como centros de detención o donde se cometieron violaciones de los derechos humanos durante el periodo de las dictaduras, tarea importante para fortalecer una “cultura de respeto” a los derechos humanos y generar reflexión y conciencia colectiva.

Mariana Arce Peñaloza
Abogada. Magíster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina (CIEP/UNSAM).

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