El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, si bien, ha valorado los avances en la región, también ha recomendado a los Estados la necesidad de legislar y diseñar políticas públicas que permitan una protección integral de los derechos de las personas trans, fundamentalmente el derecho a la salud. Esto se establece con claridad, por parte de la Corte IDH, en la Opinión Consultiva N° 24 de 2017, donde se establece que la discriminación y violencia hacia este grupo humano, conlleva la vulneración de distintos derechos fundamentales protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, destacando además el derecho de estas personas a la identidad de género y el matrimonio igualitario.
